https://observatoryfordefenders.org/es/ Wed, 10 Dec 2025 10:34:55 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png https://observatoryfordefenders.org/es/ 32 32 https://observatoryfordefenders.org/es/alert/peru-hostigamiento-ataques-basados-en-genero-y-amenazas-contra-la-fiscal-anticorrupcion-marita-barreto/ Tue, 09 Dec 2025 10:29:53 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24222 Marita Sonia Barreto Rivera, Fiscal Superior del Ministerio Público del Perú y ex Coordinadora del ahora disuelto Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), en el cual lideraba investigaciones sobre crimen organizado y alta corrupción, que involucraban a miembros de la élite política y económica desde julio 2022, que incluirían a expresidentes y sus familiares, altos funcionarios del Ministerio Publico, entre otros. El 2 de octubre de 2025, la Sra. Marita Barreto fue objeto de una resolución de la Dirección General de Procedimiento Administrativo Disciplinario que declaró fundadas dos quejas interpuestas en su contra. Estas quejas la acusan de haber influido en otra fiscal para denunciar penalmente a un periodista y de haber filtrado información confidencial. Con esta resolución, la Sra. Barreto corre el riesgo inminente de suspensión o destitución de su cargo. El hostigamiento contra la Sra. Marita Barreto, ha generado graves impactos en su vida profesional e integridad física y psicológica. Los actos de persecución contra la Sra. Barreto se intensificaron desde noviembre de 2023 cuando, como coordinadora de EFICCOP, inició una investigación sobre una presunta organización criminal involucrada en actos de alta corrupción dentro del Ministerio Público y que comprometía a la entonces Fiscal de la Nación, la Sra. Patricia Benavides. El 26 de noviembre de 2023, la EFICCOP llevó a cabo un operativo en el que se detuvo a Jaime Villanueva, asesor de la entonces Fiscal de la Nación, la Sra. Benavides, por integrar una presunta organización criminal en el interior del Ministerio Público. En represalia, el 27 de noviembre de 2023, la Sra. Barreto fue destituida como fiscal superior provisional del distrito fiscal de Lima Centro y como Fiscal Coordinadora del EFICCOP. El 7 de diciembre de 2023, la Junta Nacional de Justicia suspendió a la Fiscal Benavides, quien fue destituida. El 11 de diciembre de 2023, la Sra. Barreto fue restituida en su cargo de la EFICCOP por parte del Fiscal de la Nación interino, el Sr. Pablo Sánchez. Desde entonces, la Sra. Barreto ha sido objeto de persecución judicial y administrativa, acumulando hasta la fecha, 18 investigaciones ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, 17 procesos penales y un procedimiento ante la Controlaría General de la República. Las causas penales se han adelantado bajo los delitos supuestos de enriquecimiento ilícito (Art. 401 del Código Penal de Perú), prevaricato (Art. 418 del Código Penal de Perú) y/o cohecho pasivo propio (Art. 393 del Código Penal de Perú). Ante el inicio de los distintos procesos, la Sra. Barreto ha solicitado defensa y asesoría jurídica públicas en diferentes ocasiones; sin embargo, estas le han sido negadas. El 28 de febrero de 2024, la Fiscal Barreto recibió en su correo electrónico un mensaje amenazante: “TERMINARAS DESTITUIDA Y PRESA”. Esta amenaza fue el inicio de ataques basados en género, tales como una campaña dirigida desde el canal de televisión Willax TV, donde a través de reportajes se ponían en duda sus logros académicos y, haciendo uso de lenguaje misógino y discriminatorio, se buscaba desacreditarla públicamente. Algunos reportajes sobre Marita Barreto fueron:“Las vergonzosas calificaciones de Marita Barreto: terminó de estudiar Derecho en 11 años y jaló 24 cursos” y “La Todopoderosa”. Estos hechos no sólo afectaron su integridad emocional y reputación profesional, sino que fueron desproporcionados con respecto a otras campañas de desprestigio dirigidas a otros fiscales hombres involucrados en procesos anticorrupción, por lo que se generó un entorno hostil en su contra que incrementó los riesgos para su seguridad personal. Pese a estas difamaciones públicas, la Sra. Barreto está impedida por una directiva de vocería institucional del Ministerio Público (GOTINCPP/DIR-02) de defenderse públicamente en el espacio público. La Sra. Barreto solicitó dar declaraciones en medios sobre los casos en su contra, sin tener una respuesta institucional positiva por parte del Ministerio Público. El 9 de mayo de 2024, el Ministerio del Interior disolvió el equipo especial de la Policía Nacional del Perú que apoyaba el trabajo de la EFICCOP, dejando al equipo especial sin capacidad operativa para investigar. El 13 de diciembre de 2024, el Ministerio Público disolvió a la EFICCOP, dejando sin efecto el nombramiento de la Sra. Barreto como Fiscal Superior al frente de ese equipo. El 3 de octubre de 2024, la Sra. Barreto fue acusada por el periodista Carlos Paredes del medio de comunicación Willax de haber filtrado información reservada sobre una investigación contra el congresista Guillermo Bermejo. Como consecuencia, el 9 de octubre de 2024, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la suspendió de su cargo como Fiscal Superior del Ministerio Público del Perú por seis meses. Cabe señalar que la Sra. Barreto no tuvo la oportunidad de presentar una defensa o responder a estas acusaciones. A ello se sumó la suspensión temporal de su esquema de seguridad atribuido por el Ministerio Público, el cual fue posteriormente restituido de manera reducida como consecuencia de una apelación sobre este tema de la Sra. Barreto. La suspensión del esquema de seguridad fue prorrogada el 4 de abril de 2025, y en julio de este año fue finalmente designada fiscal provincial titular penal supraprovincial de Lima, en la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. Paralelamente, durante este tiempo, los actos de hostigamiento, campañas de desprestigio y amenazas en contra de la Sra. Barreto continuaron intensificándose. Entre estos, la Sra. Barreto denunció actos de vigilancia, intimidación y múltiples intentos de ingresar a su domicilio. Tras una comunicación enviada al Estado peruano el 10 de marzo de 2025 por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, que mostraba preocupación sobre la situación de la Sra. Barreto, se inició una investigación penal a cargo de la Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la mujer, contra periodistas de Willax TV, por acoso y violación de domicilio. La investigación continúa abierta, pero ahora bajo la competencia de la segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-San Borja. El 25 de julio de 2025, 20 personas pertenecientes a los grupos anti-derechos “La Resistencia” llegaron a la oficina de la Fiscal Barreto Rivera con pancartas y megáfonos gritando “burrita Barreto”, quien “tiene enriquecimiento ilícito de las mafias” y otras frases que incitan las campañas de odio y desinformación que vienen ejecutando. Recientemente, se suman a estos hechos persecutorios la exposición de información personal de la Sra. Barreto, tras un ataque informático a la base de datos de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Perú y la apertura de un proceso de fiscalización en su contra en septiembre de 2025. En esta clase de procesos la Contraloría investiga el buen uso de los bienes públicos por parte de los servidores públicos. El Observatorio señala que estos hechos se insertan en un contexto y patrones de hostigamiento prolongado en contra de funcionarios judiciales que se han destacado por su labor de lucha contra la impunidad y de defensa del Estado de Derecho en el Perú, razón por la cual son perseguidos por una mayoría ultraconservadora del Congreso. Así, lo ha venido denunciando la FIDH desde 2023 en su Informe ”Perú: avance del autoritarismo y regresión de derechos”. El Observatorio condena enérgicamente el hostigamiento, los ataques mediáticos y las amenazas dirigidos contra la Sra. Barreto, que buscarían desacreditar su trabajo de lucha contra la impunidad, aislarla profesionalmente, obstaculizar su legítima labor en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y en general desestabilizar a la institucionalidad judicial y así al Estado de derecho en el Perú. Igualmente, los ataques contra la Sra. Barreto incluye claros componentes de violencia de género, que instrumentalizan estereotipos y prejuicios machistas para minar su credibilidad y autoridad como defensora y fiscal anticorrupción y constituyen una grave forma de violencia contra las mujeres en el espacio profesional y público. Asimismo, el Observatorio advierte que estos actos han generado serios perjuicios emocionales, laborales y económicos para la Sra. Barreto e insta a las autoridades peruanas a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en cuanto a la protección del personal operador de justicia, y la independencia judicial. El Observatorio pide a las autoridades peruanas, cesar el hostigamiento, las amenazas y los ataques basados en género contra la Sr.Marita Sonia Barreto Rivera y garantizar la autonomía e independencia de todos los poderes del Estado Peruano, en particular de la administración de justicia.]]> Marita Sonia Barreto Rivera, Fiscal Superior del Ministerio Público del Perú y ex Coordinadora del ahora disuelto Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), en el cual lideraba investigaciones sobre crimen organizado y alta corrupción, que involucraban a miembros de la élite política y económica desde julio 2022, que incluirían a expresidentes y sus familiares, altos funcionarios del Ministerio Publico, entre otros. El 2 de octubre de 2025, la Sra. Marita Barreto fue objeto de una resolución de la Dirección General de Procedimiento Administrativo Disciplinario que declaró fundadas dos quejas interpuestas en su contra. Estas quejas la acusan de haber influido en otra fiscal para denunciar penalmente a un periodista y de haber filtrado información confidencial. Con esta resolución, la Sra. Barreto corre el riesgo inminente de suspensión o destitución de su cargo. El hostigamiento contra la Sra. Marita Barreto, ha generado graves impactos en su vida profesional e integridad física y psicológica. Los actos de persecución contra la Sra. Barreto se intensificaron desde noviembre de 2023 cuando, como coordinadora de EFICCOP, inició una investigación sobre una presunta organización criminal involucrada en actos de alta corrupción dentro del Ministerio Público y que comprometía a la entonces Fiscal de la Nación, la Sra. Patricia Benavides. El 26 de noviembre de 2023, la EFICCOP llevó a cabo un operativo en el que se detuvo a Jaime Villanueva, asesor de la entonces Fiscal de la Nación, la Sra. Benavides, por integrar una presunta organización criminal en el interior del Ministerio Público. En represalia, el 27 de noviembre de 2023, la Sra. Barreto fue destituida como fiscal superior provisional del distrito fiscal de Lima Centro y como Fiscal Coordinadora del EFICCOP. El 7 de diciembre de 2023, la Junta Nacional de Justicia suspendió a la Fiscal Benavides, quien fue destituida. El 11 de diciembre de 2023, la Sra. Barreto fue restituida en su cargo de la EFICCOP por parte del Fiscal de la Nación interino, el Sr. Pablo Sánchez. Desde entonces, la Sra. Barreto ha sido objeto de persecución judicial y administrativa, acumulando hasta la fecha, 18 investigaciones ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, 17 procesos penales y un procedimiento ante la Controlaría General de la República. Las causas penales se han adelantado bajo los delitos supuestos de enriquecimiento ilícito (Art. 401 del Código Penal de Perú), prevaricato (Art. 418 del Código Penal de Perú) y/o cohecho pasivo propio (Art. 393 del Código Penal de Perú). Ante el inicio de los distintos procesos, la Sra. Barreto ha solicitado defensa y asesoría jurídica públicas en diferentes ocasiones; sin embargo, estas le han sido negadas. El 28 de febrero de 2024, la Fiscal Barreto recibió en su correo electrónico un mensaje amenazante: “TERMINARAS DESTITUIDA Y PRESA”. Esta amenaza fue el inicio de ataques basados en género, tales como una campaña dirigida desde el canal de televisión Willax TV, donde a través de reportajes se ponían en duda sus logros académicos y, haciendo uso de lenguaje misógino y discriminatorio, se