https://observatoryfordefenders.org/es/ Fri, 22 May 2026 14:40:11 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png https://observatoryfordefenders.org/es/ 32 32 https://observatoryfordefenders.org/es/alerta/guatemala-preocupacion-ante-proxima-audiencia-de-casacion-de-virginia-laparra/ Fri, 22 May 2026 14:37:16 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24744 Ginebra-París, 21 de mayo de 2026 - El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) expresa su profunda preocupación ante la audiencia de casación programada para el viernes 22 de mayo de 2026, dentro del proceso penal  contra la Sra. Virginia Laparra, abogada y exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) de Quetzaltenango. En diciembre de 2022, la Sra. Laparra fue condenada por el delito de “abuso de autoridad continuada” tras denunciar posibles actos irregulares atribuibles al entonces juez Lesther Castellanos Rodas. El Tribunal Octavo de Primera Instancia Penal de Guatemala la condenó a cuatro años de prisión conmutables, ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y al pago de una reparación económica exigida por la Procuraduría General de la Nación, que actualmente continúa reclamando una suma cercana a un cuarto de millón de quetzales (alrededor de 32 mil dólares). La sentencia fue confirmada en 2023 por una sala de apelaciones. Desde entonces, la audiencia de casación ha sido reprogramada reiteradamente, postergándose año tras año, y aunque inicialmente estaba prevista para celebrarse en septiembre de 2026, fue adelantada al próximo 22 de mayo. El proceso de criminalización y la persecución de la Sra. Laparra, que incluyó una detención arbitraria de dos años, ha sido ampliamente señalado por organismos internacionales, expertos independientes y organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de criminalización contra personas operadoras de justicia que combaten la corrupción y la impunidad en Guatemala. Tal como ha sido documentado, la Sra. Laparra ejerció sus funciones en calidad de fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en el marco de su mandato institucional, al poner en conocimiento hechos que consideró incompatibles con los principios de imparcialidad y debida conducta judicial. No obstante, en lugar de se garantizar la debida protección a una persona que habría denunciado posibles irregularidades en el ejercicio de la función pública, el sistema de justicia se utilizó para iniciar acciones de persecución judicial y sanción en su contra y con graves violaciones al debido proceso. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) manifestó desde 2023 su preocupación por las irregularidades observadas en el proceso, las violaciones al debido proceso y el impacto que este caso tiene sobre la independencia judicial y fiscal en el país. El Observatorio manifiesta preocupación de que la eventual confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia pueda implicar consecuencias significativas para la Sra. Laparra, además de transmitir un mensaje de preocupación a las personas funcionarias judiciales y fiscales que desempeñan su labor en la lucha contra la corrupción. En la práctica, dicha decisión podría contribuir a la consolidación de una condena calificada de arbitraria y que habría tenido como consecuencia el exilio de la Sra. Laparra, al tiempo que podría profundizar el clima de incertidumbre que enfrentan quienes ejercen la defensa de la legalidad y del Estado de derecho en Guatemala. En vista de los hechos presentados llamamos a:

• Exhortar a la Corte Suprema de Justicia a conocer el recurso de casación con independencia, imparcialidad y estricto apego a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
• Llamar al Ministerio Público a revisar las actuaciones promovidas durante la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras, las cuales han sido señaladas como vinculadas a procesos de criminalización contra fiscales, jueces, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo, se alienta a las nuevas autoridades del sistema de justicia a adoptar medidas orientadas a evitar el uso indebido del derecho penal como mecanismo de represalia o restricción indebida del ejercicio de funciones públicas y de la libertad de expresión. Reafirmamos que el combate a la corrupción no debe dar lugar a persecución penal y se subraya la importancia de fortalecer las instituciones de justicia que garanticen el Estado de derecho, en lugar de prácticas que puedan contribuir a la generación de temor, al desplazamiento o a la impunidad. Reiteramos nuestra solidaridad con Virginia Laparra y con otras personas operadoras de justicia que han sido objeto de procesos judiciales en el contexto del ejercicio de sus funciones.]]> Ginebra-París, 21 de mayo de 2026 - El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) expresa su profunda preocupación ante la audiencia de casación programada para el viernes 22 de mayo de 2026, dentro del proceso penal  contra la Sra. Virginia Laparra, abogada y exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) de Quetzaltenango. En diciembre de 2022, la Sra. Laparra fue condenada por el delito de “abuso de autoridad continuada” tras denunciar posibles actos irregulares atribuibles al entonces juez Lesther Castellanos Rodas. El Tribunal Octavo de Primera Instancia Penal de Guatemala la condenó a cuatro años de prisión conmutables, ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y al pago de una reparación económica exigida por la Procuraduría General de la Nación, que actualmente continúa reclamando una suma cercana a un cuarto de millón de quetzales (alrededor de 32 mil dólares). La sentencia fue confirmada en 2023 por una sala de apelaciones. Desde entonces, la audiencia de casación ha sido reprogramada reiteradamente, postergándose año tras año, y aunque inicialmente estaba prevista para celebrarse en septiembre de 2026, fue adelantada al próximo 22 de mayo. El proceso de criminalización y la persecución de la Sra. Laparra, que incluyó una detención arbitraria de dos años, ha sido ampliamente señalado por organismos internacionales, expertos independientes y organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de criminalización contra personas operadoras de justicia que combaten la corrupción y la impunidad en Guatemala. Tal como ha sido documentado, la Sra. Laparra ejerció sus funciones en calidad de fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en el marco de su mandato institucional, al poner en conocimiento hechos que consideró incompatibles con los principios de imparcialidad y debida conducta judicial. No obstante, en lugar de se garantizar la debida protección a una persona que habría denunciado posibles irregularidades en el ejercicio de la función pública, el sistema de justicia se utilizó para iniciar acciones de persecución judicial y sanción en su contra y con graves violaciones al debido proceso. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) manifestó desde 2023 su preocupación por las irregularidades observadas en el proceso, las violaciones al debido proceso y el impacto que este caso tiene sobre la independencia judicial y fiscal en el país. El Observatorio manifiesta preocupación de que la eventual confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia pueda implicar consecuencias significativas para la Sra. Laparra, además de transmitir un mensaje de preocupación a las personas funcionarias judiciales y fiscales que desempeñan su labor en la lucha contra la corrupción. En la práctica, dicha decisión podría contribuir a la consolidación de una condena calificada de arbitraria y que habría tenido como consecuencia el exilio de la Sra. Laparra, al tiempo que podría profundizar el clima de incertidumbre que enfrentan quienes ejercen la defensa de la legalidad y del Estado de derecho en Guatemala. En vista de los hechos presentados llamamos a:

• Exhortar a la Corte Suprema de Justicia a conocer el recurso de casación con independencia, imparcialidad y estricto apego a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
• Llamar al Ministerio Público a revisar las actuaciones promovidas durante la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras, las cuales han sido señaladas como vinculadas a procesos de criminalización contra fiscales, jueces, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo, se alienta a las nuevas autoridades del sistema de justicia a adoptar medidas orientadas a evitar el uso indebido del derecho penal como mecanismo de represalia o restricción indebida del ejercicio de funciones públicas y de la libertad de expresión. Reafirmamos que el combate a la corrupción no debe dar lugar a persecución penal y se subraya la importancia de fortalecer las instituciones de justicia que garanticen el Estado de derecho, en lugar de prácticas que puedan contribuir a la generación de temor, al desplazamiento o a la impunidad. Reiteramos nuestra solidaridad con Virginia Laparra y con otras personas operadoras de justicia que han sido objeto de procesos judiciales en el contexto del ejercicio de sus funciones.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/russian-federation-russian-authorities-designate-the-world-organisation-against-torture-omct-as-an-undesirable-organisation/ Thu, 21 May 2026 16:31:36 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24736 Geneva-Paris, 20 May 2026 - The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (OMCT-FIDH) has been informed about the designation of the World Organisation Against Torture (OMCT), the world’s largest network of organisations working against torture, as an “undesirable organisation” by the Russian authorities. The designation constitutes yet another step in the Russian authorities’ systematic efforts to isolate the Russian population and local civil society from the international human rights movement and to perpetuate the climate of fear that silences organisations documenting torture, repression, and other serious human rights violations. