https://observatoryfordefenders.org/es/ Wed, 26 Mar 2025 14:22:49 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://observatoryfordefenders.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-OB-eye-orange-32x32.png https://observatoryfordefenders.org/es/ 32 32 https://observatoryfordefenders.org/es/alert/honduras-mas-de-60-organizaciones-regionales-e-internacionales-nos-solidarizamos-con-las-comunidades-campesinas-del-bajo-aguan/ Tue, 18 Feb 2025 14:00:57 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=23067 Declaración Nacional de Emergencia en el Bajo Aguán emitida por organizaciones y movimientos sociales en Honduras el 31 de enero de 2024. Muchas de nosotras hemos acompañado o dado seguimiento desde hace años a la situación del Bajo Aguán, territorio que ha ido convirtiéndose en un lugar de conflicto armado por sectores que atentan contra la vida de comunidades, hombres y mujeres que defienden derechos, especialmente desde el movimiento campesino, y el derecho a la tierra y el territorio. Recientemente, nuestra preocupación por esta situación ha venido en aumento, pues desde finales del 2024 hemos tenido conocimiento de graves hechos violentos que se han desarrollado a partir de la presencia organizada y pública de hombres armados, que integran grupos de criminalidad organizada. A la intimidadora presencia de estos sujetos, se ha unido la comisión de secuestros y ataques armados, e incluso, el 31 de enero, el asesinato de dos personas integrantes de la cooperativa campesina Gregorio Chávez, José Luis Hernández y Suyapa Guillén, quien además integra la Red de Mujeres Campesinas. El estado de terror en que esta situación coloca a hombres, mujeres, niñas y niños que viven en este territorio, intenta desplazar a los cientos de familias que integran las cooperativas campesinas de Camarones, El Tranvío y El Chile, y continúa siendo un efectivo método para inhibir sus luchas campesinas y desestructurar los procesos organizativos, económicos y sociales que buscan garantizar una vida digna para esta población. Los grupos sicariales que han ejecutado estos hechos han sido apoyados por guardias de seguridad que responden a la Corporación DINANT y cuentan con la pasividad cómplice de las instituciones estatales, ya que algunos de estos hechos se han cometido en presencia de las fuerzas de seguridad policial del Estado. Esta falta de respuesta policial no es más que un reflejo de inoperatividad de las distintas autoridades, las cuales deberían responder frente a esta violencia y ante las causas estructurales que la generan. A ello se une la reacción meramente declarativa por parte de las autoridades, la falta de intervención efectiva de parte del sistema de justicia y los cambios institucionales y normativos que han operado para habilitar una intensa ejecución de desalojos, lo que en conjunto puede leerse como una actuación coherente que contradice lo públicamente acordado por el gobierno de Honduras y los acuerdos firmados por la presidenta Xiomara Castro con las organizaciones COPA y Plataforma Agraria, que representan al campesinado, en relación a cómo avanzar en la resolución de la histórica problemática de la tenencia de la tierra, y que genera una intervención de toda la institucionalidad a favor de los intereses de los grandes propietarios. Las organizaciones firmantes seguimos apoyando y acompañando a quienes legítimamente se organizan para acceder a la tierra y su producción, porque es la única manera de alcanzar recursos y derechos básicos para desarrollar una vida digna, y seguimos exigiendo el cese de la alarmante violencia y la impunidad de quienes la ejercen y de quienes deben detenerla.]]> Declaración Nacional de Emergencia en el Bajo Aguán emitida por organizaciones y movimientos sociales en Honduras el 31 de enero de 2024. Muchas de nosotras hemos acompañado o dado seguimiento desde hace años a la situación del Bajo Aguán, territorio que ha ido convirtiéndose en un lugar de conflicto armado por sectores que atentan contra la vida de comunidades, hombres y mujeres que defienden derechos, especialmente desde el movimiento campesino, y el derecho a la tierra y el territorio. Recientemente, nuestra preocupación por esta situación ha venido en aumento, pues desde finales del 2024 hemos tenido conocimiento de graves hechos violentos que se han desarrollado a partir de la presencia organizada y pública de hombres armados, que integran grupos de criminalidad organizada. A la intimidadora presencia de estos sujetos, se ha unido la comisión de secuestros y ataques armados, e incluso, el 31 de enero, el asesinato de dos personas integrantes de la cooperativa campesina Gregorio Chávez, José Luis Hernández y Suyapa Guillén, quien además integra la Red de Mujeres Campesinas. El estado de terror en que esta situación coloca a hombres, mujeres, niñas y niños que viven en este territorio, intenta desplazar a los cientos de familias que integran las cooperativas campesinas de Camarones, El Tranvío y El Chile, y continúa siendo un efectivo método para inhibir sus luchas campesinas y desestructurar los procesos organizativos, económicos y sociales que buscan garantizar una vida digna para esta población. Los grupos sicariales que han ejecutado estos hechos han sido apoyados por guardias de seguridad que responden a la Corporación DINANT y cuentan con la pasividad cómplice de las instituciones estatales, ya que algunos de estos hechos se han cometido en presencia de las fuerzas de seguridad policial del Estado. Esta falta de respuesta