buscaba desacreditarla públicamente. Algunos reportajes sobre Marita Barreto fueron:“Las vergonzosas calificaciones de Marita Barreto: terminó de estudiar Derecho en 11 años y jaló 24 cursos” y “La Todopoderosa”. Estos hechos no sólo afectaron su integridad emocional y reputación profesional, sino que fueron desproporcionados con respecto a otras campañas de desprestigio dirigidas a otros fiscales hombres involucrados en procesos anticorrupción, por lo que se generó un entorno hostil en su contra que incrementó los riesgos para su seguridad personal. Pese a estas difamaciones públicas, la Sra. Barreto está impedida por una directiva de vocería institucional del Ministerio Público (GOTINCPP/DIR-02) de defenderse públicamente en el espacio público. La Sra. Barreto solicitó dar declaraciones en medios sobre los casos en su contra, sin tener una respuesta institucional positiva por parte del Ministerio Público. El 9 de mayo de 2024, el Ministerio del Interior disolvió el equipo especial de la Policía Nacional del Perú que apoyaba el trabajo de la EFICCOP, dejando al equipo especial sin capacidad operativa para investigar. El 13 de diciembre de 2024, el Ministerio Público disolvió a la EFICCOP, dejando sin efecto el nombramiento de la Sra. Barreto como Fiscal Superior al frente de ese equipo. El 3 de octubre de 2024, la Sra. Barreto fue acusada por el periodista Carlos Paredes del medio de comunicación Willax de haber filtrado información reservada sobre una investigación contra el congresista Guillermo Bermejo. Como consecuencia, el 9 de octubre de 2024, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la suspendió de su cargo como Fiscal Superior del Ministerio Público del Perú por seis meses. Cabe señalar que la Sra. Barreto no tuvo la oportunidad de presentar una defensa o responder a estas acusaciones. A ello se sumó la suspensión temporal de su esquema de seguridad atribuido por el Ministerio Público, el cual fue posteriormente restituido de manera reducida como consecuencia de una apelación sobre este tema de la Sra. Barreto. La suspensión del esquema de seguridad fue prorrogada el 4 de abril de 2025, y en julio de este año fue finalmente designada fiscal provincial titular penal supraprovincial de Lima, en la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. Paralelamente, durante este tiempo, los actos de hostigamiento, campañas de desprestigio y amenazas en contra de la Sra. Barreto continuaron intensificándose. Entre estos, la Sra. Barreto denunció actos de vigilancia, intimidación y múltiples intentos de ingresar a su domicilio. Tras una comunicación enviada al Estado peruano el 10 de marzo de 2025 por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, que mostraba preocupación sobre la situación de la Sra. Barreto, se inició una investigación penal a cargo de la Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la mujer, contra periodistas de Willax TV, por acoso y violación de domicilio. La investigación continúa abierta, pero ahora bajo la competencia de la segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-San Borja. El 25 de julio de 2025, 20 personas pertenecientes a los grupos anti-derechos “La Resistencia” llegaron a la oficina de la Fiscal Barreto Rivera con pancartas y megáfonos gritando “burrita Barreto”, quien “tiene enriquecimiento ilícito de las mafias” y otras frases que incitan las campañas de odio y desinformación que vienen ejecutando. Recientemente, se suman a estos hechos persecutorios la exposición de información personal de la Sra. Barreto, tras un ataque informático a la base de datos de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Perú y la apertura de un proceso de fiscalización en su contra en septiembre de 2025. En esta clase de procesos la Contraloría investiga el buen uso de los bienes públicos por parte de los servidores públicos. El Observatorio señala que estos hechos se insertan en un contexto y patrones de hostigamiento prolongado en contra de funcionarios judiciales que se han destacado por su labor de lucha contra la impunidad y de defensa del Estado de Derecho en el Perú, razón por la cual son perseguidos por una mayoría ultraconservadora del Congreso. Así, lo ha venido denunciando la FIDH desde 2023 en su Informe ”Perú: avance del autoritarismo y regresión de derechos”. El Observatorio condena enérgicamente el hostigamiento, los ataques mediáticos y las amenazas dirigidos contra la Sra. Barreto, que buscarían desacreditar su trabajo de lucha contra la impunidad, aislarla profesionalmente, obstaculizar su legítima labor en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y en general desestabilizar a la institucionalidad judicial y así al Estado de derecho en el Perú. Igualmente, los ataques contra la Sra. Barreto incluye claros componentes de violencia de género, que instrumentalizan estereotipos y prejuicios machistas para minar su credibilidad y autoridad como defensora y fiscal anticorrupción y constituyen una grave forma de violencia contra las mujeres en el espacio profesional y público. Asimismo, el Observatorio advierte que estos actos han generado serios perjuicios emocionales, laborales y económicos para la Sra. Barreto e insta a las autoridades peruanas a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en cuanto a la protección del personal operador de justicia, y la independencia judicial. El Observatorio pide a las autoridades peruanas, cesar el hostigamiento, las amenazas y los ataques basados en género contra la Sr.Marita Sonia Barreto Rivera y garantizar la autonomía e independencia de todos los poderes del Estado Peruano, en particular de la administración de justicia.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/tanzania-acts-of-harassment-and-intimidation-against-lhrc-staffs/ Tue, 18 Nov 2025 12:54:42 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24198 unnecessary and excessive use of force and intimidation against civilians, in the context of the 29 October 2025 general elections. According to the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, hundreds of protesters were killed by the police, while others were injured or arbitrarily detained, including human rights defenders. In June 2025, Kenyan and Ugandan human rights defenders Boniface Mwangi and Agather Atuhaire were subjected to enforced disappearance and acts of torture in Serena Hotel in Dar-es-Salaam, highlighting a pattern of transnational repression against activists in the region. The Observatory strongly condemns the acts of harassment against LHRC staff, which seem to be only aimed at intimidating them in the context of their legitimate human rights activities. The Observatory calls on the Tanzanian authorities to guarantee in all circumstances the physical integrity and psychological well-being of LHRC staffs and all human rights defenders in the country. The Observatory further calls on the Tanzanian authorities to create and maintain a safe and enabling environment for human rights defenders, allowing them to exercise their fundamental rights, such as freedom of association, in line with Article 20 of the Tanzanian Constitution, Article 10 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, and Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and to carry out their legitimate activities effectively and independently, without fear of reprisals, including judicial harassment.]]> unnecessary and excessive use of force and intimidation against civilians, in the context of the 29 October 2025 general elections. According to the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, hundreds of protesters were killed by the police, while others were injured or arbitrarily detained, including human rights defenders. In June 2025, Kenyan and Ugandan human rights defenders Boniface Mwangi and Agather Atuhaire were subjected to enforced disappearance and acts of torture in Serena Hotel in Dar-es-Salaam, highlighting a pattern of transnational repression against activists in the region. The Observatory strongly condemns the acts of harassment against LHRC staff, which seem to be only aimed at intimidating them in the context of their legitimate human rights activities. The Observatory calls on the Tanzanian authorities to guarantee in all circumstances the physical integrity and psychological well-being of LHRC staffs and all human rights defenders in the country. The Observatory further calls on the Tanzanian authorities to create and maintain a safe and enabling environment for human rights defenders, allowing them to exercise their fundamental rights, such as freedom of association, in line with Article 20 of the Tanzanian Constitution, Article 10 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, and Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and to carry out their legitimate activities effectively and independently, without fear of reprisals, including judicial harassment.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/thailand-authorities-must-protect-human-rights-defenders-angkhana-neelapaijit-and-sunai-phasuk-from-threats-uphold-freedom-of-expression/ Tue, 28 Oct 2025 00:11:09 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24109 GENEVA, Switzerland (28 October 2025) – The undersigned organizations, including the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (OMCT-FIDH), are deeply alarmed by the online death threats and hate speech directed at Thai Senator Angkhana Neelapaijit and human rights researcher Sunai Phasuk following their public comments on the Thailand-Cambodia border conflict. We express solidarity with Angkhana and Sunai. We jointly urge Thai authorities to take immediate and effective measures to protect them and all human rights defenders from threats, harassment, and intimidation. Authorities must also investigate and prosecute those responsible for these threats in accordance with the law. Angkhana is a prominent women human rights defender, chair of the Senate's Human Rights Committee and a former member of Thailand’s National Human Rights Commission. She is also a former member of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Sunai is a senior researcher on Thailand in Human Rights Watch's Asia division. What happened Angkhana and Sunai have been facing online death threats and harassment following their public criticism of the use of loudspeakers to project disturbing sounds toward Cambodian civilians living along the border. The said incident began on 10 October 2025, when ultranationalist figure Guntouch Pongpaiboonwet used loudspeakers and other equipment to broadcast distressing noises toward Cambodian settlers living in the Ban Nong Chan and Ban Nong Ya Kaeo villages in Sa Kaeo Province. Thailand claims the area to be under its jurisdiction, however, Cambodia disputes such claims. The broadcasts were carried out nightly and include sounds resembling ghostly howls and aircraft engines. They were reportedly intended to intimidate Cambodian civilians and military personnel stationed near the border. The actions in question represent a serious violation of the Ceasefire Agreement between Cambodia and Thailand, which was signed on 28 July 2025. In response, Angkhana called on the Thai Government to recognize that such actions, which are designed to instill fear or cause psychological distress among civilians—especially vulnerable groups such as women, children, elderly, and the sick—could amount to psychological torture under the UN Convention Against Torture, to which Thailand is a State Party. Her remarks have triggered online hate speech and death threats directed at both her and her family. Sunai publicly supported Angkhana and echoed her concerns. He was then similarly targeted online. The two activists were both accused online of being unpatriotic and sympathetic to Cambodia. On 15 October, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mary Lawlor, expressed concern over the reported online threats against Angkhana. She called for immediate protection measures to ensure the Senator’s safety. On 18 October, the two activists submitted a petition to the Thai Police, requesting protection for themselves and their families as well as an urgent investigation to identify and prosecute those responsible. The petition also requested that both the complainants and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) be informed of the investigation outcomes in order to ensure transparency and accountability. Call to Action We call on Thai authorities to protect Angkhana Neelapaijit, Sunai Phasuk and all human rights defenders from threats, harassment, and intimidation, both online and offline. Defenders should be allowed to do their invaluable work and exercise their right to freedom of expression without fear of reprisals. As a member of the UN Human Rights Council and a State Party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Thailand is obligated to uphold this right. As Thailand’s human rights record is to be reviewed during the 4th Universal Periodic Review cycle in November 2026, it must demonstrate a genuine commitment to human rights by ensuring a safe environment for defenders, holding perpetrators accountable, and aligning its actions with international human rights obligations.]]