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (OMCT-FIDH) has been informed about the designation of the World Organisation Against Torture (OMCT), the world’s largest network of organisations working against torture, as an “undesirable organisation” by the Russian authorities. According to the information received, on 17 April 2026, the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation declared OMCT an “undesirable organisation”, and on 6 May 2026, the Ministry of Justice formally added OMCT to the official registry of banned entities. Under the repressive law on “undesirable organisations”, adopted in 2012 and subsequently expanded, the Russian Federation’s Prosecutor General’s Office has the power to declare as “undesirable” any foreign or international organisation deemed to pose “a threat to the foundations of the constitutional order of the Russian Federation, the defence capability of the country or the security of the state”. Following such designation, organisations are effectively “Undesirable organisations” prohibited from carrying out any activities in the country, including disseminating information, publishing materials, organising events, conducting financial transactions, and providing financial or other assistance to local organisations and individuals. Any person or organisation cooperating with an organisation declared “undesirable” by Russia – including from outside Russia –may face administrative sanctions and criminal liability under the Russian law. Under Articles 20.33 of the Russian Code of Administrative Offences and 284.1 of the Russian Criminal Code, individuals and legal entities may face fines, and individuals risk prison sentences of up to six years for participating in, financing, or allegedly facilitating the activities of such organisations. The Commissioner for Human Rights of the Council of Europe has expressed serious concerns regarding the legislation on “undesirable organisations”, citing the lack of legal certainty, the discretionary powers granted to prosecutorial authorities, and the absence of prior judicial review. In practice, the vague and overly broad wording of the law has resulted in the prosecution of individuals merely for reposting materials published by organisations later designated as “undesirable”, including content shared prior to the designation. OMCT has for decades worked on the situation in Russia and on the countries affected by Russia’s aggression to document torture, support victims of grave human rights violations, protect human rights defenders at risk and promote accountability under international law. OMCT’s Global Torture Index ranks the Russian Federation at a very high risk for torture, identifying the nation as among the most severe for systemic police brutality, prison abuses, and total impunity. Similarly, OMCT’s project SOS Defenders has documented cases of human rights defenders who have been arbitrarily detained in Russia and pushing for their immediate and unconditional releases. The Observatory underlines all of these activities constitute legitimate human rights work. The Observatory notes that the designation of OMCT takes place in the broader context of an escalating crackdown on independent civil society, human rights defenders, and international cooperation. Several organisations connected to OMCT’s work have previously been targeted under the same legislation, including Amnesty International in May 2025, ProtectDefenders.eu in August 2025, as well as Human Rights Watch, the International Federation for Human Rights (FIDH) and the Civic Solidarity Platform (CSP) in November 2025, and earlier this year Trial International and the International Commission of Jurists (ICJ). The list of “undesirable organisations”, maintained by the Russian Ministry of Justice, now includes more than 350 organisations, among them independent media outlets, international NGOs, and human rights groups. The Observatory condemns in the strongest terms the designation of OMCT as an “undesirable organisation”, which constitutes a blatant attempt to obstruct legitimate human rights work, intimidate those cooperating with international civil society organisations, especially in the fight against torture. The Observatory reiterates that the application of this legislation constitutes a clear violation of the right to freedom of association protected under Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The Observatory urges the Russian authorities to immediately reverse this decision, repeal the legislation on “undesirable organisations” and related repressive laws, including the “foreign agents” law, and ensure in all circumstances that human rights organisations, including foreign and international NGOs, are able to carry out their legitimate activities without fear of reprisals. The Observatory further calls on the international community and international civil society to stand in solidarity with the organisations and human rights defenders targeted under these repressive frameworks, and to continue supporting efforts aimed at documenting violations and ensuring accountability for torture and other grave human rights abuses.]]> Geneva-Paris, 20 May 2026 - The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (OMCT-FIDH) has been informed about the designation of the World Organisation Against Torture (OMCT), the world’s largest network of organisations working against torture, as an “undesirable organisation” by the Russian authorities. The designation constitutes yet another step in the Russian authorities’ systematic efforts to isolate the Russian population and local civil society from the international human rights movement and to perpetuate the climate of fear that silences organisations documenting torture, repression, and other serious human rights violations. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (OMCT-FIDH) has been informed about the designation of the World Organisation Against Torture (OMCT), the world’s largest network of organisations working against torture, as an “undesirable organisation” by the Russian authorities. According to the information received, on 17 April 2026, the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation declared OMCT an “undesirable organisation”, and on 6 May 2026, the Ministry of Justice formally added OMCT to the official registry of banned entities. Under the repressive law on “undesirable organisations”, adopted in 2012 and subsequently expanded, the Russian Federation’s Prosecutor General’s Office has the power to declare as “undesirable” any foreign or international organisation deemed to pose “a threat to the foundations of the constitutional order of the Russian Federation, the defence capability of the country or the security of the state”. Following such designation, organisations are effectively “Undesirable organisations” prohibited from carrying out any activities in the country, including disseminating information, publishing materials, organising events, conducting financial transactions, and providing financial or other assistance to local organisations and individuals. Any person or organisation cooperating with an organisation declared “undesirable” by Russia – including from outside Russia –may face administrative sanctions and criminal liability under the Russian law. Under Articles 20.33 of the Russian Code of Administrative Offences and 284.1 of the Russian Criminal Code, individuals and legal entities may face fines, and individuals risk prison sentences of up to six years for participating in, financing, or allegedly facilitating the activities of such organisations. The Commissioner for Human Rights of the Council of Europe has expressed serious concerns regarding the legislation on “undesirable organisations”, citing the lack of legal certainty, the discretionary powers granted to prosecutorial authorities, and the absence of prior judicial review. In practice, the vague and overly broad wording of the law has resulted in the prosecution of individuals merely for reposting materials published by organisations later designated as “undesirable”, including content shared prior to the designation. OMCT has for decades worked on the situation in Russia and on the countries affected by Russia’s aggression to document torture, support victims of grave human rights violations, protect human rights defenders at risk and promote accountability under international law. OMCT’s Global Torture Index ranks the Russian Federation at a very high risk for torture, identifying the nation as among the most severe for systemic police brutality, prison abuses, and total impunity. Similarly, OMCT’s project SOS Defenders has documented cases of human rights defenders who have been arbitrarily detained in Russia and pushing for their immediate and unconditional releases. The Observatory underlines all of these activities constitute legitimate human rights work. The Observatory notes that the designation of OMCT takes place in the broader context of an escalating crackdown on independent civil society, human rights defenders, and international cooperation. Several organisations connected to OMCT’s work have previously been targeted under the same legislation, including Amnesty International in May 2025, ProtectDefenders.eu in August 2025, as well as Human Rights Watch, the International Federation for Human Rights (FIDH) and the Civic Solidarity Platform (CSP) in November 2025, and earlier this year Trial International and the International Commission of Jurists (ICJ). The list of “undesirable organisations”, maintained by the Russian Ministry of Justice, now includes more than 350 organisations, among them independent media outlets, international NGOs, and human rights groups. The Observatory condemns in the strongest terms the designation of OMCT as an “undesirable organisation”, which constitutes a blatant attempt to obstruct legitimate human rights work, intimidate those cooperating with international civil society organisations, especially in the fight against torture. The Observatory reiterates that the application of this legislation constitutes a clear violation of the right to freedom of association protected under Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The Observatory urges the Russian authorities to immediately reverse this decision, repeal the legislation on “undesirable organisations” and related repressive laws, including the “foreign agents” law, and ensure in all circumstances that human rights organisations, including foreign and international NGOs, are able to carry out their legitimate activities without fear of reprisals. The Observatory further calls on the international community and international civil society to stand in solidarity with the organisations and human rights defenders targeted under these repressive frameworks, and to continue supporting efforts aimed at documenting violations and ensuring accountability for torture and other grave human rights abuses.