policial no es más que un reflejo de inoperatividad de las distintas autoridades, las cuales deberían responder frente a esta violencia y ante las causas estructurales que la generan. A ello se une la reacción meramente declarativa por parte de las autoridades, la falta de intervención efectiva de parte del sistema de justicia y los cambios institucionales y normativos que han operado para habilitar una intensa ejecución de desalojos, lo que en conjunto puede leerse como una actuación coherente que contradice lo públicamente acordado por el gobierno de Honduras y los acuerdos firmados por la presidenta Xiomara Castro con las organizaciones COPA y Plataforma Agraria, que representan al campesinado, en relación a cómo avanzar en la resolución de la histórica problemática de la tenencia de la tierra, y que genera una intervención de toda la institucionalidad a favor de los intereses de los grandes propietarios. Las organizaciones firmantes seguimos apoyando y acompañando a quienes legítimamente se organizan para acceder a la tierra y su producción, porque es la única manera de alcanzar recursos y derechos básicos para desarrollar una vida digna, y seguimos exigiendo el cese de la alarmante violencia y la impunidad de quienes la ejercen y de quienes deben detenerla.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/colombia-intimidaciones-y-amenazas-contra-lideres-sociales-de-asominsab-y-del-movimiento-rios-vivos/ Tue, 13 Feb 2024 07:48:12 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=21556 Richard Zapata, Vicepresidente del Movimiento Ríos Vivos y Representante legal de la Asociación de Barequeros, Pescadores y Agricultores de Sabanalarga (Asominsab) y las Sras. María Rojo Villa, Secretaria general del Movimiento Ríos Vivos y de Asominsab, y Luz Ángela Agudelo, integrante de la Coordinación general del Movimiento Ríos Vivos y Vicepresidenta de Asominsab. El Movimiento Ríos Vivos agrupa a 15 organizaciones sociales de base de mujeres, jóvenes, barequeros, agricultores, pescadores, cocineras, entre otros medios de vida que se han visto afectados por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, incluida Asominsab. Este movimiento protesta contra los diferentes impactos generados por el mega proyecto hidroeléctrico, tales como los desalojos forzados, la ausencia de compensación justa, de reubicación y acceso a tierras, así como los impactos negativos en la salud y en el medioambiente. El 22 de enero de 2024, cercano a las 3:00 de la mañana, hombres armados que se habrían identificado como integrantes del grupo armado ilegal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se presentaron de manera simultánea en los domicilios de Richard Zapata, María Rojo Villa y Luz Ángela Agudelo, ubicados en diferentes direcciones del casco urbano del municipio de Sabanalarga, departamento de Antioquia. Los hombres habrían exigido y acosado a las tres personas defensoras para que trabajaran para el grupo armado ilegal, entregando toda la información de las actividades que realizan. Los hombres armados también las habrían amenazado, al decirles que si no accedían a trabajar para el grupo armado tendrían que abandonar el territorio o atenerse a las consecuencias. Los defensores presentaron una denuncia ante las autoridades nacionales colombianas por estos actos de intimidación. A raíz de estas amenazas y ataques, los líderes y sus familias tuvieron que ser evacuados de las veredas y el casco urbano del municipio para garantizar su seguridad. Estos ataques se producen después de que Richard Zapata, María Rojo Villa y Luz Ángela Agudelo regresaron de una reunión de Coordinación General del Movimiento Ríos Vivos, realizada en la sede principal del movimiento, el día 21 de enero de 2024, ubicada en el Municipio de Toledo (Antioquia). La reunión contó con más de 40 líderes de las subregiones del norte, Occidente y Bajo Cauca del departamento de Antioquia, incluida la líderesa ambiental y Senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta. El Observatorio recuerda que estos nuevos actos de intimidación y amenazas se suman a las numerosas agresiones sufridas desde el años 2008 por las personas defensoras del río Cauca y de los derechos de las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango, incluido el asesinato de lideres. Estos se producen en un contexto de fuerte presencia y disputas entre grupos armados en los territorios de incidencia de la obra, a la cual han mostrado su respaldo, y de ocurrencia de múltiples ataques perpetuados por hombres armados en diferentes municipios. Recientemente, el 18 de diciembre de 2023, un hombre que se identificó como integrante de las AGC llamó al teléfono personal de la Presidenta del Movimiento Ríos Vivos, la Sra. Milena Flórez, exigiéndole un encuentro y demostrándole con suficiente detalle que conocían la sede del Movimiento y las actividades que realiza la organización. El Observatorio expresa su profunda preocupación por los actos de intimidación y amenazas en contras de Richard Zapata, María Rojo Villa, Luz Ángela Agudelo y Milena Flórez, que parecen ser represalias por su legitima labor en defensa de los derechos ambientales. El Observatorio urge a las autoridades colombianas a garantizar la protección y la integridad física y psicológica de Richard Zapata, María Rojo Villa, Luz Ángela Agudelo y Milena Flórez, y la de todas las personas integrantes del Movimiento Ríos Vivos, así como de sus familiares. El Observatorio también insta a las autoridades de Colombia a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos de intimidación y amenazas arriba mencionados, con el fin de identificar a todos los responsables materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y aplicarles las sanciones penales y de otra naturaleza judicial previstas en la normativa interna.]]