> GENEVA, Switzerland (28 October 2025) – The undersigned organizations, including the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (OMCT-FIDH), are deeply alarmed by the online death threats and hate speech directed at Thai Senator Angkhana Neelapaijit and human rights researcher Sunai Phasuk following their public comments on the Thailand-Cambodia border conflict. We express solidarity with Angkhana and Sunai. We jointly urge Thai authorities to take immediate and effective measures to protect them and all human rights defenders from threats, harassment, and intimidation. Authorities must also investigate and prosecute those responsible for these threats in accordance with the law. Angkhana is a prominent women human rights defender, chair of the Senate's Human Rights Committee and a former member of Thailand’s National Human Rights Commission. She is also a former member of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Sunai is a senior researcher on Thailand in Human Rights Watch's Asia division. What happened Angkhana and Sunai have been facing online death threats and harassment following their public criticism of the use of loudspeakers to project disturbing sounds toward Cambodian civilians living along the border. The said incident began on 10 October 2025, when ultranationalist figure Guntouch Pongpaiboonwet used loudspeakers and other equipment to broadcast distressing noises toward Cambodian settlers living in the Ban Nong Chan and Ban Nong Ya Kaeo villages in Sa Kaeo Province. Thailand claims the area to be under its jurisdiction, however, Cambodia disputes such claims. The broadcasts were carried out nightly and include sounds resembling ghostly howls and aircraft engines. They were reportedly intended to intimidate Cambodian civilians and military personnel stationed near the border. The actions in question represent a serious violation of the Ceasefire Agreement between Cambodia and Thailand, which was signed on 28 July 2025. In response, Angkhana called on the Thai Government to recognize that such actions, which are designed to instill fear or cause psychological distress among civilians—especially vulnerable groups such as women, children, elderly, and the sick—could amount to psychological torture under the UN Convention Against Torture, to which Thailand is a State Party. Her remarks have triggered online hate speech and death threats directed at both her and her family. Sunai publicly supported Angkhana and echoed her concerns. He was then similarly targeted online. The two activists were both accused online of being unpatriotic and sympathetic to Cambodia. On 15 October, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mary Lawlor, expressed concern over the reported online threats against Angkhana. She called for immediate protection measures to ensure the Senator’s safety. On 18 October, the two activists submitted a petition to the Thai Police, requesting protection for themselves and their families as well as an urgent investigation to identify and prosecute those responsible. The petition also requested that both the complainants and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) be informed of the investigation outcomes in order to ensure transparency and accountability. Call to Action We call on Thai authorities to protect Angkhana Neelapaijit, Sunai Phasuk and all human rights defenders from threats, harassment, and intimidation, both online and offline. Defenders should be allowed to do their invaluable work and exercise their right to freedom of expression without fear of reprisals. As a member of the UN Human Rights Council and a State Party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Thailand is obligated to uphold this right. As Thailand’s human rights record is to be reviewed during the 4th Universal Periodic Review cycle in November 2026, it must demonstrate a genuine commitment to human rights by ensuring a safe environment for defenders, holding perpetrators accountable, and aligning its actions with international human rights obligations.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/mexico-preocupacion-por-la-reduccion-del-espacio-civico-en-chiapas-mexico-debido-al-deterioro-de-las-condiciones-para-ejercer-la-defensa-de-derechos-humanos/ Tue, 26 Aug 2025 12:20:59 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23882 Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la reducción del espacio cívico en Chiapas, México, debido al deterioro de las condiciones para ejercer la defensa de derechos humanos. Hacemos un llamado urgente al Estado Mexicano a cumplir con su obligación de proteger y respaldar públicamente a las personas defensoras de derechos humanos y su labor, y llevar a cabo investigaciones exhaustivas de los crímenes cometidos en su contra. Exhortamos a la comunidad internacional a realizar acciones concretas encaminadas a visibilizar, legitimar y proteger a las personas defensoras y con ello proteger y promover el espacio cívico para la defensa de los derechos humanos en Chiapas. Este pronunciamiento se emite a raíz del reciente allanamiento del domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), así como de la persistente vigilancia, intimidación y hostigamiento en contra de esta organización, que obstaculizan de manera directa su labor fundamental en la defensa de los derechos humanos en el Estado. El 22 de julio de 2025, el domicilio de Dora Roblero fue allanado en San Cristóbal de Las Casas. Como ha declarado Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, al pronunciarse respecto a este hecho, este allanamiento forma parte de una serie de incidentes de seguridad que lxs integrantes de la organización han enfrentado recientemente, en un contexto cada vez más difícil para las personas defensoras en Chiapas. A lo largo de su trayectoria, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) ha desempeñado un papel clave en el acompañamiento a comunidades, víctimas y colectivos en su lucha por la paz, la justicia y la verdad, labores que le han significado numerosas agresiones y ataques. Por ello, desde 2010, el CDH Frayba es beneficiario de las medidas cautelares MC 52-10, otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Este allanamiento constituye una grave agresión no solo contra la integridad personal de la directora del CDH Frayba, sino también contra todo su equipo. Se trata del segundo allanamiento en menos de un año que sufre el Centro, agresión que se suma a las 46 registradas desde 2024. Consideramos de particular gravedad que algunas de éstas hayan sido efectuadas por el propio Estado Federal, como las declaraciones difamatorias del ex-presidente de la República en abril de 2024. El allanamiento del domicilio de la directora del CDH Frayba se enmarca en un patrón de agresiones sostenidas y agudas contra personas defensoras en el estado. Desde enero de 2024 el Observatorio de Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y del Territorio en Chiapas – El Obse –ha documentado 156 agresiones, entre ellas cuatro asesinatos y un total de 131 personas atacadas en represalia por su labor de defensa de derechos humanos. Los tipos de ataque más frecuentes han sido la vigilancia, la intimidación y la difamación, mientras que los incidentes de mayor gravedad han sido la masacre de Nueva Morelia, en la frontera con Guatemala el 12 de mayo 2024, el asesinato del sacerdote tzotzil y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez el 20 de octubre de 2024, y las agresiones contra integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal en junio de 2025 en la comunidad de Tzajalch’en, que incluyeron ataques armados dirigidos y detonaciones por parte de grupos criminales, así como amenazas de criminalización por parte de integrantes de cuerpos de seguridad del Estado. El Estado de Chiapas es uno de los estados más pobres del país, y adolece de una desigualdad estructural que impacta principalmente a los pueblos originarios y sus territorios, así como a las mujeres y a las infancias. Desde 2021, a este escenario se ha sumado la violencia generada por grupos delcrimen organizado, que ha exacerbado las violaciones a los derechos humanos ya presentes en el estado, entre ellas el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el tráfico y la trata de personas. Ante la insuficiente respuesta a esta crisis por parte del Estado, pese al cambio de gobierno estatal y del despliegue de su Estrategia de Seguridad, la labor de organizaciones de la sociedad civil cumple un papel fundamental. De acuerdo con el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -Espacio OSC-, Chiapas es la quinta entidad con mayor número de personas defensoras y periodistas en riesgo y con medidas de protección (124) de todo el país. Las organizaciones aquí firmantes vemos con profunda preocupación varios aspectos que reflejan la falta de garantías efectivas para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en Chiapas. En primer lugar, nos preocupa la ausencia de un respaldo público por parte de las autoridades de la legítima y fundamental labor que realizan las personas defensoras, lo cual puede contribuir a su estigmatización, deslegitimación y vulnerabilidad. Como ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es indispensable una política integral de protección que parta del reconocimiento sobre la importancia que la labor de defensa representa para la consolidación de las democracias y del Estado de derecho. Asimismo, observamos que los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en materia de protección, plasmados en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aprobada en 2012, y en el Mecanismo de Protección correspondiente, no se han cumplido de manera efectiva. Como destaca el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo de Protección, pese a los avances registrados, resultan insuficientes tanto los recursos técnicos y económicos con los que cuenta esta institución, como la aplicación de los enfoques integral, colectivo e interseccional en las tareas de investigación y análisis, así como en el diseño e implementación de los planes de protección. En este sentido, preocupa especialmente la dificultad de las autoridades estatales para colaborar en la implementación de los planes del Mecanismo, así como la reciente tendencia de procesar las solicitudes de protección de organizaciones, colectivos y grupos de defensores de manera individual, sin considerar la dimensión colectiva del riesgo. Ante estos hechos, hacemos un llamado urgente al Estado Mexicano, en sus niveles federal y estatal, a cumplir con su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, garantizando su integridad física y psicológica, así como su derecho a ejercer su labor libre de amenazas, agresiones y criminalización. Instamos pronunciamientos públicos que respalden el derecho a defender los derechos humanos, así como investigaciones exhaustivas, imparciales y eficaces que impidan la impunidad y garanticen el acceso a la justicia para las víctimas y sus comunidades. Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a mantener su atención sobre la situación en Chiapas y a realizar acciones concretas, dentro de sus respectivos mandatos, que legitimen la defensa de los derechos humanos, apoyen activamente a quienes la ejercen, y vigilen que el Estado Mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección de las personas defensoras, así como de investigación y sanción de las agresiones en su contra. Quedamos atentos a las respuestas a la presente carta y agradecemos de antemano su atención Saludos cordiales.]]> Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la reducción del espacio cívico en Chiapas, México, debido al deterioro de las condiciones para ejercer la defensa de derechos humanos. Hacemos un llamado urgente al Estado Mexicano a cumplir con su obligación de proteger y respaldar públicamente a las personas defensoras de derechos humanos y su labor, y llevar a cabo investigaciones exhaustivas de los crímenes cometidos en su contra. Exhortamos a la comunidad internacional a realizar acciones concretas encaminadas a visibilizar, legitimar y proteger a las personas defensoras y con ello proteger y promover el espacio cívico para la defensa de los derechos humanos en Chiapas. Este pronunciamiento se emite a raíz del reciente allanamiento del domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), así como de la persistente vigilancia, intimidación y hostigamiento en contra de esta organización, que obstaculizan de manera directa su labor fundamental en la defensa de los derechos humanos en el Estado. El 22 de julio de 2025, el domicilio de Dora Roblero fue allanado en San Cristóbal de Las Casas. Como ha declarado Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, al pronunciarse respecto a este hecho, este allanamiento forma parte de una serie de incidentes de seguridad que lxs integrantes de la organización han enfrentado recientemente, en un contexto cada vez más difícil para las personas defensoras en Chiapas. A lo largo de su trayectoria, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) ha desempeñado un papel clave en el acompañamiento a comunidades, víctimas y colectivos en su lucha por la paz, la justicia y la verdad, labores que le han significado numerosas agresiones y ataques. Por ello, desde 2010, el CDH Frayba es beneficiario de las medidas cautelares MC 52-10, otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Este allanamiento constituye una grave agresión no solo contra la integridad personal de la directora del CDH Frayba, sino también contra todo su equipo. Se trata del segundo allanamiento en menos de un año que sufre el Centro, agresión que se suma a las 46 registradas desde 2024. Consideramos de particular gravedad que algunas de éstas hayan sido efectuadas por el propio Estado Federal, como las declaraciones difamatorias del ex-presidente de la República en abril de 2024. El allanamiento del domicilio de la directora del CDH Frayba se enmarca en un patrón de agresiones sostenidas y agudas contra personas defensoras en el estado. Desde enero de 2024 el Observatorio de Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y del Territorio en Chiapas – El Obse –ha documentado 156 agresiones, entre ellas cuatro asesinatos y un total de 131 personas atacadas en represalia por su labor de defensa de derechos humanos. Los tipos de ataque más frecuentes han sido la vigilancia, la intimidación y la difamación, mientras que los incidentes de mayor gravedad han sido la masacre de Nueva Morelia, en la frontera con Guatemala el 12 de mayo 2024, el asesinato del sacerdote tzotzil y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez el 20 de octubre de 2024, y las agresiones contra integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal en junio de 2025 en la comunidad de Tzajalch’en, que incluyeron ataques armados dirigidos y detonaciones por parte de grupos criminales, así como amenazas de criminalización por parte de integrantes de cuerpos de seguridad del Estado. El Estado de Chiapas es uno de los estados más pobres del país, y adolece de una desigualdad estructural que impacta principalmente a los pueblos originarios y sus territorios, así como a las mujeres y a las infancias. Desde 2021, a este escenario se ha sumado la violencia generada por grupos delcrimen organizado, que ha exacerbado las violaciones a los derechos humanos ya presentes en el estado, entre ellas el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el tráfico y la trata de personas. Ante la insuficiente respuesta a esta crisis por parte del Estado, pese al cambio de gobierno estatal y del despliegue de su Estrategia de Seguridad, la labor de organizaciones de la sociedad civil cumple un papel fundamental. De acuerdo con el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -Espacio OSC-, Chiapas es la quinta entidad con mayor número de personas defensoras y periodistas en riesgo y con medidas de protección (124) de todo el país. Las organizaciones aquí firmantes vemos con profunda preocupación varios aspectos que reflejan la falta de garantías efectivas para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en Chiapas. En primer lugar, nos preocupa la ausencia de un respaldo público por parte de las autoridades de la legítima y fundamental labor que realizan las personas defensoras, lo cual puede contribuir a su estigmatización, deslegitimación y vulnerabilidad. Como ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es indispensable una política integral de protección que parta del reconocimiento sobre la importancia que la labor de defensa representa para la consolidación de las democracias y del Estado de derecho. Asimismo, observamos que los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en materia de protección, plasmados en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aprobada en 2012, y en el Mecanismo de Protección correspondiente, no se han cumplido de manera efectiva. Como destaca el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo de Protección, pese a los avances registrados, resultan insuficientes tanto los recursos técnicos y económicos con los que cuenta esta institución, como la aplicación de los enfoques integral, colectivo e interseccional en las tareas de investigación y análisis, así como en el diseño e implementación de los planes de protección. En este sentido, preocupa especialmente la dificultad de las autoridades estatales para colaborar en la implementación de los planes del Mecanismo, así como la reciente tendencia de procesar las solicitudes de protección de organizaciones, colectivos y grupos de defensores de manera individual, sin considerar la dimensión colectiva del riesgo. Ante estos hechos, hacemos un llamado urgente al Estado Mexicano, en sus niveles federal y estatal, a cumplir con su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, garantizando su integridad física y psicológica, así como su derecho a ejercer su labor libre de amenazas, agresiones y criminalización. Instamos pronunciamientos públicos que respalden el derecho a defender los derechos humanos, así como investigaciones exhaustivas, imparciales y eficaces que impidan la impunidad y garanticen el acceso a la justicia para las víctimas y sus comunidades. Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a mantener su atención sobre la situación en Chiapas y a realizar acciones concretas, dentro de sus respectivos mandatos, que legitimen la defensa de los derechos humanos, apoyen activamente a quienes la ejercen, y vigilen que el Estado Mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección de las personas defensoras, así como de investigación y sanción de las agresiones en su contra. Quedamos atentos a las respuestas a la presente carta y agradecemos de antemano su atención Saludos cordiales.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/egypt-ongoing-harassment-of-lina-attalah-and-escalating-crackdown-on-mada-masr-and-independent-journalism-in-egypt/ Mon, 11 Aug 2025 16:49:13 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23846 Paris-Geneva-Cairo, 11 August 2025 – The Observatory, together with other 20 human rights organisations, denounces the ongoing harrassment of Lina Attalah and the escalating crackdown on Mada Masr and independent journalism in Egypt. The undersigned organizations condemn the ongoing judicial and security harassment of Mada Masr, one of the last operating independent media platforms in Egypt. The latest incident involved the summoning of Editor-in-Chief Lina Attalah for interrogation before the Supreme State Security Prosecution (SSSP) on Monday, 4 August 2025, in Case No. 6182 of 2025 (SSSP). This interrogation came two days after Mada Masr published an investigative report on the poor detention conditions and human rights abuses in Badr 3 Prison, including a leaked letter attributed to former Alexandria Deputy Governor Hassan El-Borens. The following day, the Ministry of Interior issued a statement claiming the letter was "fabricated" and announcing legal action against those allegedly responsible for circulating it, raising serious concerns about the use of security and judicial institutions to silence investigative journalism. During the interrogation session, the prosecution denied journalist Iman Ouf the right to attend the hearing as a representative of the Press Syndicate. This denial constitutes a violation of Lina Attalah’s right to union representation, as stipulated in the Press Syndicate Law, and underscores growing restrictions on the role of professional unions, particularly in defending press freedom. This is not an isolated incident but part of a broader, sustained campaign of repression against Mada Masr and its journalists. In May 2020, Lina Attalah was arrested while conducting an interview outside Tora Prison Complex and later released on bail after being charged with filming a security facility without a permit. In September 2022, she and three other journalists from Mada Masr were interrogated over a report alleging corruption within the pro-government Nation’s Future Party, and were also released on bail. In 2024, she was summoned following a complaint by the Supreme Council for Media Regulation over a report on scenarios of forced displacement of Palestinians from Gaza. That same year, journalist Rana Mamdouh was arrested while working on an investigative piece in Ras El-Hekma and referred to the SSSP before being released on bail. All of these cases remain open, and the journalists continue to face the threat of imprisonment. These incidents reflect a broader and persistent pattern of repression of press freedom in Egypt. According to recent reports by the Committee to Protect Journalists (CPJ) and Reporters without Borders (RSF), at least 26 journalists remain behind bars, including 11 members of the Press Syndicate, in connection with their professional activities. At least 14 journalists and media workers in exile have also been placed on Egypt’s terrorism lists, marking a dangerous expansion of transnational repression targeting critical voices abroad. The ongoing blocking of over 600 websites, including Mada Masr, Al-Manassa, and Zawia3, without any judicial order, is part of a systematic effort to silence independent media platforms. Prominent journalists have also been targeted, including Nora Younis, Editor-in-Chief of Al-Manassa, who was subjected to interrogation in 2020 following a raid on the outlet’s offices and the seizure of its equipment. Ahmed Gamal Ziada, Editor-in-Chief of Zawia3, who was subjected to transnational repression in August 2023 when his father was arbitrarily detained in Egypt in apparent retaliation for Ziada’s journalistic work and the editorial stance of Zawia3, which has been openly critical of Egyptian state policies. More recently, on 22 July 2024, Ashraf Omar, a political cartoonist at Al-Manassa, was arbitrarily arrested from his home in Giza without a warrant or explanation and remains held under “terrorism”-related charges. His detention reflects an alarming escalation in the crackdown on freedom of expression and independent journalism in Egypt. These escalating violations starkly violate Egypt’s international obligations, particularly in light of its recent nomination of a government official for the post of Director-General of UNESCO — the very agency tasked with safeguarding press freedom and promoting media pluralism. This nomination highlights a stark contradiction between Egypt’s stated international commitments and its ongoing domestic repression of journalists and media institutions. The undersigned organizations call on the Egyptian authorities to:

1. Immediately drop all charges against Lina Attalah and Mada Masr journalists and cease any further legal harassment.
2. End the use of the Supreme State Security Prosecution and counter-terrorism laws in cases related to journalism and publishing.
3. Lift the unlawful block on Mada Masr, Al Manassa, Zawia3, and ensure free access to independent media content.
4. Immediately and unconditionally release all journalists imprisoned for their work and review all related cases to ensure compliance with constitutional and international standards.
5. Halt the listing of journalists in exile on terrorism watchlists, and stop all forms of transnational repression.
6. Guarantee the independence of professional syndicates and enable them to play their role in defending press freedom and protecting journalists from state retaliation.

]]> Paris-Geneva-Cairo, 11 August 2025 – The Observatory, together with other 20 human rights organisations, denounces the ongoing harrassment of Lina Attalah and the escalating crackdown on Mada Masr and independent journalism in Egypt. The undersigned organizations condemn the ongoing judicial and security harassment of Mada Masr, one of the last operating independent media platforms in Egypt. The latest incident involved the summoning of Editor-in-Chief Lina Attalah for interrogation before the Supreme State Security Prosecution (SSSP) on Monday, 4 August 2025, in Case No. 6182 of 2025 (SSSP). This interrogation came two days after Mada Masr published an investigative report on the poor detention conditions and human rights abuses in Badr 3 Prison, including a leaked letter attributed to former Alexandria Deputy Governor Hassan El-Borens. The following day, the Ministry of Interior issued a statement claiming the letter was "fabricated" and announcing legal action against those allegedly responsible for circulating it, raising serious concerns about the use of security and judicial institutions to silence investigative journalism. During the interrogation session, the prosecution denied journalist Iman Ouf the right to attend the hearing as a representative of the Press Syndicate. This denial constitutes a violation of Lina Attalah’s right to union representation, as stipulated in the Press Syndicate Law, and underscores growing restrictions on the role of professional unions, particularly in defending press freedom. This is not an isolated incident but part of a broader, sustained campaign of repression against Mada Masr and its journalists. In May 2020, Lina Attalah was arrested while conducting an interview outside Tora Prison Complex and later released on bail after being charged with filming a security facility without a permit. In September 2022, she and three other journalists from Mada Masr were interrogated over a report alleging corruption within the pro-government Nation’s Future Party, and were also released on bail. In 2024, she was summoned following a complaint by the Supreme Council for Media Regulation over a report on scenarios of forced displacement of Palestinians from Gaza. That same year, journalist Rana Mamdouh was arrested while working on an investigative piece in Ras El-Hekma and referred to the SSSP before being released on bail. All of these cases remain open, and the journalists continue to face the threat of imprisonment. These incidents reflect a broader and persistent pattern of repression of press freedom in Egypt. According to recent reports by the Committee to Protect Journalists (CPJ) and Reporters without Borders (RSF), at least 26 journalists remain behind bars, including 11 members of the Press Syndicate, in connection with their professional activities. At least 14 journalists and media workers in exile have also been placed on Egypt’s terrorism lists, marking a dangerous expansion of transnational repression targeting critical voices abroad. The ongoing blocking of over 600 websites, including Mada Masr, Al-Manassa, and Zawia3, without any judicial order, is part of a systematic effort to silence independent media platforms. Prominent journalists have also been targeted, including Nora Younis, Editor-in-Chief of Al-Manassa, who was subjected to interrogation in 2020 following a raid on the outlet’s offices and the seizure of its equipment. Ahmed Gamal Ziada, Editor-in-Chief of Zawia3, who was subjected to transnational repression in August 2023 when his father was arbitrarily detained in Egypt in apparent retaliation for Ziada’s journalistic work and the editorial stance of Zawia3, which has been openly critical of Egyptian state policies. More recently, on 22 July 2024, Ashraf Omar, a political cartoonist at Al-Manassa, was arbitrarily arrested from his home in Giza without a warrant or explanation and remains held under “terrorism”-related charges. His detention reflects an alarming escalation in the crackdown on freedom of expression and independent journalism in Egypt. These escalating violations starkly violate Egypt’s international obligations, particularly in light of its recent nomination of a government official for the post of Director-General of UNESCO — the very agency tasked with safeguarding press freedom and promoting media pluralism. This nomination highlights a stark contradiction between Egypt’s stated international commitments and its ongoing domestic repression of journalists and media institutions. The undersigned organizations call on the Egyptian authorities to:

1. Immediately drop all charges against Lina Attalah and Mada Masr journalists and cease any further legal harassment.
2. End the use of the Supreme State Security Prosecution and counter-terrorism laws in cases related to journalism and publishing.
3. Lift the unlawful block on Mada Masr, Al Manassa, Zawia3, and ensure free access to independent media content.
4. Immediately and unconditionally release all journalists imprisoned for their work and review all related cases to ensure compliance with constitutional and international standards.
5. Halt the listing of journalists in exile on terrorism watchlists, and stop all forms of transnational repression.
6. Guarantee the independence of professional syndicates and enable them to play their role in defending press freedom and protecting journalists from state retaliation.

]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/venezuela-campana-de-hostigamiento-intimidacion-y-represalias-contra-andreina-baduel-y-su-familia/ Tue, 05 Aug 2025 17:55:18 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23809 Andreina Baduel, periodista y una de las coordinadoras del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (“el Comité” o “CLIPPVE”), y su hermana Margareth Baduel, también persona defensora e integrante del CLIPPVE. Andreina Baduel es portavoz del Comité, establecido en respuesta a las violaciones de los derechos humanos contra presos políticos, y ha defendido consistentemente los valores de democracia, justicia y libertad. Es además hija del general Raúl Isaías Baduel, quien murió bajo custodia del Estado venezolano, y hermana de Josnars Adolfo Baduel, actualmente preso político en la cárcel de Rodeo I. Desde el 18 de junio de 2025 – fecha en que el CLIPPVE sostuvo una rueda de prensa en la Universidad Central de Venezuela, denunciando violaciones a los derechos humanos – Andreina Baduel y su familia han sido objeto de una campaña de hostigamiento, vigilancia e intimidación por parte de las autoridades venezolanas. Durante la rueda de prensa, dos agentes de los cuerpos de inteligencia del Estado, vestidos de civil, se infiltraron y tomaron fotos y videos de los y las participantes, miembros del Comité, incluyendo víctimas, activistas de derechos humanos y periodistas, sin su autorización. Una vez concluida la jornada, alrededor de las 15:00 horas, Andreina Baduel se dirigió hacia su casa y notó una fuerte presencia policial del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (CICPC) en la zona, especialmente frente a su hogar. Al día siguiente, funcionarios estatales tomaron fotos, sin su autorización. Ese mismo día, al regresar a su casa, se encontró nuevamente con integrantes de la policía, quienes – en respuesta a preguntas de Andreina Baduel sobre su presencia – respondieron que estaban ahí, por “órdenes de sus superiores”, pero sin aportar explicación legal ni orden judicial alguna. Camionetas sin placas con funcionarios encapuchados continuaron grabando los movimientos alrededor de su casa ese día. Entre el 19 y el 25 de junio de 2025, efectivos del CICPC, en vehículos sin identificación y con personas encapuchadas, mantuvieron una vigilancia constante frente a la residencia de Andreina Baduel, grabando sus movimientos y los de su familia. Al mismo tiempo, la hermana de Andreina Baduel, Margareth Baduel, también fue sometida a actos similares de vigilancia e intimidación alrededor de su domicilio. El 25 de junio de 2025, al llegar a su casa a las 14:00 horas, Margareth Baduel notó dos vehículos sospechosos estacionados cerca: una Fortuner plateada y un Chery Arauca, ambos con personas adentro. Al salir de su casa en su vehículo alrededor de las 15:00 horas, personas en moto (“motorizados”) la grabaron y persiguieron. Al lograr refugiarse en un área concurrida y al confrontar a los motorizados, estos huyeron. Más tarde, al salir nuevamente de su casa con su esposo y su hijo pequeño, Margareth Baduel notó que personas seguían grabándola desde una camioneta. Un día después, el 26 de junio de 2025, al encontrarse en casa de su familia materna, Margareth Baduel – al intentar salir de la casa en su vehículo – se encontró con dos vehículos, una 4Runner dorada y un Chery X1 amarillo. Cuatro funcionarios encapuchados y con uniformes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se bajaron de los vehículos e improvisaron una alcabala, intimidando a la Sra. Baduel y su familia, por lo que no pudieron salir de la casa, lo cual causó temor también a los vecinos del barrio. Hasta el momento de publicación de este llamado urgente, permanecen camionetas sin placas en la parte superior e inferior de la residencia de Margareth Baduel, además de patrullas del CICPC. El 16 de julio de 2025, un alto número de funcionarios estatales nuevamente se presentaron en la residencia de Andreina Baduel, con numerosas camionetas oficiales y funcionarios, causando nuevamente temor y presión sobre ella y su familia. Andreina Baduel y sus familiares continúan en una situación de peligro muy alarmante. Su seguridad y bienestar están en riesgo, y la situación en general socava el trabajo del CLIPPVE, ya que ello crea una situación en que muchas víctimas temen solicitar la ayuda del Comité, debido al contexto de vigilancia contra sus líderes. Cabe recordar que no es la primera vez Andreina Baduel y su familia sufren actos de intimidación, hostigamiento y amenazas por su trabajo legítimo e independiente de defensa de los derechos humanos. El Observatorio recuerda que el 12 de junio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Andreina Baduel mediante la emisión de la Resolución 44/2025, tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables a sus derechos fundamentales, determinando que antes del 12 de junio de 2025 había sido objeto de seguimientos, vigilancia, amenazas y hostigamiento tanto físico como digital por parte de funcionarios estatales. La CIDH requirió al Estado venezolano la protección efectiva de la vida e integridad de Andreina Baduel, así como que se le permita continuar con su labor de defensa de derechos humanos sin ser objeto de represión. El Observatorio condena y denuncia esta represalia contra Andreina Baduel, y su hermana Margareth Baduel, por sus actividades pacíficas y legítimas de defensa de derechos humanos. El Observatorio exhorta a las autoridades venezolanas a investigar de manera inmediata e independiente la campaña de hostigamiento e intimidaciones contra Andreina Baduel y su familia, así como a tomar las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de su derecho a defender derechos humanos en Venezuela. El Observatorio hace un llamado al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos y todas las autoridades de Venezuela a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Andreina Baduel y su familia y a dar cumplimiento inmediato y efectivo, y en concertación con las personas beneficiarias, a las medidas cautelares de la CIDH otorgadas a Andreina Baduel y a su núcleo familiar.]]