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/el-salvador-criminalizar-al-periodismo-independiente-es-un-ataque-a-la-democracia/ Mon, 18 May 2026 09:40:15 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24708 12 de mayo de 2026.- Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, incluido el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH), condenan la persecución sistemática contra el periódico digital El Faro. Las organizaciones, medios y colectivos abajo firmantes expresamos nuestra profunda solidaridad con el periódico digital El Faro, sus socios, su equipo periodístico y sus familias, ante la más reciente escalada de hostigamiento del gobierno de Nayib Bukele en su contra. El congelamiento de una cuenta bancaria y de un inmueble pertenecientes a dos socios de Trípode S.A. de C.V., sociedad fundadora del medio. La medida fue ejecutada sin notificación judicial previa y se enmarca en la persecución fiscal a la que este medio de comunicación ha sido objeto desde 2020. Estas medidas sólo son posibles en regímenes autoritarios, donde se utilizan todos los poderes del Estado para silenciar las voces independientes. Esta acción hace parte de un patrón sistemático de represalias que se activa cada vez que El Faro publica investigaciones que incomodan al poder: los pactos del Ejecutivo salvadoreño con estructuras criminales, la corrupción gubernamental y los abusos cometidos bajo el régimen de excepción documentados por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES). El espionaje con Pegasus, las campañas de desprestigio, el exilio forzado de su redacción y, ahora, el ataque a los bienes personales de sus socios constituyen una estrategia deliberada de disciplinamiento contra la prensa independiente. Denunciamos la instrumentalización del aparato fiscal y judicial salvadoreño como herramienta de censura y respaldamos las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del personal de El Faro. Exigimos al Estado salvadoreño que cumpla con ellas y que cese de manera inmediata el acoso, restituya los bienes congelados y respete la libertad de prensa y de expresión consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la sociedad civil y a la población en general a apoyar el periodismo independiente, un pilar esencial de toda sociedad democrática. Alzamos nuestras voces en defensa de El Faro y de la democracia en El Salvador.]]> 12 de mayo de 2026.- Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, incluido el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH), condenan la persecución sistemática contra el periódico digital El Faro. Las organizaciones, medios y colectivos abajo firmantes expresamos nuestra profunda solidaridad con el periódico digital El Faro, sus socios, su equipo periodístico y sus familias, ante la más reciente escalada de hostigamiento del gobierno de Nayib Bukele en su contra. El congelamiento de una cuenta bancaria y de un inmueble pertenecientes a dos socios de Trípode S.A. de C.V., sociedad fundadora del medio. La medida fue ejecutada sin notificación judicial previa y se enmarca en la persecución fiscal a la que este medio de comunicación ha sido objeto desde 2020. Estas medidas sólo son posibles en regímenes autoritarios, donde se utilizan todos los poderes del Estado para silenciar las voces independientes. Esta acción hace parte de un patrón sistemático de represalias que se activa cada vez que El Faro publica investigaciones que incomodan al poder: los pactos del Ejecutivo salvadoreño con estructuras criminales, la corrupción gubernamental y los abusos cometidos bajo el régimen de excepción documentados por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES). El espionaje con Pegasus, las campañas de desprestigio, el exilio forzado de su redacción y, ahora, el ataque a los bienes personales de sus socios constituyen una estrategia deliberada de disciplinamiento contra la prensa independiente. Denunciamos la instrumentalización del aparato fiscal y judicial salvadoreño como herramienta de censura y respaldamos las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del personal de El Faro. Exigimos al Estado salvadoreño que cumpla con ellas y que cese de manera inmediata el acoso, restituya los bienes congelados y respete la libertad de prensa y de expresión consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la sociedad civil y a la población en general a apoyar el periodismo independiente, un pilar esencial de toda sociedad democrática. Alzamos nuestras voces en defensa de El Faro y de la democracia en El Salvador.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/thailand-authorities-must-release-hong-kong-pro-democracy-zhang-xinyan-uphold-principle-of-non-refoulement/ Thu, 14 May 2026 10:54:31 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24716 BANGKOK, Thailand (14 May 2026) – We, the undersigned civil society organizations, including the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (OMCT-FIDH), strongly condemn the Thai authorities’ arrest and detention of Hong Kong pro-democracy activist and United Nations-recognized refugee Zhang Xinyan. The case raises concerns over transnational repression and the protection of human rights defenders. Zhang Xinyan is currently held in detention and her future remains uncertain. If forcibly deported to China, she is at grave risk of arbitrary detention, limited legal protections, and an unfair trial. Call to action We urge Thai authorities to immediately release Zhang Xinyan from detention and to refrain from deporting or forcibly returning her to China, pending third-country resettlement. The Thai Government must uphold its obligations under international human rights law. We call on authorities to grant the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and proper legal counsel full and unimpeded access to Zhang Xinyan while she remains in detention. Any deportation or transfer of Zhang Xinyan would violate the principle of non-refoulement and the Thai Government’s obligations under international law. Who is Zhang Xinyan Zhang Xinyan is a Chinese national. She moved to Thailand following years of alleged persecution based on her Falun Gong practice, a spiritual movement banned in China. She holds a refugee status issued by the UNHCR, following the cancellation of her Chinese passport, according to Sunai Phasuk, a senior researcher for Human Rights Watch. Zhang Xinyan was among the 19 Hong Kong pro-democracy activists—based overseas—who were issued with arrest warrants by the Hong Kong police in July 2025 for alleged subversion under Hong Kong’s National Security Law. Their bounties ranged from HKD 200,000 to 1 million (approx. USD 25,000-127,000). The group was accused of organizing unofficial polls outside Hong Kong in order to form a shadow legislature to advance the principle of "Hong Kong people ruling Hong Kong." The National Security Law (NSL), enacted in June 2020 and imposed by Beijing directly without going through Hong Kong's own legislature—bypassing the city's democratic institutions and marking a fundamental shift in the "one country, two systems" framework—criminalizes several offences, including secession, subversion, terrorism, and collusion with foreign forces. In March 2024, Hong Kong enacted the Article 23 legislation, a domestic national security law that significantly expanded the existing framework established by the NSL. The new law introduced additional offences including sedition, espionage, and external interference, with penalties of up to life imprisonment. In practice, the NSL is frequently used to criminalize human rights advocacy or dissent, and has been widely condemned by UN human rights experts as incompatible with international human rights law. What happened On 8 May 2026, Thai immigration authorities reportedly detained Zhang Xinyan at her residence in Bangkok. She was then transferred to the Suan Phlu Immigration Detention Centre. Zhang Xinyan was arrested on charges of overstaying her visa and working without proper documentation. Prior to the arrest, the Embassy of China in Thailand reportedly confiscated her passport when she sought to renew it. Rendered effectively stateless and unable to leave the country without a valid travel document, she remained in Thailand with no legal pathway out. We are deeply concerned that Zhang Xinyan’s detention exposes her to a heightened risk of refoulement and politically motivated persecution. We urge the international community to closely monitor the case and take appropriate action with both Thai and Chinese authorities.]]