> Richard Zapata, Vicepresidente del Movimiento Ríos Vivos y Representante legal de la Asociación de Barequeros, Pescadores y Agricultores de Sabanalarga (Asominsab) y las Sras. María Rojo Villa, Secretaria general del Movimiento Ríos Vivos y de Asominsab, y Luz Ángela Agudelo, integrante de la Coordinación general del Movimiento Ríos Vivos y Vicepresidenta de Asominsab. El Movimiento Ríos Vivos agrupa a 15 organizaciones sociales de base de mujeres, jóvenes, barequeros, agricultores, pescadores, cocineras, entre otros medios de vida que se han visto afectados por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, incluida Asominsab. Este movimiento protesta contra los diferentes impactos generados por el mega proyecto hidroeléctrico, tales como los desalojos forzados, la ausencia de compensación justa, de reubicación y acceso a tierras, así como los impactos negativos en la salud y en el medioambiente. El 22 de enero de 2024, cercano a las 3:00 de la mañana, hombres armados que se habrían identificado como integrantes del grupo armado ilegal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se presentaron de manera simultánea en los domicilios de Richard Zapata, María Rojo Villa y Luz Ángela Agudelo, ubicados en diferentes direcciones del casco urbano del municipio de Sabanalarga, departamento de Antioquia. Los hombres habrían exigido y acosado a las tres personas defensoras para que trabajaran para el grupo armado ilegal, entregando toda la información de las actividades que realizan. Los hombres armados también las habrían amenazado, al decirles que si no accedían a trabajar para el grupo armado tendrían que abandonar el territorio o atenerse a las consecuencias. Los defensores presentaron una denuncia ante las autoridades nacionales colombianas por estos actos de intimidación. A raíz de estas amenazas y ataques, los líderes y sus familias tuvieron que ser evacuados de las veredas y el casco urbano del municipio para garantizar su seguridad. Estos ataques se producen después de que Richard Zapata, María Rojo Villa y Luz Ángela Agudelo regresaron de una reunión de Coordinación General del Movimiento Ríos Vivos, realizada en la sede principal del movimiento, el día 21 de enero de 2024, ubicada en el Municipio de Toledo (Antioquia). La reunión contó con más de 40 líderes de las subregiones del norte, Occidente y Bajo Cauca del departamento de Antioquia, incluida la líderesa ambiental y Senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta. El Observatorio recuerda que estos nuevos actos de intimidación y amenazas se suman a las numerosas agresiones sufridas desde el años 2008 por las personas defensoras del río Cauca y de los derechos de las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango, incluido el asesinato de lideres. Estos se producen en un contexto de fuerte presencia y disputas entre grupos armados en los territorios de incidencia de la obra, a la cual han mostrado su respaldo, y de ocurrencia de múltiples ataques perpetuados por hombres armados en diferentes municipios. Recientemente, el 18 de diciembre de 2023, un hombre que se identificó como integrante de las AGC llamó al teléfono personal de la Presidenta del Movimiento Ríos Vivos, la Sra. Milena Flórez, exigiéndole un encuentro y demostrándole con suficiente detalle que conocían la sede del Movimiento y las actividades que realiza la organización. El Observatorio expresa su profunda preocupación por los actos de intimidación y amenazas en contras de Richard Zapata, María Rojo Villa, Luz Ángela Agudelo y Milena Flórez, que parecen ser represalias por su legitima labor en defensa de los derechos ambientales. El Observatorio urge a las autoridades colombianas a garantizar la protección y la integridad física y psicológica de Richard Zapata, María Rojo Villa, Luz Ángela Agudelo y Milena Flórez, y la de todas las personas integrantes del Movimiento Ríos Vivos, así como de sus familiares. El Observatorio también insta a las autoridades de Colombia a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos de intimidación y amenazas arriba mencionados, con el fin de identificar a todos los responsables materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y aplicarles las sanciones penales y de otra naturaleza judicial previstas en la normativa interna.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/rdc-intrusion-au-domicile-de-dismas-kitenge-menaces-et-intimidations/ Wed, 05 Apr 2023 20:23:43 +0000 https://observatoryfordefenders.org/?post_type=alert&p=20139 Dismas Kitenge, président du Groupe Lotus, une organisation non gouvernementale membre de la FIDH et du Réseau SOS-Torture de l’OMCT basée à Kisangani, qui dénonce les violations des droits humains, alerte l’opinion publique et enquête sur les pratiques des autorités pour les contraindre à respecter la règle de droit. Le Groupe Lotus soutient également les victimes de discrimination et d’oppression en raison de leur appartenance à un groupe social, national ou religieux, ou de leur opinion politique, et informe, enseigne et promeut les valeurs des droits humains et les principes démocratiques pour les faire avancer en RDC. Dans la nuit du 28 au 29 mars 2023, des individus armés non identifiés, cagoulés et en