> Andreina Baduel, periodista y una de las coordinadoras del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (“el Comité” o “CLIPPVE”), y su hermana Margareth Baduel, también persona defensora e integrante del CLIPPVE. Andreina Baduel es portavoz del Comité, establecido en respuesta a las violaciones de los derechos humanos contra presos políticos, y ha defendido consistentemente los valores de democracia, justicia y libertad. Es además hija del general Raúl Isaías Baduel, quien murió bajo custodia del Estado venezolano, y hermana de Josnars Adolfo Baduel, actualmente preso político en la cárcel de Rodeo I. Desde el 18 de junio de 2025 – fecha en que el CLIPPVE sostuvo una rueda de prensa en la Universidad Central de Venezuela, denunciando violaciones a los derechos humanos – Andreina Baduel y su familia han sido objeto de una campaña de hostigamiento, vigilancia e intimidación por parte de las autoridades venezolanas. Durante la rueda de prensa, dos agentes de los cuerpos de inteligencia del Estado, vestidos de civil, se infiltraron y tomaron fotos y videos de los y las participantes, miembros del Comité, incluyendo víctimas, activistas de derechos humanos y periodistas, sin su autorización. Una vez concluida la jornada, alrededor de las 15:00 horas, Andreina Baduel se dirigió hacia su casa y notó una fuerte presencia policial del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (CICPC) en la zona, especialmente frente a su hogar. Al día siguiente, funcionarios estatales tomaron fotos, sin su autorización. Ese mismo día, al regresar a su casa, se encontró nuevamente con integrantes de la policía, quienes – en respuesta a preguntas de Andreina Baduel sobre su presencia – respondieron que estaban ahí, por “órdenes de sus superiores”, pero sin aportar explicación legal ni orden judicial alguna. Camionetas sin placas con funcionarios encapuchados continuaron grabando los movimientos alrededor de su casa ese día. Entre el 19 y el 25 de junio de 2025, efectivos del CICPC, en vehículos sin identificación y con personas encapuchadas, mantuvieron una vigilancia constante frente a la residencia de Andreina Baduel, grabando sus movimientos y los de su familia. Al mismo tiempo, la hermana de Andreina Baduel, Margareth Baduel, también fue sometida a actos similares de vigilancia e intimidación alrededor de su domicilio. El 25 de junio de 2025, al llegar a su casa a las 14:00 horas, Margareth Baduel notó dos vehículos sospechosos estacionados cerca: una Fortuner plateada y un Chery Arauca, ambos con personas adentro. Al salir de su casa en su vehículo alrededor de las 15:00 horas, personas en moto (“motorizados”) la grabaron y persiguieron. Al lograr refugiarse en un área concurrida y al confrontar a los motorizados, estos huyeron. Más tarde, al salir nuevamente de su casa con su esposo y su hijo pequeño, Margareth Baduel notó que personas seguían grabándola desde una camioneta. Un día después, el 26 de junio de 2025, al encontrarse en casa de su familia materna, Margareth Baduel – al intentar salir de la casa en su vehículo – se encontró con dos vehículos, una 4Runner dorada y un Chery X1 amarillo. Cuatro funcionarios encapuchados y con uniformes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se bajaron de los vehículos e improvisaron una alcabala, intimidando a la Sra. Baduel y su familia, por lo que no pudieron salir de la casa, lo cual causó temor también a los vecinos del barrio. Hasta el momento de publicación de este llamado urgente, permanecen camionetas sin placas en la parte superior e inferior de la residencia de Margareth Baduel, además de patrullas del CICPC. El 16 de julio de 2025, un alto número de funcionarios estatales nuevamente se presentaron en la residencia de Andreina Baduel, con numerosas camionetas oficiales y funcionarios, causando nuevamente temor y presión sobre ella y su familia. Andreina Baduel y sus familiares continúan en una situación de peligro muy alarmante. Su seguridad y bienestar están en riesgo, y la situación en general socava el trabajo del CLIPPVE, ya que ello crea una situación en que muchas víctimas temen solicitar la ayuda del Comité, debido al contexto de vigilancia contra sus líderes. Cabe recordar que no es la primera vez Andreina Baduel y su familia sufren actos de intimidación, hostigamiento y amenazas por su trabajo legítimo e independiente de defensa de los derechos humanos. El Observatorio recuerda que el 12 de junio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Andreina Baduel mediante la emisión de la Resolución 44/2025, tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables a sus derechos fundamentales, determinando que antes del 12 de junio de 2025 había sido objeto de seguimientos, vigilancia, amenazas y hostigamiento tanto físico como digital por parte de funcionarios estatales. La CIDH requirió al Estado venezolano la protección efectiva de la vida e integridad de Andreina Baduel, así como que se le permita continuar con su labor de defensa de derechos humanos sin ser objeto de represión. El Observatorio condena y denuncia esta represalia contra Andreina Baduel, y su hermana Margareth Baduel, por sus actividades pacíficas y legítimas de defensa de derechos humanos. El Observatorio exhorta a las autoridades venezolanas a investigar de manera inmediata e independiente la campaña de hostigamiento e intimidaciones contra Andreina Baduel y su familia, así como a tomar las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de su derecho a defender derechos humanos en Venezuela. El Observatorio hace un llamado al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos y todas las autoridades de Venezuela a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Andreina Baduel y su familia y a dar cumplimiento inmediato y efectivo, y en concertación con las personas beneficiarias, a las medidas cautelares de la CIDH otorgadas a Andreina Baduel y a su núcleo familiar.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/egypt-state-harassment-of-mohamed-abdel-salam-and-afte-must-end/ Thu, 24 Jul 2025 15:51:02 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23788 The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (FIDH-OMCT), along with the undersigned human rights organisations, call on the Egyptian authorities to immediately end all forms of harassment or intimidation against Mohamed Abdel Salam and the Association for Freedom of Thought and Expression for exercising their fundamental human rights activities. The undersigned human rights organisations call on the Egyptian authorities to immediately end all forms of harassment or intimidation against human rights defender Mohamed Abdel Salam, Executive Director of the Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE), in retaliation for his legitimate human rights work. The organisations are also calling to ensure that AFTE is free to conduct its activities without any undue restrictions. 24 July 2025 - On 20 May 2025, police officers at Cairo International Airport detained Mohamed Abdel Salam for about an hour and confiscated his passport, without providing any legal justification. During his brief detention, he was questioned about his travel and human rights work. Upon release, the police instructed him to report to a National Security Agency (NSA) office in Cairo for further questioning, again without any legal basis provided. On 23 May, Mohamed Abdel Salam received a call from an NSA agent who asked him to collect his passport from an agency office in Cairo. The agent claimed the confiscation of his passport had been an “unintended administrative mistake.” Mohamed Abdel Salam went to the NSA office and retrieved his passport without being questioned further. This is not the first time the Egyptian authorities have targeted Mohamed Abdel Salam or AFTE. In 2018, airport authorities confiscated his passport and summoned him to the NSA without legal grounds. He was able to obtain a new passport in 2023. In November 2022, plainclothes police put AFTE’s Cairo office under surveillance for two weeks. In May of this year, AFTE has attempted to submit its first request to receive funding to the Ministry of Social Solidarity, as Law No. 149/2019 (known as the 2019 associations law), which governs the operation of civil society organisations in Egypt, requires associations to obtain authorisation prior to receiving funding, contrary to international law and standards. Despite submitting all required documents nearly two months ago, the organisation has not received the approval yet, hindering AFTE’s ability to seek and use funds in order to pursue the associations’ activities. AFTE has also encountered difficulties in maintaining a bank account since registering in 2023 under the 2019 associations law. After an eleven-month delay, a private bank finally opened an account for the organisation. Under international law, states have an obligation to protect the right to freedom of association, including by removing any restrictions on the right imposed by the state or other actors. For over a decade, the Egyptian authorities have systematically targeted human rights defenders with criminal prosecutions, arbitrary travel bans, and asset freezes. To this day, authorities continue to impose travel bans on staff members from several independent NGOs, including lawyer Huda Abdel Wahab, co-founder of the Arab Centre for Independence of Judiciary and Legal Profession (ACIJLP), Gasser Abdel-Razek, Kareem Ennarah, and Mohamed Bashir, three directors of the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR). We call on the Egyptian authorities to immediately stop subjecting Mohamed Abdel Salam and other human rights defenders to harassment or intimidation for exercising their fundamental rights. Civil society actors must be able to operate freely, safely, and without fear of retaliation, in line with Egypt’s constitutional and international obligations.]]> The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (FIDH-OMCT), along with the undersigned human rights organisations, call on the Egyptian authorities to immediately end all forms of harassment or intimidation against Mohamed Abdel Salam and the Association for Freedom of Thought and Expression for exercising their fundamental human rights activities. The undersigned human rights organisations call on the Egyptian authorities to immediately end all forms of harassment or intimidation against human rights defender Mohamed Abdel Salam, Executive Director of the Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE), in retaliation for his legitimate human rights work. The organisations are also calling to ensure that AFTE is free to conduct its activities without any undue restrictions. 