> BANGKOK, Thailand (14 May 2026) – We, the undersigned civil society organizations, including the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (OMCT-FIDH), strongly condemn the Thai authorities’ arrest and detention of Hong Kong pro-democracy activist and United Nations-recognized refugee Zhang Xinyan. The case raises concerns over transnational repression and the protection of human rights defenders. Zhang Xinyan is currently held in detention and her future remains uncertain. If forcibly deported to China, she is at grave risk of arbitrary detention, limited legal protections, and an unfair trial. Call to action We urge Thai authorities to immediately release Zhang Xinyan from detention and to refrain from deporting or forcibly returning her to China, pending third-country resettlement. The Thai Government must uphold its obligations under international human rights law. We call on authorities to grant the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and proper legal counsel full and unimpeded access to Zhang Xinyan while she remains in detention. Any deportation or transfer of Zhang Xinyan would violate the principle of non-refoulement and the Thai Government’s obligations under international law. Who is Zhang Xinyan Zhang Xinyan is a Chinese national. She moved to Thailand following years of alleged persecution based on her Falun Gong practice, a spiritual movement banned in China. She holds a refugee status issued by the UNHCR, following the cancellation of her Chinese passport, according to Sunai Phasuk, a senior researcher for Human Rights Watch. Zhang Xinyan was among the 19 Hong Kong pro-democracy activists—based overseas—who were issued with arrest warrants by the Hong Kong police in July 2025 for alleged subversion under Hong Kong’s National Security Law. Their bounties ranged from HKD 200,000 to 1 million (approx. USD 25,000-127,000). The group was accused of organizing unofficial polls outside Hong Kong in order to form a shadow legislature to advance the principle of "Hong Kong people ruling Hong Kong." The National Security Law (NSL), enacted in June 2020 and imposed by Beijing directly without going through Hong Kong's own legislature—bypassing the city's democratic institutions and marking a fundamental shift in the "one country, two systems" framework—criminalizes several offences, including secession, subversion, terrorism, and collusion with foreign forces. In March 2024, Hong Kong enacted the Article 23 legislation, a domestic national security law that significantly expanded the existing framework established by the NSL. The new law introduced additional offences including sedition, espionage, and external interference, with penalties of up to life imprisonment. In practice, the NSL is frequently used to criminalize human rights advocacy or dissent, and has been widely condemned by UN human rights experts as incompatible with international human rights law. What happened On 8 May 2026, Thai immigration authorities reportedly detained Zhang Xinyan at her residence in Bangkok. She was then transferred to the Suan Phlu Immigration Detention Centre. Zhang Xinyan was arrested on charges of overstaying her visa and working without proper documentation. Prior to the arrest, the Embassy of China in Thailand reportedly confiscated her passport when she sought to renew it. Rendered effectively stateless and unable to leave the country without a valid travel document, she remained in Thailand with no legal pathway out. We are deeply concerned that Zhang Xinyan’s detention exposes her to a heightened risk of refoulement and politically motivated persecution. We urge the international community to closely monitor the case and take appropriate action with both Thai and Chinese authorities.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/mexico-el-cierre-de-las-causas-federales-presenta-una-oportunidad-de-hacer-justicia-y-liberar-a-la-defensora-de-derechos-humanos-kenia-hernandez-en-procesos-de-amparo-por-casos-de-criminalizacion/ Wed, 13 May 2026 12:29:35 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24720 13 de mayo de 2026. Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, incluido el Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, un proyecto conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), hacen un llamado a que el cierre de las causas federales sea una oportunidad de hacer justicia y liberar a la defensora de derechos humanos Kenia Hernández. Las organizaciones firmantes llaman a resolver la situación de detención de Kenia Inés Hernández Montalván, mujer indígena amuzga y defensora de derechos humanos, privada de libertad desde octubre de 2020. La defensora de derechos humanos ha enfrentado 10 casos de criminalización en su contra desde 2010, de los que sólo dos permanecen abiertos. Las otras ocho causas, todas federales, han sido cerradas. En la actualidad se enfrenta a 21 años de cárcel debido a las dos causas penales que subsisten en el Estado de México. Su defensa ha planteado juicios de amparo ante estas dos sentencias, que se encuentran en trámite ante los órganos jurisdiccionales frente del Segundo Circuito en materia penal. Kenia Hernández es una defensora de derechos humanos, cuya trayectoria se ha enfocado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la tierra y del territorio, incluyendo el acompañamiento a comunidades en defensa de sus derechos. Antes de su detención, desarrolló su labor en diversos movimientos sociales en Guerrero como dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, incluido el acompañamiento a comunidades y personas afectadas por graves violaciones de derechos humanos. Diversos organismos internacionales, organizaciones internacionales y diputadas europeas y mexicanas han expresado preocupación por las constantes irregularidades que han marcado el caso, incluyendo la negación de la participación presencial en sus audiencias, el derecho a la interpretación en idioma amuzgo y la repetida negación de visitas de su familia, equipo jurídico y de las organizaciones que la apoyan. La apertura continua de investigaciones y procesos con el propósito de mantenerla privada de libertad a lo largo de los años está ampliamente documentada. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras, el Relator de Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias han señalado su preocupación por las sentencias emitidas en contra de Kenia. Las organizaciones firmantes reafirman que el Poder Judicial tiene hoy la oportunidad de hacer justicia. Tras el cierre de las causas federales, hacen un llamado a que la resolución de los amparos directos promovidos a favor de Kenia Hernández en las dos causas locales del Estado de México, aplique estándares internacionales de derechos humanos respecto a personas defensoras de derechos humanos y el derecho legítimo a ejercer la protesta pacífica. Una decisión apegada a tales estándares sería consistente con la obligación del Estado de garantizar una protección judicial efectiva, reparar violaciones a derechos fundamentales y evitar que se consolide la criminalización de una defensora indígena de derechos humanos por hechos vinculados con el ejercicio de su defensa y de la protesta social. El caso de Kenia Hernández es considerado emblemático, ya que refleja la instrumentalización del sistema de justicia para limitar su labor de defensa. A su vez, organizaciones nacionales e internacionales lo han señalado como un caso ilustrativo del patrón alarmante de detención arbitraria, prisión preventiva prolongada así como penas privativas de libertad injustas, excesivas y desproporcionadas contra líderes y lideresas indígenas en México, del que también se han hecho eco las Naciones Unidas. Mientras se resuelven las dos causas pendientes, Kenia Hernández continúa privada de libertad, enfrentando vulneraciones al debido proceso y a sus derechos como mujer indígena amuzga y defensora de derechos humanos. Entre las vulneraciones que enfrenta se encuentra la comunicación con su familia, especialmente sus hijos, debido a las limitaciones económicas y a la distancia ya que solo puede costear pocos minutos de llamadas telefónicas al día y las visitas de sus hijos solo pueden realizarlas cada dos o tres meses. A pesar de estas condiciones, su labor de defensa de derechos humanos se ha mantenido firme aún en reclusión. En 2024 fue trasladada de un penal de máxima seguridad a un centro local en el Estado de México, donde se evidenciaron prácticas ilegales del personal. Esto permitió cambios internos pero también generó represalias y nuevas agresiones que derivaron en el traslado de la defensora a Tepozanes, Nezahualcóyotl Sur, donde continuó organizándose con otras mujeres. A tres meses de su llegada impulsó la cooperativa “Tejedoras de Libertad”, que cuenta con decenas de internas que elaboran bordados y textiles basados en saberes ancestrales para generar empleo, fortalecer su salud mental, cubrir necesidades básicas y comunicarse con sus hijas e hijos. Este esfuerzo colectivo ha sido reconocido con la asignación de un espacio específico para la cooperativa por su aporte a la convivencia y a la reinserción social con enfoque de derechos humanos y sororidad. La situación de Kenia Hernández debe analizarse a la luz del derecho a defender derechos humanos y el derecho a la protesta pacifica. Su caso particular como mujer defensora indígena implica un deber de protección reforzado, como mínimo la no obstaculización de su defensa y el asegurar que pueda ejercer su labor como defensora sin represalias. Los daños causados por la prisión injusta no solo han afectado a la defensora de derechos humanos sino que a lo largo de más de 2000 días se han extendido a sus hijos, su familia, su comunidad y movimientos de los que es parte. El cierre de las causas federales abre el camino para poner fin a las graves violaciones y profunda injusticia que enfrenta Kenia Para terminar con las graves violaciones contra Kenia Hernández, que no sólo la afectan a ella sino que estigmatizan la defensa de derechos humanos y erosionan el ejercicio pleno de los derechos humanos de su comunidad, las organizaciones firmantes hacen los siguientes llamamientos:

• Al poder judicial del Segundo Circuito en materia penal que resuelva los amparos directos promovidos a favor de Kenia Hernández en las dos causas locales del estado de México, teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos respecto a personas defensoras de derechos humanos y el derecho legítimo a ejercer la protesta pacífica;
• A las autoridades del Estado de México que reconozcan la labor de defensa de derechos humanos de Kenia Hernández, particularmente su reconocimiento como mujer defensora indígena, como ya han hecho algunas representantes del Poder Legislativo;
• A las autoridades del Estado de México que den cumplimiento a su obligación reforzada respecto a la protección de personas defensoras de derechos humanos, especialmente, a evitar obstáculos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del derecho a la protesta pacífica, propiciando un entorno libre de cualquier tipo de agresión contra personas defensoras en México.