tenue militaire, ont attaqué le domicile de Dismas Kitenge à Kisangani, dans lequel se trouvaient des membres de sa famille au moment des faits. Les individus en question se sont introduits par effraction dans le domicile de M. Kitenge, après avoir tiré sur la porte avec des armes à feu. Ils ont fouillé plusieurs pièces de la maison à la recherche de M. Kitenge, qu’ils n’ont pas trouvé sur les lieux, avant de se saisir de biens de valeur, y compris deux télévisions, un amplificateur, deux téléphones et de l’argent liquide. En quittant les lieux, les individus ont tiré sur le terrain devant la maison en promettant de revenir prochainement. Suite à cette intrusion, Dismas Kitenge a déposé plainte contre inconnu auprès du bureau de l'Auditeur supérieur près la Cour Militaire de la Tshopo et des Uélés, mais aucune enquête n’avait été ouverte au moment de la publication de cet Appel Urgent. Cette intrusion intervient après une interview que M. Kitenge a accordé aux médias RFI et actualité.cd le 25 mars 2023, au sujet de la nomination du nouveau gouvernement congolais. À l’issue de cette interview, M. Kitenge a reçu des menaces de mort par le biais d’appels téléphoniques anonymes, et a été pris à partie et menacé de mort dans la rue le 26 mars 2023 par un groupe de jeunes se réclamant du parti politique de Jean-Pierre Mbemba, le nouveau ministre de la Défense congolais. L’Observatoire rappelle que ce n’est pas la première fois que Dismas Kitenge fait l’objet de menaces et d’actes d’intimidation. En septembre 2020, M. Kitenge et sa famille ont été victimes de menaces de morts et d’injures via des appels anonymes en raison des prises de position de M. Kitenge contre les autorités et personnalités publiques de RDC. Suite à ces menaces, M. Kitenge a saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kisangani d’une plainte contre inconnu, demandant l’identification et la poursuite en justice de l’auteur des menaces ainsi que des mesures de protection pour lui et sa famille. En octobre 2020, M. Kitenge et sa famille ont bénéficié de mesures de relocalisation temporaire. Toutefois, au moment de la publication de cet Appel Urgent, aucune suite n’avait été donnée à la plainte déposée par M. Kitenge. En janvier 2022, Dismas Kitenge a à nouveau fait l’objet de divers actes de malveillance, y compris des menaces anonymes et d’injures et d’intimidation, suite à des publications sur les réseaux sociaux. L’Observatoire exprime sa vive inquiétude face aux nouvelles attaques, menaces et actes d’intimidation à l’encontre de Dismas Kitenge et sa famille qui ne semblent viser qu’à le dissuader d’exercer ses activités légitimes de défense des droits humains et son droit à la liberté d’expression. L’Observatoire appelle les autorités congolaises à mettre fin à ces actes de menaces et d’intimidation, à mener une enquête indépendante, rigoureuse, impartiale et transparente afin d’en identifier les responsables et de les traduire devant un tribunal indépendant, compétent et impartial. L’Observatoire appelle également les autorités congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de M. Dismas Kitenge et de sa famille.]]> Dismas Kitenge, président du Groupe Lotus, une organisation non gouvernementale membre de la FIDH et du Réseau SOS-Torture de l’OMCT basée à Kisangani, qui dénonce les violations des droits humains, alerte l’opinion publique et enquête sur les pratiques des autorités pour les contraindre à respecter la règle de droit. Le Groupe Lotus soutient également les victimes de discrimination et d’oppression en raison de leur appartenance à un groupe social, national ou religieux, ou de leur opinion politique, et informe, enseigne et promeut les valeurs des droits humains et les principes démocratiques pour les faire avancer en RDC. Dans la nuit du 28 au 29 mars 2023, des individus armés non identifiés, cagoulés et en tenue militaire, ont attaqué le domicile de Dismas Kitenge à Kisangani, dans lequel se trouvaient des membres de sa famille au moment des faits. Les individus en question se sont introduits par effraction dans le domicile de M. Kitenge, après avoir tiré sur la porte avec des armes à feu. Ils ont fouillé plusieurs pièces de la maison à la recherche de M. Kitenge, qu’ils n’ont pas trouvé sur les lieux, avant de se saisir de biens de valeur, y compris deux télévisions, un amplificateur, deux téléphones et de l’argent liquide. En quittant les lieux, les individus ont tiré sur le terrain devant la maison en promettant de revenir prochainement. Suite à cette intrusion, Dismas Kitenge a déposé plainte contre inconnu auprès du bureau de l'Auditeur supérieur près la Cour Militaire de la Tshopo et des Uélés, mais aucune enquête n’avait été ouverte au moment de la publication de cet Appel Urgent. Cette intrusion intervient après une interview que M. Kitenge a accordé aux médias RFI et actualité.cd le 25 mars 2023, au sujet de la nomination du nouveau gouvernement congolais. À l’issue de cette interview, M. Kitenge a reçu des menaces de mort par le biais d’appels téléphoniques anonymes, et a été pris à partie et menacé de mort dans la rue le 26 mars 2023 par un groupe de jeunes se réclamant du parti politique de Jean-Pierre Mbemba, le nouveau ministre de la Défense congolais. L’Observatoire rappelle que ce n’est pas la première fois que Dismas Kitenge fait l’objet de menaces et d’actes d’intimidation. En septembre 2020, M. Kitenge et sa famille ont été victimes de menaces de morts et d’injures via des appels anonymes en raison des prises de