24 July 2025 - On 20 May 2025, police officers at Cairo International Airport detained Mohamed Abdel Salam for about an hour and confiscated his passport, without providing any legal justification. During his brief detention, he was questioned about his travel and human rights work. Upon release, the police instructed him to report to a National Security Agency (NSA) office in Cairo for further questioning, again without any legal basis provided. On 23 May, Mohamed Abdel Salam received a call from an NSA agent who asked him to collect his passport from an agency office in Cairo. The agent claimed the confiscation of his passport had been an “unintended administrative mistake.” Mohamed Abdel Salam went to the NSA office and retrieved his passport without being questioned further. This is not the first time the Egyptian authorities have targeted Mohamed Abdel Salam or AFTE. In 2018, airport authorities confiscated his passport and summoned him to the NSA without legal grounds. He was able to obtain a new passport in 2023. In November 2022, plainclothes police put AFTE’s Cairo office under surveillance for two weeks. In May of this year, AFTE has attempted to submit its first request to receive funding to the Ministry of Social Solidarity, as Law No. 149/2019 (known as the 2019 associations law), which governs the operation of civil society organisations in Egypt, requires associations to obtain authorisation prior to receiving funding, contrary to international law and standards. Despite submitting all required documents nearly two months ago, the organisation has not received the approval yet, hindering AFTE’s ability to seek and use funds in order to pursue the associations’ activities. AFTE has also encountered difficulties in maintaining a bank account since registering in 2023 under the 2019 associations law. After an eleven-month delay, a private bank finally opened an account for the organisation. Under international law, states have an obligation to protect the right to freedom of association, including by removing any restrictions on the right imposed by the state or other actors. For over a decade, the Egyptian authorities have systematically targeted human rights defenders with criminal prosecutions, arbitrary travel bans, and asset freezes. To this day, authorities continue to impose travel bans on staff members from several independent NGOs, including lawyer Huda Abdel Wahab, co-founder of the Arab Centre for Independence of Judiciary and Legal Profession (ACIJLP), Gasser Abdel-Razek, Kareem Ennarah, and Mohamed Bashir, three directors of the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR). We call on the Egyptian authorities to immediately stop subjecting Mohamed Abdel Salam and other human rights defenders to harassment or intimidation for exercising their fundamental rights. Civil society actors must be able to operate freely, safely, and without fear of retaliation, in line with Egypt’s constitutional and international obligations.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/kenya-end-intimidation-and-judicial-reprisals-against-whistleblower-nelson-amenya/ Fri, 18 Jul 2025 15:46:47 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23826 The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (FIDH-OMCT) expresses deep concern over the case of Mr Nelson Amenya, a Kenyan whistleblower who has courageously spoken out against impunity and corruption in Kenya. The Observatory also draws attention to the broader systemic challenges faced by whistleblowers in Kenya and underscores the urgent need for comprehensive and enforceable legal safeguards to ensure their protection and uphold their rights, in line with international human rights standards. Paris-Geneva, 18 July 2025 – Mr Nelson Amenya is a Kenyan entrepreneur, economist, and whistleblower, currently based in France, where he is pursuing a Master’s degree in Business Administration (MBA). In 2024, he gained international recognition after exposing, via social media, serious irregularities in a $2 billion deal between the Kenyan government and the Indian multinational Adani Group. The agreement concerned a 30-year lease for the modernisation and management of Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) in Nairobi. Nelson Amenya claimed that ‘‘government officials intended to bypass legal requirements, including public consultation, which are meant to safeguard taxpayers’ money and had no plans to consult stakeholders’’. He further affirmed that the agreement included a gradual increase in airport fees and massive tax exemptions in favour of the Adani Group, which “jeopardised national interest and threatened Kenya’s economy”. Additionally, Nelson Amenya publicly asserted on social media, alleged links between Mr Jayesh Saini - a Kenyan entrepreneur from Indian origin, healthcare tycoon, founder and CEO of Bliss Healthcare - and the disputed deal involving the Adani Group. Since Nelson Amenya’s disclosure of the controversial procurement process that would have transferred control of Nairobi’s main airport to India’s Adani Group in July 2024, he has been subjected to ongoing judicial reprisals, intimidation and online harassment. Mr Amenya has been subjected to a campaign of defamation on the internet. Initially, Indian bloggers accused him of working for France, China, or Russia. Soon after, individuals began scouring his LinkedIn and Instagram profiles, retrieving photos he had shared with school friends. One such image, taken during a school trip to Stuttgart and showing him alongside a Chinese classmate, was circulated online, with claims that it depicted him meeting with Chinese contacts. The campaign escalated when a Kenyan blogger alleged he was being funded by the opposition party. These photos were then used as supposed evidence to support the ongoing defamation against him. In 2025, later this year, high-level officials requested him to stop being critical of the regime and start “supporting them”. On 11 September 2024, Jayesh Saini initiated legal proceedings against Nelson Amenya before the Nairobi Magistrate Court at Milimani, Nairobi, seeking the removal of social media posts alleging his links to the Adani Group deal, which he deemed defamatory, as well as an injunction against any further publications that could be related to him. The court, however, rejected the application, stating that the issues raised by Nelson Amenya were matters of legitimate public interest and warranted full adjudication in a trial. On 12 September 2024, Jayesh Saini contacted Nelson Amenya’s former employer in the United Kingdom, threatening legal reprisals unless Nelson Amenya stopped posting on social media. Considering that Nelson Amenya had relocated to France to pursue his MBA and established his domicile there, Jayesh Saini filed a civil lawsuit for public defamation against him before the Versailles Judicial Court in France1 on 28 October 2024, seeking the removal of tweets published between 5 September and 13 October 2024. In an urgent interim order dated 14 January 2025, the Versailles Judicial Court dismissed Jayesh Saini’s claims, ruling that the social media posts concerned matters of public debate and legitimate interest, and were protected by the right to freedom of expression in conformity with the European Convention on Human Rights. However, on 2 December 2024, Jayesh Saini escalated his legal action by filing a criminal complaint for public defamation with the investigating judge of the Versailles judicial court. On 21 November 2024, after several days of strike action at the airport by staff contesting the deal, Kenyan President William Ruto instructed the cancellation of a planned procurement procedure that would have granted operational control of Jomo Kenyatta International Airport to the Adani Group. This decision came after chairman Gautam Adani was indicted on allegations of bribery to secure power supply contracts, and of misleading U.S. investors. Furthermore, as of late October 2024, officers from the Directorate of Criminal Investigations (DCI) in Kenya, went to Nelson Amenya’s parents claiming they were searching for a stolen vehicle on the property. However, these visits are believed to have been linked to surveillance efforts targeting Nelson Amenya due to his whistle-blowing report concerning the JKIA-Adani deal. In France and Kenya, Nelson Amenya continues to face intimidation, online harassment and judicial reprisals, underscoring the risks of transnational repression faced by whistle-blowers and the urgent need for stronger legal protections. Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are increasingly used to intimidate whistleblowers, journalists, and civil society actors. In the African context, Southern African human rights defenders, particularly environmental defenders, are especially vulnerable to SLAPPs and other forms of legal intimidation aimed at silencing them. This targeting is emblematic of a broader pattern in Kenya, where whistle-blowers often endure harassment, legal threats, and online harassment for exposing corruption and advocating for transparency. According to a 2021 review by Transparency International Kenya on the state of whistle-blower protection and defamation law, the country lacks comprehensive legislation on whistle-blowing protection. Moreover, the newly proposed Whistle-blower Protection Bill 2024 has yet to be enacted into law. The Observatory calls on the relevant Kenyan authorities to take all necessary measures to protect the physical and psychological integrity of Mr Nelson Amenya and his family, and to promptly, thoroughly, independently, and impartially investigate all threats, acts of intimidation, and online harassment directed against him. Furthermore, the Observatory urges Kenyan authorities to ensure that Nelson Amenya is able to exercise his right to freedom of expression without fear of judicial reprisals, as per Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and that any legal proceedings against him fully respect international fair trial standards. Finally, the Observatory affirms the legitimate role of whistle-blowers as human rights defenders in exposing corruption and advancing transparency and accountability.]]