Las organizaciones firmantes reiteran su solidaridad con Kenia Hernández, su familia, su comunidad y las organizaciones que acompañan su caso. En un contexto regional marcado por la creciente criminalización de quienes defienden derechos, exigir justicia para Kenia es también reivindicar el derecho a defender derechos.]]> 13 de mayo de 2026. Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, incluido el Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, un proyecto conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), hacen un llamado a que el cierre de las causas federales sea una oportunidad de hacer justicia y liberar a la defensora de derechos humanos Kenia Hernández. Las organizaciones firmantes llaman a resolver la situación de detención de Kenia Inés Hernández Montalván, mujer indígena amuzga y defensora de derechos humanos, privada de libertad desde octubre de 2020. La defensora de derechos humanos ha enfrentado 10 casos de criminalización en su contra desde 2010, de los que sólo dos permanecen abiertos. Las otras ocho causas, todas federales, han sido cerradas. En la actualidad se enfrenta a 21 años de cárcel debido a las dos causas penales que subsisten en el Estado de México. Su defensa ha planteado juicios de amparo ante estas dos sentencias, que se encuentran en trámite ante los órganos jurisdiccionales frente del Segundo Circuito en materia penal. Kenia Hernández es una defensora de derechos humanos, cuya trayectoria se ha enfocado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la tierra y del territorio, incluyendo el acompañamiento a comunidades en defensa de sus derechos. Antes de su detención, desarrolló su labor en diversos movimientos sociales en Guerrero como dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, incluido el acompañamiento a comunidades y personas afectadas por graves violaciones de derechos humanos. Diversos organismos internacionales, organizaciones internacionales y diputadas europeas y mexicanas han expresado preocupación por las constantes irregularidades que han marcado el caso, incluyendo la negación de la participación presencial en sus audiencias, el derecho a la interpretación en idioma amuzgo y la repetida negación de visitas de su familia, equipo jurídico y de las organizaciones que la apoyan. La apertura continua de investigaciones y procesos con el propósito de mantenerla privada de libertad a lo largo de los años está ampliamente documentada. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras, el Relator de Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias han señalado su preocupación por las sentencias emitidas en contra de Kenia. Las organizaciones firmantes reafirman que el Poder Judicial tiene hoy la oportunidad de hacer justicia. Tras el cierre de las causas federales, hacen un llamado a que la resolución de los amparos directos promovidos a favor de Kenia Hernández en las dos causas locales del Estado de México, aplique estándares internacionales de derechos humanos respecto a personas defensoras de derechos humanos y el derecho legítimo a ejercer la protesta pacífica. Una decisión apegada a tales estándares sería consistente con la obligación del Estado de garantizar una protección judicial efectiva, reparar violaciones a derechos fundamentales y evitar que se consolide la criminalización de una defensora indígena de derechos humanos por hechos vinculados con el ejercicio de su defensa y de la protesta social. El caso de Kenia Hernández es considerado emblemático, ya que refleja la instrumentalización del sistema de justicia para limitar su labor de defensa. A su vez, organizaciones nacionales e internacionales lo han señalado como un caso ilustrativo del patrón alarmante de detención arbitraria, prisión preventiva prolongada así como penas privativas de libertad injustas, excesivas y desproporcionadas contra líderes y lideresas indígenas en México, del que también se han hecho eco las Naciones Unidas. Mientras se resuelven las dos causas pendientes, Kenia Hernández continúa privada de libertad, enfrentando vulneraciones al debido proceso y a sus derechos como mujer indígena amuzga y defensora de derechos humanos. Entre las vulneraciones que enfrenta se encuentra la comunicación con su familia, especialmente sus hijos, debido a las limitaciones económicas y a la distancia ya que solo puede costear pocos minutos de llamadas telefónicas al día y las visitas de sus hijos solo pueden realizarlas cada dos o tres meses. A pesar de estas condiciones, su labor de defensa de derechos humanos se ha mantenido firme aún en reclusión. En 2024 fue trasladada de un penal de máxima seguridad a un centro local en el Estado de México, donde se evidenciaron prácticas ilegales del personal. Esto permitió cambios internos pero también generó represalias y nuevas agresiones que derivaron en el traslado de la defensora a Tepozanes, Nezahualcóyotl Sur, donde continuó organizándose con otras mujeres. A tres meses de su llegada impulsó la cooperativa “Tejedoras de Libertad”, que cuenta con decenas de internas que elaboran bordados y textiles basados en saberes ancestrales para generar empleo, fortalecer su salud mental, cubrir necesidades básicas y comunicarse con sus hijas e hijos. Este esfuerzo colectivo ha sido reconocido con la asignación de un espacio específico para la cooperativa por su aporte a la convivencia y a la reinserción social con enfoque de derechos humanos y sororidad. La situación de Kenia Hernández debe analizarse a la luz del derecho a defender derechos humanos y el derecho a la protesta pacifica. Su caso particular como mujer defensora indígena implica un deber de protección reforzado, como mínimo la no obstaculización de su defensa y el asegurar que pueda ejercer su labor como defensora sin represalias. Los daños causados por la prisión injusta no solo han afectado a la defensora de derechos humanos sino que a lo largo de más de 2000 días se han extendido a sus hijos, su familia, su comunidad y movimientos de los que es parte. El cierre de las causas federales abre el camino para poner fin a las graves violaciones y profunda injusticia que enfrenta Kenia Para terminar con las graves violaciones contra Kenia Hernández, que no sólo la afectan a ella sino que estigmatizan la defensa de derechos humanos y erosionan el ejercicio pleno de los derechos humanos de su comunidad, las organizaciones firmantes hacen los siguientes llamamientos:

• Al poder judicial del Segundo Circuito en materia penal que resuelva los amparos directos promovidos a favor de Kenia Hernández en las dos causas locales del estado de México, teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos respecto a personas defensoras de derechos humanos y el derecho legítimo a ejercer la protesta pacífica;
• A las autoridades del Estado de México que reconozcan la labor de defensa de derechos humanos de Kenia Hernández, particularmente su reconocimiento como mujer defensora indígena, como ya han hecho algunas representantes del Poder Legislativo;
• A las autoridades del Estado de México que den cumplimiento a su obligación reforzada respecto a la protección de personas defensoras de derechos humanos, especialmente, a evitar obstáculos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del derecho a la protesta pacífica, propiciando un entorno libre de cualquier tipo de agresión contra personas defensoras en México.

Las organizaciones firmantes reiteran su solidaridad con Kenia Hernández, su familia, su comunidad y las organizaciones que acompañan su caso. En un contexto regional marcado por la creciente criminalización de quienes defienden derechos, exigir justicia para Kenia es también reivindicar el derecho a defender derechos.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/iran-human-rights-lawyer-nasrin-sotoudeh-released-on-bail-amid-ongoing-crackdown/ Wed, 13 May 2026 12:23:48 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24719 Paris-Geneva, 13 May 2026 – The Observatory (FIDH-OMCT) and the League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) welcome the release on bail of prominent Iranian human rights lawyer and Sakharov Prize laureate Nasrin Sotoudeh, and call on the Iranian authorities to drop all charges against her, and to immediately and unconditionally release her husband, Reza Khandan. On 13 May 2026, the Iranian authorities finally relented and released Nasrin Sotoudeh on medical leave. She is now in a hospital in Tehran, under the supervision of her own doctors since yesterday. Ms Sotoudeh had been arrested at her home in Tehran on the night between 1 and 2 April 2026 by agents believed to be affiliated with the Ministry of Intelligence. At the time of her arrest, she was on leave from prison on medical grounds. According to her lawyer, her continued activism and public engagement despite these restrictions may have led to her re-arrest. The Observatory and LDDHI recall that Nasrin Sotoudeh has been subjected to relentless judicial harassment for two decades in connection with her human rights work. She has been repeatedly targeted, arrested and convicted on charges widely denounced as arbitrary, including a 2019 sentence to 33 years in prison and 148 lashes imposed by Branch 28 of the Tehran’s Islamic Revolution Court. In October 2023, she was again arrested while attending the funeral of Armita Garawand, a 17-year-old girl who died under controversial circumstances,and was released on medical grounds two weeks later following international pressure. Her husband, Reza Khandan, himself a human rights defender, has been detained since December 2024 in connection with his involvement in the design and distribution of badges bearing the slogan “I oppose compulsory hijab”. The Observatory and LDDHI welcome the release on bail of Ms Sotoudeh, and call on the Iranian authorities to drop all charges against her, since they are solely motivated by her legitimate and peaceful human rights activities. The Observatory and LDDHI recall that in the context of an ongoing repression in Iran, the situation of other human rights defenders remains of serious concern, including Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi, whose health has deteriorated in detention and who suffered two suspected heart attacks, one on 24 March and another on 1st May, amid the denial of adequate medical care. The Observatory and LDDHI more generally call on the Iranian authorities to put an end to all acts of harassment against all human rights defenders, and to release those arbitrarily detained immediately and unconditionally.]]