position de M. Kitenge contre les autorités et personnalités publiques de RDC. Suite à ces menaces, M. Kitenge a saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kisangani d’une plainte contre inconnu, demandant l’identification et la poursuite en justice de l’auteur des menaces ainsi que des mesures de protection pour lui et sa famille. En octobre 2020, M. Kitenge et sa famille ont bénéficié de mesures de relocalisation temporaire. Toutefois, au moment de la publication de cet Appel Urgent, aucune suite n’avait été donnée à la plainte déposée par M. Kitenge. En janvier 2022, Dismas Kitenge a à nouveau fait l’objet de divers actes de malveillance, y compris des menaces anonymes et d’injures et d’intimidation, suite à des publications sur les réseaux sociaux. L’Observatoire exprime sa vive inquiétude face aux nouvelles attaques, menaces et actes d’intimidation à l’encontre de Dismas Kitenge et sa famille qui ne semblent viser qu’à le dissuader d’exercer ses activités légitimes de défense des droits humains et son droit à la liberté d’expression. L’Observatoire appelle les autorités congolaises à mettre fin à ces actes de menaces et d’intimidation, à mener une enquête indépendante, rigoureuse, impartiale et transparente afin d’en identifier les responsables et de les traduire devant un tribunal indépendant, compétent et impartial. L’Observatoire appelle également les autorités congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de M. Dismas Kitenge et de sa famille.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/colombia-amenazas-de-muerte-contra-organizaciones-y-personas-defensoras-de-derechos-humanos/ Tue, 07 Dec 2021 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=17840 Juan David Rivera, miembro del CSPP, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) y el CAJAR. El 2 de diciembre de 2021, Juan David Rivera advirtió que un individuo en bicicleta le seguía mientras paseaba por la calle en Bogotá junto con su mascota, por lo que intentó alejarse. Sin embargo, el individuo lo interceptó y le preguntó información sobre un parque cercano. Posteriormente, el individuo se levantó la camiseta y le mostró un arma, indicando que era “de limpieza social” y preguntó al defensor de derechos humanos sobre su trabajo. Juan David Rivera se alejó del individuo; sin embargo, éste lo interceptó de nuevo y le ordenó que hablara y que le diera su cédula de identidad. El individuo se levantó la camiseta de nuevo y preguntó a Juan David Rivera si no temía por su vida, y añadió “usted quiere que le meta un pepazo en la cabeza”, refiriéndose a un disparo. Juan David Rivera no llevaba encima su cédula de identidad, por lo que le fue requerido que entregara su teléfono móvil y mostrara “los dos últimos números para ver que no es el número del comité ese de presos”. A continuación, el individuo sacó su arma, apunto a Juan David Rivera a la cabeza y amenazó “le estalla la cabeza y el Comité de Presos no lo va a venir a salvar. Esos hijueputas [sic] izquierdosos no lo van a venir a ayudar”. El individuo se alejó en bicicleta con el teléfono móvil de Juan David Rivera cuando percibió que había otras personas presentes en la calle. El Observatorio expresa su más alta preocupación por las amenazas de muerte contra Juan David Rivera y el CSPP y recuerda que en reiteradas ocasiones esta organización y sus miembros han sido víctimas de actos de intimidación, múltiples ataques y amenazas de muerte por su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos. En los últimos meses, estas amenazas han incrementado de manera preocupante. Así, de acuerdo con el CSPP, el 18 de noviembre de 2021, Walter Agredo, coordinador de la seccional Valle del CSPP recibió amenazas de muerte mediante un panfleto firmado por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Días antes, el 13 de noviembre, Adriana Lizarazo, su familia y la seccional Santander del CSPP fueron asimismo amenazados por una persona que se identificó como perteneciente a las AGC. El 23 de septiembre de 2021, el abogado de la seccional Atlántico del CSPP Deivi Flores recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica. Posteriormente, María Cedeño, coordinadora de la seccional Atlántico y Secretaria General del CSPP, recibió llamadas desde el mismo número de teléfono usado para amenazar al Sr. Flores. Finalmente, el 22 de septiembre de 2021, Flor Múnera, coordinadora de la seccional Tolima del CSPP recibió un panfleto con amenazas de muerte firmado por Águilas Negras – Bloque Capital. Asimismo, el 4 de diciembre de 2021, se conoció a través de la cuenta Twitter de Reynaldo Villalba, Vicepresidente de la FIDH y Presidente del CAJAR, un panfleto firmado por Águilas Negras – Bloque Capital en el que se profieren amenazas contra numerosas personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, incluido el MOVICE, ANDAS y el CAJAR. En el documento se lee: “Es hora de que los terroristas y narcotraficantes disfrazados de corbata o con capuchas, igual que los periodistas al servicio de la guerra sucia y militantes activos sepan que ha llegado su hora y que no vamos a tolerar que uno más de los asesinos de nuestros campesinos lleguen a ocupar cargos públicos, eso lo tuvieron con el traidor de Juan Manuel Santos, pero ya no habrá en Colombia otro presidente pusilánime que entregue la patria a la narco guerrilla.” Allí se señala que además de las organizaciones mencionadas y a otras personas representantes de partidos políticos, “y todos los militantes de las primeras líneas que tenemos