> The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (FIDH-OMCT) expresses deep concern over the case of Mr Nelson Amenya, a Kenyan whistleblower who has courageously spoken out against impunity and corruption in Kenya. The Observatory also draws attention to the broader systemic challenges faced by whistleblowers in Kenya and underscores the urgent need for comprehensive and enforceable legal safeguards to ensure their protection and uphold their rights, in line with international human rights standards. Paris-Geneva, 18 July 2025 – Mr Nelson Amenya is a Kenyan entrepreneur, economist, and whistleblower, currently based in France, where he is pursuing a Master’s degree in Business Administration (MBA). In 2024, he gained international recognition after exposing, via social media, serious irregularities in a $2 billion deal between the Kenyan government and the Indian multinational Adani Group. The agreement concerned a 30-year lease for the modernisation and management of Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) in Nairobi. Nelson Amenya claimed that ‘‘government officials intended to bypass legal requirements, including public consultation, which are meant to safeguard taxpayers’ money and had no plans to consult stakeholders’’. He further affirmed that the agreement included a gradual increase in airport fees and massive tax exemptions in favour of the Adani Group, which “jeopardised national interest and threatened Kenya’s economy”. Additionally, Nelson Amenya publicly asserted on social media, alleged links between Mr Jayesh Saini - a Kenyan entrepreneur from Indian origin, healthcare tycoon, founder and CEO of Bliss Healthcare - and the disputed deal involving the Adani Group. Since Nelson Amenya’s disclosure of the controversial procurement process that would have transferred control of Nairobi’s main airport to India’s Adani Group in July 2024, he has been subjected to ongoing judicial reprisals, intimidation and online harassment. Mr Amenya has been subjected to a campaign of defamation on the internet. Initially, Indian bloggers accused him of working for France, China, or Russia. Soon after, individuals began scouring his LinkedIn and Instagram profiles, retrieving photos he had shared with school friends. One such image, taken during a school trip to Stuttgart and showing him alongside a Chinese classmate, was circulated online, with claims that it depicted him meeting with Chinese contacts. The campaign escalated when a Kenyan blogger alleged he was being funded by the opposition party. These photos were then used as supposed evidence to support the ongoing defamation against him. In 2025, later this year, high-level officials requested him to stop being critical of the regime and start “supporting them”. On 11 September 2024, Jayesh Saini initiated legal proceedings against Nelson Amenya before the Nairobi Magistrate Court at Milimani, Nairobi, seeking the removal of social media posts alleging his links to the Adani Group deal, which he deemed defamatory, as well as an injunction against any further publications that could be related to him. The court, however, rejected the application, stating that the issues raised by Nelson Amenya were matters of legitimate public interest and warranted full adjudication in a trial. On 12 September 2024, Jayesh Saini contacted Nelson Amenya’s former employer in the United Kingdom, threatening legal reprisals unless Nelson Amenya stopped posting on social media. Considering that Nelson Amenya had relocated to France to pursue his MBA and established his domicile there, Jayesh Saini filed a civil lawsuit for public defamation against him before the Versailles Judicial Court in France1 on 28 October 2024, seeking the removal of tweets published between 5 September and 13 October 2024. In an urgent interim order dated 14 January 2025, the Versailles Judicial Court dismissed Jayesh Saini’s claims, ruling that the social media posts concerned matters of public debate and legitimate interest, and were protected by the right to freedom of expression in conformity with the European Convention on Human Rights. However, on 2 December 2024, Jayesh Saini escalated his legal action by filing a criminal complaint for public defamation with the investigating judge of the Versailles judicial court. On 21 November 2024, after several days of strike action at the airport by staff contesting the deal, Kenyan President William Ruto instructed the cancellation of a planned procurement procedure that would have granted operational control of Jomo Kenyatta International Airport to the Adani Group. This decision came after chairman Gautam Adani was indicted on allegations of bribery to secure power supply contracts, and of misleading U.S. investors. Furthermore, as of late October 2024, officers from the Directorate of Criminal Investigations (DCI) in Kenya, went to Nelson Amenya’s parents claiming they were searching for a stolen vehicle on the property. However, these visits are believed to have been linked to surveillance efforts targeting Nelson Amenya due to his whistle-blowing report concerning the JKIA-Adani deal. In France and Kenya, Nelson Amenya continues to face intimidation, online harassment and judicial reprisals, underscoring the risks of transnational repression faced by whistle-blowers and the urgent need for stronger legal protections. Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are increasingly used to intimidate whistleblowers, journalists, and civil society actors. In the African context, Southern African human rights defenders, particularly environmental defenders, are especially vulnerable to SLAPPs and other forms of legal intimidation aimed at silencing them. This targeting is emblematic of a broader pattern in Kenya, where whistle-blowers often endure harassment, legal threats, and online harassment for exposing corruption and advocating for transparency. According to a 2021 review by Transparency International Kenya on the state of whistle-blower protection and defamation law, the country lacks comprehensive legislation on whistle-blowing protection. Moreover, the newly proposed Whistle-blower Protection Bill 2024 has yet to be enacted into law. The Observatory calls on the relevant Kenyan authorities to take all necessary measures to protect the physical and psychological integrity of Mr Nelson Amenya and his family, and to promptly, thoroughly, independently, and impartially investigate all threats, acts of intimidation, and online harassment directed against him. Furthermore, the Observatory urges Kenyan authorities to ensure that Nelson Amenya is able to exercise his right to freedom of expression without fear of judicial reprisals, as per Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and that any legal proceedings against him fully respect international fair trial standards. Finally, the Observatory affirms the legitimate role of whistle-blowers as human rights defenders in exposing corruption and advancing transparency and accountability.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/egypt-end-transnational-repression-against-exiled-journalist-basma-mostafa/ Tue, 24 Jun 2025 15:03:49 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23688 UN report detailing the harassment and surveillance of Egyptian investigative journalist Basma Mostafa, currently residing in Germany. We further urge German authorities to ensure her safety and uphold their international obligations to protect freedom of expression. Despite seeking safety in exile, Mostafa continues to face threats, surveillance, harassment, and online gender-based violence across multiple countries—including Germany, Switzerland, Kenya, and Lebanon—simply for doing her work. These acts are detailed in a joint communication from UN Special Rapporteurs (AL EGY 6/2024), which documents a disturbing pattern of cross-border intimidation carried out by or with the acquiescence of Egyptian authorities. Germany’s former Human Rights Commissioner, Luise Amtsberg, has publicly condemned Egypt’s transnational repression and urged the Egyptian government to address findings outlined in the UN report. The Egyptian authorities have yet to issue an official response. The silence is telling. Mostafa is a prominent investigative journalist known for reporting on human rights abuses in Egypt, including torture and extrajudicial killings. She was arrested in 2016 while covering protests, and again twice in 2020 while reporting on a police raid in southern Egypt. After facing charges of spreading false news and joining a terrorist organization, she was released on bail and forced into exile. Her case is not isolated; Egypt is among the world’s top perpetrators of transnational repression, using tactics such as arresting journalists’ family members, blocking access to exile-based media, targetingjournalists with spyware, and denying consular services and identity documents for those living abroad and their family members, including children. In another notable case, a Berlin court convicted a man for charges related to spying for the Egyptian regime, including on Egyptian exiles while working in the press office of former Chancellor Angela Merkel, where he had access to data on exiled Egyptian journalists accredited with the Federal Press Office. We call on the Egyptian authorities to immediately respond to UN communication AL EGY 6/2024and end all forms of transnational repression against Egyptian journalists and critics in exile. Egypt must stop targeting journalists abroad and ensure independent, transparent investigations to hold perpetrators accountable. We also urge the German authorities to protect exiled journalists and critics from intimidation tactics by foreign governments and those working on their behalf, in line with their International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) obligations and the 2023 Declaration of Principles to Combat Transnational Repression. Germany must provide full protection to Basma Mostafa, ensure accountability for her assault, investigate all attacks, harassment, and surveillance on its soil, and use its influence to demand that Egypt end its campaign of transnational repression.]]> UN report detailing the harassment and surveillance of Egyptian investigative journalist Basma Mostafa, currently residing in Germany. We further urge German authorities to ensure her safety and uphold their international obligations to protect freedom of expression. Despite seeking safety in exile, Mostafa continues to face threats, surveillance, harassment, and online gender-based violence across multiple countries—including Germany, Switzerland, Kenya, and Lebanon—simply for doing her work. These acts are detailed in a joint communication from UN Special Rapporteurs (AL EGY 6/2024), which documents a disturbing pattern of cross-border intimidation carried out by or with the acquiescence of Egyptian authorities. Germany’s former Human Rights Commissioner, Luise Amtsberg, has publicly condemned Egypt’s transnational repression and urged the Egyptian government to address findings outlined in the UN report. The Egyptian authorities have yet to issue an official response. The silence is telling. Mostafa is a prominent investigative journalist known for reporting on human rights abuses in Egypt, including torture and extrajudicial killings. She was arrested in 2016 while covering protests, and again twice in 2020 while reporting on a police raid in southern Egypt. After facing charges of spreading false news and joining a terrorist organization, she was released on bail and forced into exile. Her case is not isolated; Egypt is among the world’s top perpetrators of transnational repression, using tactics such as arresting journalists’ family members, blocking access to exile-based media, targetingjournalists with spyware, and denying consular services and identity documents for those living abroad and their family members, including children. In another notable case, a Berlin court convicted a man for charges related to spying for the Egyptian regime, including on Egyptian exiles while working in the press office of former Chancellor Angela Merkel, where he had access to data on exiled Egyptian journalists accredited with the Federal Press Office. We call on the Egyptian authorities to immediately respond to UN communication AL EGY 6/2024and end all forms of transnational repression against Egyptian journalists and critics in exile. Egypt must stop targeting journalists abroad and ensure independent, transparent investigations to hold perpetrators accountable. We also urge the German authorities to protect exiled journalists and critics from intimidation tactics by foreign governments and those working on their behalf, in line with their International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) obligations and the 2023 Declaration of Principles to Combat Transnational Repression. Germany must provide full protection to Basma Mostafa, ensure accountability for her assault, investigate all attacks, harassment, and surveillance on its soil, and use its influence to demand that Egypt end its campaign of transnational repression.]]>