> Paris-Geneva, 13 May 2026 – The Observatory (FIDH-OMCT) and the League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) welcome the release on bail of prominent Iranian human rights lawyer and Sakharov Prize laureate Nasrin Sotoudeh, and call on the Iranian authorities to drop all charges against her, and to immediately and unconditionally release her husband, Reza Khandan. On 13 May 2026, the Iranian authorities finally relented and released Nasrin Sotoudeh on medical leave. She is now in a hospital in Tehran, under the supervision of her own doctors since yesterday. Ms Sotoudeh had been arrested at her home in Tehran on the night between 1 and 2 April 2026 by agents believed to be affiliated with the Ministry of Intelligence. At the time of her arrest, she was on leave from prison on medical grounds. According to her lawyer, her continued activism and public engagement despite these restrictions may have led to her re-arrest. The Observatory and LDDHI recall that Nasrin Sotoudeh has been subjected to relentless judicial harassment for two decades in connection with her human rights work. She has been repeatedly targeted, arrested and convicted on charges widely denounced as arbitrary, including a 2019 sentence to 33 years in prison and 148 lashes imposed by Branch 28 of the Tehran’s Islamic Revolution Court. In October 2023, she was again arrested while attending the funeral of Armita Garawand, a 17-year-old girl who died under controversial circumstances,and was released on medical grounds two weeks later following international pressure. Her husband, Reza Khandan, himself a human rights defender, has been detained since December 2024 in connection with his involvement in the design and distribution of badges bearing the slogan “I oppose compulsory hijab”. The Observatory and LDDHI welcome the release on bail of Ms Sotoudeh, and call on the Iranian authorities to drop all charges against her, since they are solely motivated by her legitimate and peaceful human rights activities. The Observatory and LDDHI recall that in the context of an ongoing repression in Iran, the situation of other human rights defenders remains of serious concern, including Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi, whose health has deteriorated in detention and who suffered two suspected heart attacks, one on 24 March and another on 1st May, amid the denial of adequate medical care. The Observatory and LDDHI more generally call on the Iranian authorities to put an end to all acts of harassment against all human rights defenders, and to release those arbitrarily detained immediately and unconditionally.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/india-harassment-against-labour-rights-defender-shiv-kumar/ Wed, 13 May 2026 10:59:51 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24718 Shiv Kumar, a prominent labour rights defender from the Dalit community and a member of the Mazdoor Adhikar Sangathan (MAS), an organisation advocating for the rights of contract workers in Haryana State. On 16 April 2026, the National Investigation Agency (NIA) issued a notice for questioning to Shiv Kumar in connection with the so-called “Lucknow Conspiracy Case” (FIR No. RC-01/2023/NIA/Lucknow), formally naming him in the proceedings and exposing him to an imminent risk of arrest. At the time of publication of this urgent appeal, Shiv Kumar has not been formally charged. The “Lucknow Conspiracy Case” constitutes a criminal investigation initiated by the NIA in September 2023 to investigate alleged attempts to revive Maoist activities in northern India. The case has been opened against a number of human rights defenders, labour rights activists, students and lawyers across several Indian states. The authorities have used this case to investigate alleged offences related to “criminal conspiracy”, under Section 120A of the Indian Penal Code (currently under Sec 61 of the newly promulgated Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), and “links with extremist organisations”, under various sections, including Section 10, of the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA, 1967). Within the framework of this case, the authorities have carried out arrests, interrogations, and surveillance against individuals engaged in labour rights advocacy and social justice movements, particularly those working with marginalised communities. The Observatory recalls that on 12 March 2026, police officers of the Special Cell of the Delhi Police arbitrarily arrested Shiv Kumar near Dayal Singh College (University of Delhi) without a warrant, arrest record, or explanation, and detained him for approximately 60 hours in the New Friends Colony police station. During this detention, police officers interrogated him about other activists and human rights defenders in connection with the Lucknow Conspiracy Case and asked him to provide false testimony against them. When he refused, he was subjected to torture, including forced stripping, severe beatings, and ill-treatment. He was then released on the night of 14 to 15 March 2026, following a habeas corpus petition filed by his father before the Delhi High Court. The Observatory notes with concern that these acts of torture and harassment against Shiv Kumar are part of the repression against him and other human rights defenders in India. On 16 January 2021, during the farmers’ protests, a large-scale nationwide movement opposing agricultural reforms adopted in 2020, Haryana police abducted, arbitrarily detained and tortured Shiv Kumar. He notably endured blindfolding, death threats at gunpoint, repeated beatings, forced stripping, binding, beating on the soles of his feet, pressurised water directed at his head, and sleep deprivation, resulting in serious physical injuries. Following a remand obtained on 23 July 2021, multiple criminal charges were brought against him, including under provisions of the Indian Penal Code related to unlawful assembly (Article 149), extortion (Article 384), and criminal intimidation (Article 506), among others. On 19 February 2021, the Punjab and Haryana High Court ordered his immediate medical examination after his father filed a petition challenging his illegal detention and alleging that he had been subjected to torture while in police custody. Subsequent judicial inquiries, including a District and Sessions Judge’s report released on 1 July 2022, confirmed that Shiv Kumar had been illegally detained and tortured in police custody. The Observatory further recalls that arbitrary detention and torture are strictly prohibited under international human rights law, including under Articles 7 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which India is a State party, and also recalls that authorities must guarantee that human rights defenders can carry out their activities freely and without fear of reprisals, in accordance with the United Nations Declaration on Human Rights Defenders. The Observatory strongly condemns the harassment against Shiv Kumar, which appears to aim at silencing his legitimate human rights activities, and urges the Indian authorities to put an end to all acts of harassment against him.]]> Shiv Kumar, a prominent labour rights defender from the Dalit community and a member of the Mazdoor Adhikar Sangathan (MAS), an organisation advocating for the rights of contract workers in Haryana State. On 16 April 2026, the National Investigation Agency (NIA) issued a notice for questioning to Shiv Kumar in connection with the so-called “Lucknow Conspiracy Case” (FIR No. RC-01/2023/NIA/Lucknow), formally naming him in the proceedings and exposing him to an imminent risk of arrest. At the time of publication of this urgent appeal, Shiv Kumar has not been formally charged. The “Lucknow Conspiracy Case” constitutes a criminal investigation initiated by the NIA in September 2023 to investigate alleged attempts to revive Maoist activities in northern India. The case has been opened against a number of human rights defenders, labour rights activists, students and lawyers across several Indian states. The authorities have used this case to investigate alleged offences related to “criminal conspiracy”, under Section 120A of the Indian Penal Code (currently under Sec 61 of the newly promulgated Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), and “links with extremist organisations”, under various sections, including Section 10, of the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA, 1967). Within the framework of this case, the authorities have carried out arrests, interrogations, and surveillance against individuals engaged in labour rights advocacy and social justice movements, particularly those working with marginalised communities. The Observatory recalls that on 12 March 2026, police officers of the Special Cell of the Delhi Police arbitrarily arrested Shiv Kumar near Dayal Singh College (University of Delhi) without a warrant, arrest record, or explanation, and detained him for approximately 60 hours in the New Friends Colony police station. During this detention, police officers interrogated him about other activists and human rights defenders in connection with the Lucknow Conspiracy Case and asked him to provide false testimony against them. When he refused, he was subjected to torture, including forced stripping, severe beatings, and ill-treatment. He was then released on the night of 14 to 15 March 2026, following a habeas corpus petition filed by his father before the Delhi High Court. The Observatory notes with concern that these acts of torture and harassment against Shiv Kumar are part of the repression against him and other human rights defenders in India. On 16 January 2021, during the farmers’ protests, a large-scale nationwide movement opposing agricultural reforms adopted in 2020, Haryana police abducted, arbitrarily detained and tortured Shiv Kumar. He notably endured blindfolding, death threats at gunpoint, repeated beatings, forced stripping, binding, beating on the soles of his feet, pressurised water directed at his head, and sleep deprivation, resulting in serious physical injuries. Following a remand obtained on 23 July 2021, multiple criminal charges were brought against him, including under provisions of the Indian Penal Code related to unlawful assembly (Article 149), extortion (Article 384), and criminal intimidation (Article 506), among others. On 19 February 2021, the Punjab and Haryana High Court ordered his immediate medical examination after his father filed a petition challenging his illegal detention and alleging that he had been subjected to torture while in police custody. Subsequent judicial inquiries, including a District and Sessions Judge’s report released on 1 July 2022, confirmed that Shiv Kumar had been illegally detained and tortured in police custody. The Observatory further recalls that arbitrary detention and torture are strictly prohibited under international human rights law, including under Articles 7 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which India is a State party, and also recalls that authorities must guarantee that human rights defenders can carry out their activities freely and without fear of reprisals, in accordance with the United Nations Declaration on Human Rights Defenders. The Observatory strongly condemns the harassment against Shiv Kumar, which appears to aim at silencing his legitimate human rights activities, and urges the Indian authorities to put an end to all acts of harassment against him.