identificados, serán las primeras cabezas que rodaran [sic] como ejemplo para el resto de malparidos que crean que estamos jugando”. El Observatorio reitera su preocupación por el contexto de violencia en el que operan las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, habiéndose contabilizado 152 agresiones contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2021, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se han asesinado a 831 personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. Por todo ello, el Observatorio urge a las autoridades colombianas a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar la seguridad y la integridad física y psicológica de la membresía del CSPP, del CAJAR, de MOVICE, de ANDAS y sus familias, y a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas de muerte arriba mencionadas. Es deber del Estado colombiano tomar todas las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de violaciones graves de derechos humanos. El Estado debe comprometerse públicamente con la implementación integral del Acuerdo de Paz, asumiendo su carácter de compromiso de Estado, y particularmente en lo relativo a las garantías de seguridad para comunidades, organizaciones y liderazgos sociales.]]> Juan David Rivera, miembro del CSPP, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) y el CAJAR. El 2 de diciembre de 2021, Juan David Rivera advirtió que un individuo en bicicleta le seguía mientras paseaba por la calle en Bogotá junto con su mascota, por lo que intentó alejarse. Sin embargo, el individuo lo interceptó y le preguntó información sobre un parque cercano. Posteriormente, el individuo se levantó la camiseta y le mostró un arma, indicando que era “de limpieza social” y preguntó al defensor de derechos humanos sobre su trabajo. Juan David Rivera se alejó del individuo; sin embargo, éste lo interceptó de nuevo y le ordenó que hablara y que le diera su cédula de identidad. El individuo se levantó la camiseta de nuevo y preguntó a Juan David Rivera si no temía por su vida, y añadió “usted quiere que le meta un pepazo en la cabeza”, refiriéndose a un disparo. Juan David Rivera no llevaba encima su cédula de identidad, por lo que le fue requerido que entregara su teléfono móvil y mostrara “los dos últimos números para ver que no es el número del comité ese de presos”. A continuación, el individuo sacó su arma, apunto a Juan David Rivera a la cabeza y amenazó “le estalla la cabeza y el Comité de Presos no lo va a venir a salvar. Esos hijueputas [sic] izquierdosos no lo van a venir a ayudar”. El individuo se alejó en bicicleta con el teléfono móvil de Juan David Rivera cuando percibió que había otras personas presentes en la calle. El Observatorio expresa su más alta preocupación por las amenazas de muerte contra Juan David Rivera y el CSPP y recuerda que en reiteradas ocasiones esta organización y sus miembros han sido víctimas de actos de intimidación, múltiples ataques y amenazas de muerte por su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos. En los últimos meses, estas amenazas han incrementado de manera preocupante. Así, de acuerdo con el CSPP, el 18 de noviembre de 2021, Walter Agredo, coordinador de la seccional Valle del CSPP recibió amenazas de muerte mediante un panfleto firmado por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Días antes, el 13 de noviembre, Adriana Lizarazo, su familia y la seccional Santander del CSPP fueron asimismo amenazados por una persona que se identificó como perteneciente a las AGC. El 23 de septiembre de 2021, el abogado de la seccional Atlántico del CSPP Deivi Flores recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica. Posteriormente, María Cedeño, coordinadora de la seccional Atlántico y Secretaria General del CSPP, recibió llamadas desde el mismo número de teléfono usado para amenazar al Sr. Flores. Finalmente, el 22 de septiembre de 2021, Flor Múnera, coordinadora de la seccional Tolima del CSPP recibió un panfleto con amenazas de muerte firmado por Águilas Negras – Bloque Capital. Asimismo, el 4 de diciembre de 2021, se conoció a través de la cuenta Twitter de Reynaldo Villalba, Vicepresidente de la FIDH y Presidente del CAJAR, un panfleto firmado por Águilas Negras – Bloque Capital en el que se profieren amenazas contra numerosas personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, incluido el MOVICE, ANDAS y el CAJAR. En el documento se lee: “Es hora de que los terroristas y narcotraficantes disfrazados de corbata o con capuchas, igual que los periodistas al servicio de la guerra sucia y militantes activos sepan que ha llegado su hora y que no vamos a tolerar que uno más de los asesinos de nuestros campesinos lleguen a ocupar cargos públicos, eso lo tuvieron con el traidor de Juan Manuel Santos, pero ya no habrá en Colombia otro presidente pusilánime que entregue la patria a la narco guerrilla.” Allí se señala que además de las organizaciones mencionadas y a otras personas representantes de partidos políticos, “y todos los militantes de las primeras líneas que tenemos identificados, serán las primeras cabezas que rodaran [sic] como ejemplo para el resto de malparidos que crean que estamos jugando”. El Observatorio reitera su preocupación por el contexto de violencia en el que operan las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, habiéndose contabilizado 152 agresiones contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2021, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se han asesinado a 831 personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. Por todo ello, el Observatorio urge a las autoridades colombianas a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar la seguridad y la integridad física y psicológica de la membresía del CSPP, del CAJAR, de MOVICE, de ANDAS y sus familias, y a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas de muerte arriba mencionadas. Es deber del Estado colombiano tomar todas las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de violaciones graves de derechos humanos. El Estado debe comprometerse públicamente con la implementación integral del Acuerdo de Paz, asumiendo su carácter de compromiso de Estado, y particularmente en lo relativo a las garantías de seguridad para comunidades, organizaciones y liderazgos sociales.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/col-005-1121-obs-118-adriana-lizarazo/ Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=17768 Adriana Lizarazo, su familia y las personas integrantes de la seccional Santander del CSPP, una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT. La Sra. Lizarazo es coordinadora de la seccional del departamento de Santander del CSPP y vocera del Nodo Nororiente de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU)[1]. El 13 de noviembre de 2021, al mediodía, Adriana Lizarazo recibió numerosos mensajes de WhatsApp en su teléfono móvil de un individuo que se identificó como miembro del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Los mensajes, que evidenciaban que las AGC disponen de información privada sobre la defensora, su lugar de residencia, trabajo y familia, solicitaban de manera insistente una reunión con Adriana Lizarazo, indicando que de lo contrario tomarían medidas en su contra. Al no responder a ninguno de los mensajes, el individuo amenazó de muerte a Adriana Lizarazo y declaró la seccional Santander del CSPP y sus miembros como objetivo militar, enviando fotos de armas y de un individuo desconocido vestido con ropa militar y un brazalete con las siglas de las AGC. El Observatorio expresa su más alta preocupación por las amenazas de muerte contra Adriana Lizarazo, su familia y la membresía de la seccional Santander del CSPP y recuerda que el CSPP ha sido víctima de actos de intimidación, múltiples ataques y amenazas de muerte por su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos. El Observatorio reitera su preocupación por el contexto de violencia en el que operan las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, habiéndose contabilizado 152 agresiones contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2021, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Por todo ello, el Observatorio urge a las autoridades colombianas a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar la seguridad y la integridad física y psicológica de Adriana Lizarazo, su familia y del conjunto de personas que conforman la seccional Santander del CSPP, y a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas de muerte arriba mencionadas.]]> Adriana Lizarazo, su familia y las personas integrantes de la seccional Santander del CSPP, una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT. La Sra. Lizarazo es coordinadora de la seccional del departamento de Santander del CSPP y vocera del Nodo Nororiente de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU)[1]. El 13 de noviembre de 2021, al mediodía, Adriana Lizarazo recibió numerosos mensajes de WhatsApp en su teléfono móvil de un individuo que se identificó como miembro del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Los mensajes, que evidenciaban que las AGC disponen de información privada sobre la defensora, su lugar de residencia, trabajo y familia, solicitaban de manera insistente una reunión con Adriana Lizarazo, indicando que de lo contrario tomarían medidas en su contra. Al no responder a ninguno de los mensajes, el individuo amenazó de muerte a Adriana Lizarazo y declaró la seccional Santander del CSPP y sus miembros como objetivo militar, enviando fotos de armas y de un individuo desconocido vestido con ropa militar y un brazalete con las siglas de las AGC. El Observatorio expresa su más alta preocupación por las amenazas de muerte contra Adriana Lizarazo, su familia y la membresía de la seccional Santander del CSPP y recuerda que el CSPP ha sido víctima de actos de intimidación, múltiples ataques y amenazas de muerte por su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos. El Observatorio reitera su preocupación por el contexto de violencia en el que operan las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, habiéndose contabilizado 152 agresiones contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2021, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Por todo ello, el Observatorio urge a las autoridades colombianas a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar la seguridad y la integridad física y psicológica de Adriana Lizarazo, su familia y del conjunto de personas que conforman la seccional Santander del CSPP, y a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas de muerte arriba mencionadas.