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/cameroun-harcelement-judiciaire-prolonge-et-proces-arbitraire-contre-la-defenseure-des-droits-humains-maximilienne-ngo-mbe/ Tue, 12 May 2026 16:43:11 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24700 suspendu pour une durée de trois mois par arrêté du ministre de l’Administration Territoriale du Cameroun reposant sur des accusations de « financements illicites » ou « inexpliqué » et de « non-respect des dispositions légales ». Cette suspension arbitraire a contribué à délégitimer le travail courageux du REDHAC, qui contribue de manière significative à la lutte contre les violations des droits humains, à la protection des défenseur·es et à la promotion de la justice en Afrique centrale. Conformément à l’article 13 de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme, les ONG ont le droit d’obtenir des fonds, y compris de sources internationales, pour mener leurs activités sans crainte d’intimidation ni d’ingérence abusive. Le 4 mai 2026, les débats ont donc été rouverts avec l’interrogatoire direct, par le procureur, du sous-préfet de Douala 1er en sa qualité de représentant du préfet du Wouri, suivi de son contre-interrogatoire par les avocats. Durant l’audience, le sous-préfet a explicitement déclaré que Maximilienne Ngo Mbe ne se trouvait pas sur les lieux des scellés le jour où ils ont été brisés. Il en ressort que cette dernière n’a donc pas pu les briser. Le procès a ensuite de nouveau été renvoyé au 1er juin 2026 pour la reprise de l’interrogatoire par la partie civile par le procureur et la suite des débats. L’Observatoire souligne que le procès a été marqué par une lenteur déraisonnable qui illustre une tentative délibérée de prolonger le harcèlement judiciaire à l’encontre de Maximilienne Ngo Mbe. Il a en effet été reporté à plusieurs reprises, avec des audiences les 7 avril 2025, 4 août 2025, 6 octobre 2025, 1er décembre 2025, 16 mars 2026, et 6 avril 2026, toutes ayant abouti à de nouveaux ajournements. Le 6 avril 2026, le juge avait accédé à la demande du procureur de rouvrir le dossier et d’autoriser le plaignant à soumettre des preuves supplémentaires, alors que cette audience était censée être la dernière. L’Observatoire rappelle que ce harcèlement judiciaire contre Maximilienne Ngo Mbe et la suspension des bureaux de REDHAC s’inscrivent dans un schéma plus large de répression des défenseur·es des droits humains et organisations de la société civile par les autorités du Cameroun, qui semblent instrumentaliser la question de la lutte contre le terrorisme. Dans le 3ème rapport de suivi renforcé de septembre 2025, le Groupe d’action financière (GAFI) a réitéré que le Cameroun appliquait de manière « non conforme » la recommandation numéro 8relative à l’évaluation des risques de financement du terrorisme des organisations à but non lucratif (ONBL), qui précise que « Les pays devraient disposer de mesures ciblées, proportionnées et fondées sur le risque, sans perturber ou décourager indûment les activités légitimes des ONBL, conformément à l’approche fondée sur les risques ». En tant qu’État placé sur la liste grise du GAFI, le Cameroun devrait se conformer à la recommandation 8 en suivant les indications contenues dans son Évaluation Mutuelle de mars 2022, alors que la présentation de son 4ème rapport de suivi renforcé est prévue en septembre 2026. L’Observatoire rappelle que Maximilienne a déjà été la cible de menaces de mort, agressions de ses proches, et de campagnes de diffamation par le passé, notamment en lien avec le travail de REDHAC dans les régions anglophones du Cameroun et son engagement auprès de la communauté LGBTIQ+. L’Observatoire condamne fermement le harcèlement judiciaire et la criminalisation continue de Maximilienne Ngo Mbe et de son organisation, qui ne semblent viser qu’à sanctionner ses activités légitimes de défense des droits humains.]]> suspendu pour une durée de trois mois par arrêté du ministre de l’Administration Territoriale du Cameroun reposant sur des accusations de « financements illicites » ou « inexpliqué » et de « non-respect des dispositions légales ». Cette suspension arbitraire a contribué à délégitimer le travail courageux du REDHAC, qui contribue de manière significative à la lutte contre les violations des droits humains, à la protection des défenseur·es et à la promotion de la justice en Afrique centrale. Conformément à l’article 13 de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme, les ONG ont le droit d’obtenir des fonds, y compris de sources internationales, pour mener leurs activités sans crainte d’intimidation ni d’ingérence abusive. Le 4 mai 2026, les débats ont donc été rouverts avec l’interrogatoire direct, par le procureur, du sous-préfet de Douala 1er en sa qualité de représentant du préfet du Wouri, suivi de son contre-interrogatoire par les avocats. Durant l’audience, le sous-préfet a explicitement déclaré que Maximilienne Ngo Mbe ne se trouvait pas sur les lieux des scellés le jour où ils ont été brisés. Il en ressort que cette dernière n’a donc pas pu les briser. Le procès a ensuite de nouveau été renvoyé au 1er juin 2026 pour la reprise de l’interrogatoire par la partie civile par le procureur et la suite des débats. L’Observatoire souligne que le procès a été marqué par une lenteur déraisonnable qui illustre une tentative délibérée de prolonger le harcèlement judiciaire à l’encontre de Maximilienne Ngo Mbe. Il a en effet été reporté à plusieurs reprises, avec des audiences les 7 avril 2025, 4 août 2025, 6 octobre 2025, 1er décembre 2025, 16 mars 2026, et 6 avril 2026, toutes ayant abouti à de nouveaux ajournements. Le 6 avril 2026, le juge avait accédé à la demande du procureur de rouvrir le dossier et d’autoriser le plaignant à soumettre des preuves supplémentaires, alors que cette audience était censée être la dernière. L’Observatoire rappelle que ce harcèlement judiciaire contre Maximilienne Ngo Mbe et la suspension des bureaux de REDHAC s’inscrivent dans un schéma plus large de répression des défenseur·es des droits humains et organisations de la société civile par les autorités du Cameroun, qui semblent instrumentaliser la question de la lutte contre le terrorisme. Dans le 3ème rapport de suivi renforcé de septembre 2025, le Groupe d’action financière (GAFI) a réitéré que le Cameroun appliquait de manière « non conforme » la recommandation numéro 8relative à l’évaluation des risques de financement du terrorisme des organisations à but non lucratif (ONBL), qui précise que « Les pays devraient disposer de mesures ciblées, proportionnées et fondées sur le risque, sans perturber ou décourager indûment les activités légitimes des ONBL, conformément à l’approche fondée sur les risques ». En tant qu’État placé sur la liste grise du GAFI, le Cameroun devrait se conformer à la recommandation 8 en suivant les indications contenues dans son Évaluation Mutuelle de mars 2022, alors que la présentation de son 4ème rapport de suivi renforcé est prévue en septembre 2026. L’Observatoire rappelle que Maximilienne a déjà été la cible de menaces de mort, agressions de ses proches, et de campagnes de diffamation par le passé, notamment en lien avec le travail de REDHAC dans les régions anglophones du Cameroun et son engagement auprès de la communauté LGBTIQ+. L’Observatoire condamne fermement le harcèlement judiciaire et la criminalisation continue de Maximilienne Ngo Mbe et de son organisation, qui ne semblent viser qu’à sanctionner ses activités légitimes de défense des droits humains.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/france-repression-des-mobilisations-etudiantes-pro-palestiniennes-a-sciences-po-et-a-la-sorbonne/ Thu, 07 May 2026 16:31:25 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=24696 Paris-Genève, 7 mai 2026. L’intervention des forces de l’ordre au sein de Sciences Po et de la Sorbonne Université le 14 avril 2026 visant à réprimer des dizaines d’étudiant·es réuni·es et mobilisé·es en soutien à la Palestine, constitue une nouvelle étape préoccupante dans la restriction de la liberté d’expression et de réunion pacifique en France. La FIDH et l’OMCT, dans le cadre de l’Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains, et la Ligue des droits de l’Homme (LDH) condamnent fermement cette répression et appellent les autorités françaises à annuler les amendes délictuelles et à s’abstenir de toute autre mesure répressive à l’encontre des étudiant·es concerné·es. Le 14 avril 2026, plusieurs collectifs étudiants, dont le Comité Palestine Sciences Po, ont organisé des occupations simultanées à Sciences Po, à la Sorbonne, ainsi que dans d’autres établissements d’enseignement supérieur en France, afin de protester contre la proposition de loi Yadan, et contre la répression croissante des mobilisations pro-palestiniennes dans l’enseignement supérieur. Les étudiant·es demandaient notamment le retrait de cette proposition de loi, officiellement présentée comme visant à lutter contre les « formes renouvelées de l’antisémitisme », mais critiquée par de nombreuses organisations de défense des droits humains, et expert·es et rapporteur·es des Nations Unies en raison du risque qu’elle restreigne indûment la liberté d’expression. Les étudiant·es appelaient également à la fin de la répression du mouvement étudiant pro-palestinien et à la rupture des partenariats universitaires avec des institutions et entreprises qui seraient impliquées dans les violations des droits humains commises à Gaza. Aux alentours de 12h30, à Sciences Po, plus d’une centaine d’étudiant·es ont occupé pacifiquement l’amphithéâtre Boutmy situé au 27 rue Saint-Guillaume à Paris. Les participant·es y ont déployé des drapeaux palestiniens et des banderoles ayant notamment pour inscription « Israël Assassine » en dénonçant le génocide en cours contre le peuple palestinien. En réaction, la Présidence de l’établissement a fait évacuer l’ensemble du bâtiment sans chercher à entrer en contact avec les étudiant·es mobilisé·es ni à entendre leurs revendications. L’ensemble des cours prévus dans les bâtiments de l’établissement a ensuite été annulé. Moins de trois heures après le début de l’occupation, des dizaines de policier·es dont des agent·es de la BRAV-M (Brigade de Répression de l’Action Violente Motorisée) appelé·es par la Présidence de l’établissement sont intervenu·es au sein du campus. Selon les syndicats étudiants, plusieurs d’entre elles et eux qui souhaitaient quitter les lieux en ont été empêché·es par le service de sécurité de l’établissement avant l’arrivée de la police. Les étudiant·es ont ensuite été maintenu·es dans le hall du bâtiment, puis interpellé·es, aligné·es contre un mur dans le jardin de l’établissement, fouillé·es et photographié·es. Plusieurs d’entre elles et eux affirment avoir été traîné·es au sol ou violemment saisi·es par les forces de l’ordre. À l’issue de l’intervention, 76 étudiant·es de Sciences Po ont reçu une amende forfaitaire délictuelle minorée de 400 euros inscrite au casier judiciaire pour « introduction dans un établissement d’enseignement scolaire dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement » en application de l’article 431-22 du Code pénal. Le même jour, à la Sorbonne, plusieurs centaines d’étudiant·es ont occupé la cour centrale du campus situé place de la Sorbonne à Paris. Les participant·es y ont installé des tentes, déployé des banderoles et organisé un rassemblement à l’extérieur du site. L’occupation se poursuivait encore en début d’après-midi en présence des forces de l’ordre à l’intérieur de l’université. Selon les syndicats étudiant·es, deux étudiant·es ont été placé·es en garde à vue à la suite de cette mobilisation. L’Observatoire et la LDH rappellent que ces évènements interviennent dans un contexte plus large de répression des expressions de solidarité avec la Palestine en France. Les mobilisations dans les établissements d’enseignement supérieur avaient ainsi été fermement condamnées par le Président de la République dès mai 2024, après que plusieurs occupations pacifiques à Sciences Po, à la Sorbonne et à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) ont été brutalement évacuées par les forces de l’ordre. Le 7 mai 2024, 88 étudiant·es ont été placé·es en garde à vue à la suite d’une mobilisation pacifique à la Sorbonne. Une circulaire du ministre de l’Enseignement supérieur avait suivi le 4 octobre 2024, demandant aux présidences d’université de signaler au procureur toute infraction en lien avec la solidarité étudiante avec le peuple palestinien. Ces récentes atteintes à la liberté d’expression et de réunion pacifique suscitent de sérieuses inquiétudes quant à la multiplication des restrictions visant les voix critiques de la politique israélienne ou engagées dans la défense des droits des Palestinien·nes. L’Observatoire et la LDH rappellent également que la France doit respecter et ne pas entraver la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique, telles que protégées par les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi que par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Si ces dispositions autorisent certaines restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique, ces dernières doivent néanmoins répondre à une exigence de nécessité et de proportionnalité. L’Observatoire et la LDH expriment leur vive inquiétude concernant l’intervention des forces de l’ordre françaises au sein d’établissements universitaires dans le but de disperser et réprimer des étudiant·es mobilisé·es de manière pacifique. Ces sanctions disproportionnées, qui ne visent qu’à faire taire des activités légitimes de soutien au peuple palestinien et de critique d’un projet de loi largement contesté, sont également de nature à produire un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression et de réunion pacifique. L’Observatoire et la LDH appellent les autorités françaises à annuler les amendes délictuelles, et à veiller à ce qu’aucune poursuite ni sanction ne soit engagée contre les étudiant·es concerné·es. L’Observatoire appelle également les autorités à garantir que les étudiant·es puissent exercer librement leurs droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique sans crainte de représailles.]]> Paris-Genève, 7 mai 2026. L’intervention des forces de l’ordre au sein de Sciences Po et de la Sorbonne Université le 14 avril 2026 visant à réprimer des dizaines d’étudiant·es réuni·es et mobilisé·es en soutien à la Palestine, constitue une nouvelle étape préoccupante dans la restriction de la liberté d’expression et de réunion pacifique en France. La FIDH et l’OMCT, dans le cadre de l’Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains, et la Ligue des droits de l’Homme (LDH) condamnent fermement cette répression et appellent les autorités françaises à annuler les amendes délictuelles et à s’abstenir de toute autre mesure répressive à l’encontre des étudiant·es concerné·es. Le 14 avril 2026, plusieurs collectifs étudiants, dont le Comité Palestine Sciences Po, ont organisé des occupations simultanées à Sciences Po, à la Sorbonne, ainsi que dans d’autres établissements d’enseignement supérieur en France, afin de protester contre la proposition de loi Yadan, et contre la répression croissante des mobilisations pro-palestiniennes dans l’enseignement supérieur. Les étudiant·es demandaient notamment le retrait de cette proposition de loi, officiellement présentée comme visant à lutter contre les « formes renouvelées de l’antisémitisme », mais critiquée par de nombreuses organisations de défense des droits humains, et expert·es et rapporteur·es des Nations Unies en raison du risque qu’elle restreigne indûment la liberté d’expression. Les étudiant·es appelaient également à la fin de la répression du mouvement étudiant pro-palestinien et à la rupture des partenariats universitaires avec des institutions et entreprises qui seraient impliquées dans les violations des droits humains commises à Gaza. Aux alentours de 12h30, à Sciences Po, plus d’une centaine d’étudiant·es ont occupé pacifiquement l’amphithéâtre Boutmy situé au 27 rue Saint-Guillaume à Paris. Les participant·es y ont déployé des drapeaux palestiniens et des banderoles ayant notamment pour inscription « Israël Assassine » en dénonçant le génocide en cours contre le peuple palestinien. En réaction, la Présidence de l’établissement a fait évacuer l’ensemble du bâtiment sans chercher à entrer en contact avec les étudiant·es mobilisé·es ni à entendre leurs revendications. L’ensemble des cours prévus dans les bâtiments de l’établissement a ensuite été annulé. Moins de trois heures après le début de l’occupation, des dizaines de policier·es dont des agent·es de la BRAV-M (Brigade de Répression de l’Action Violente Motorisée) appelé·es par la Présidence de l’établissement sont intervenu·es au sein du campus. Selon les syndicats étudiants, plusieurs d’entre elles et eux qui souhaitaient quitter les lieux en ont été empêché·es par le service de sécurité de l’établissement avant l’arrivée de la police. Les étudiant·es ont ensuite été maintenu·es dans le hall du bâtiment, puis interpellé·es, aligné·es contre un mur dans le jardin de l’établissement, fouillé·es et photographié·es. Plusieurs d’entre elles et eux affirment avoir été traîné·es au sol ou violemment saisi·es par les forces de l’ordre. À l’issue de l’intervention, 76 étudiant·es de Sciences Po ont reçu une amende forfaitaire délictuelle minorée de 400 euros inscrite au casier judiciaire pour « introduction dans un établissement d’enseignement scolaire dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement » en application de l’article 431-22 du Code pénal. Le même jour, à la Sorbonne, plusieurs centaines d’étudiant·es ont occupé la cour centrale du campus situé place de la Sorbonne à Paris. Les participant·es y ont installé des tentes, déployé des banderoles et organisé un rassemblement à l’extérieur du site. L’occupation se poursuivait encore en début d’après-midi en présence des forces de l’ordre à l’intérieur de l’université. Selon les syndicats étudiant·es, deux étudiant·es ont été placé·es en garde à vue à la suite de cette mobilisation. L’Observatoire et la LDH rappellent que ces évènements interviennent dans un contexte plus large de répression des expressions de solidarité avec la Palestine en France. Les mobilisations dans les établissements d’enseignement supérieur avaient ainsi été fermement condamnées par le Président de la République dès mai 2024, après que plusieurs occupations pacifiques à Sciences Po, à la Sorbonne et à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) ont été brutalement évacuées par les forces de l’ordre. Le 7 mai 2024, 88 étudiant·es ont été placé·es en garde à vue à la suite d’une mobilisation pacifique à la Sorbonne. Une circulaire du ministre de l’Enseignement supérieur avait suivi le 4 octobre 2024, demandant aux présidences d’université de signaler au procureur toute infraction en lien avec la solidarité étudiante avec le peuple palestinien. Ces récentes atteintes à la liberté d’expression et de réunion pacifique suscitent de sérieuses inquiétudes quant à la multiplication des restrictions visant les voix critiques de la politique israélienne ou engagées dans la défense des droits des Palestinien·nes. L’Observatoire et la LDH rappellent également que la France doit respecter et ne pas entraver la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique, telles que protégées par les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi que par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Si ces dispositions autorisent certaines restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique, ces dernières doivent néanmoins répondre à une exigence de nécessité et de proportionnalité. L’Observatoire et la LDH expriment leur vive inquiétude concernant l’intervention des forces de l’ordre françaises au sein d’établissements universitaires dans le but de disperser et réprimer des étudiant·es mobilisé·es de manière pacifique. Ces sanctions disproportionnées, qui ne visent qu’à faire taire des activités légitimes de soutien au peuple palestinien et de critique d’un projet de loi largement contesté, sont également de nature à produire un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression et de réunion pacifique. L’Observatoire et la LDH appellent les autorités françaises à annuler les amendes délictuelles, et à veiller à ce qu’aucune poursuite ni sanction ne soit engagée contre les étudiant·es concerné·es. L’Observatoire appelle également les autorités à garantir que les étudiant·es puissent exercer librement leurs droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique sans crainte de représailles.]]>