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/col-004-0621-obs-067-argenis-yatacue/ Fri, 11 Jun 2021 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=17265 Argenis Yatacué, profesora, Sa’t We’sx (autoridad ancestral) del pueblo indígena Nasa y miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y Beatriz Cano, comunicadora social y miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quien acompañaba el pueblo indígena Nasa en la defensa de sus derechos y de su territorio. El 9 de junio de 2021, Argenis Yatacué y su compañero Marcelino Yatacué, residentes de la vereda Media Naranja, en el resguardo Páez de Corinto, fueron asesinados por un grupo de hombres armados en la entrada del casco urbano de Corinto. Los atacantes dejaron un letrero al lado de sus cuerpos con el mensaje “Por la muerte de Cortico ELN” [1]. El 4 de junio de 2021, el coche en el que se desplazaba Beatriz Cano en el municipio de Santander de Quilichao fue atacado por un grupo de hombres armados que se desplazaban en una furgoneta y quienes habían disparado minutos antes contra la instalación policial del mismo municipio. Falleció tres días más tarde, el 7 de junio de 2021, en la Clínica Valle de Lili, en la ciudad de Cali. Viajaban con ella su hija de 5 años y su compañero César Galarza, así como el comunero Floresmino Tróchez, ambos miembros del ACIN. Todos ellos resultaron gravemente heridos durante el ataque. En el momento de publicación de este llamado urgente, se encuentran ingresados en la misma clínica donde falleció Beatriz Cano. El Observatorio rechaza contundentemente estos asesinatos y muestra, una vez más, su más alta preocupación por los ataques sistemáticos contra quienes defienden los derechos humanos en el Cauca, incluidos los asesinatos de Sandra Peña Chocué y Avelino Ull y el ataque armado contra Daniela Soto, todos ellos integrantes del CRIC. Este departamento se encuentra azotado por altos niveles de violencia debido al persistente conflicto por el control de los recursos y el territorio entre diversos grupos armados ilegales, así como por la falta de implementación de los Acuerdos de Paz de 2016. En este sentido, los asesinatos de Argenis Yatacué y Beatriz Cano, se suman al de las 7 personas defensoras de derechos humanos asesinadas desde el 1 de enero de 2021 en el departamento del Cauca, de las cuales tres han sido mujeres y dos de ellas indígenas, así como a los 1173 asesinatos de personas defensoras y líderes sociales en Colombia desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, de acuerdo con las cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El Observatorio urge a las autoridades colombianas a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de quienes defienden el territorio y los derechos indígenas en el departamento del Cauca, y a investigar de manera inmediata e independiente los actos de violencia en su contra. Asimismo, el Observatorio exhorta a las autoridades competentes a poner fin a la impunidad sobre los asesinatos de personas defensoras y a implementar de manera efectiva las medidas incluidas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de 2016, con el fin de establecer garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y planes de desarrollo territorial sostenibles.]]> Argenis Yatacué, profesora, Sa’t We’sx (autoridad ancestral) del pueblo indígena Nasa y miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y Beatriz Cano, comunicadora social y miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quien acompañaba el pueblo indígena Nasa en la defensa de sus derechos y de su territorio. El 9 de junio de 2021, Argenis Yatacué y su compañero Marcelino Yatacué, residentes de la vereda Media Naranja, en el resguardo Páez de Corinto, fueron asesinados por un grupo de hombres armados en la entrada del casco urbano de Corinto. Los atacantes dejaron un letrero al lado de sus cuerpos con el mensaje “Por la muerte de Cortico ELN” [1]. El 4 de junio de 2021, el coche en el que se desplazaba Beatriz Cano en el municipio de Santander de Quilichao fue atacado por un grupo de hombres armados que se desplazaban en una furgoneta y quienes habían disparado minutos antes contra la instalación policial del mismo municipio. Falleció tres días más tarde, el 7 de junio de 2021, en la Clínica Valle de Lili, en la ciudad de Cali. Viajaban con ella su hija de 5 años y su compañero César Galarza, así como el comunero Floresmino Tróchez, ambos miembros del ACIN. Todos ellos resultaron gravemente heridos durante el ataque. En el momento de publicación de este llamado urgente, se encuentran ingresados en la misma clínica donde falleció Beatriz Cano. El Observatorio rechaza contundentemente estos asesinatos y muestra, una vez más, su más alta preocupación por los ataques sistemáticos contra quienes defienden los derechos humanos en el Cauca, incluidos los asesinatos de Sandra Peña Chocué y Avelino Ull y el ataque armado contra Daniela Soto, todos ellos integrantes del CRIC. Este departamento se encuentra azotado por altos niveles de violencia debido al persistente conflicto por el control de los recursos y el territorio entre diversos grupos armados ilegales, así como por la falta de implementación de los Acuerdos de Paz de 2016. En este sentido, los asesinatos de Argenis Yatacué y Beatriz Cano, se suman al de las 7 personas defensoras de derechos humanos asesinadas desde el 1 de enero de 2021 en el departamento del Cauca, de las cuales tres han sido mujeres y dos de ellas indígenas, así como a los 1173 asesinatos de personas defensoras y líderes sociales en Colombia desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, de acuerdo con las cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El Observatorio urge a las autoridades colombianas a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de quienes defienden el territorio y los derechos indígenas en el departamento del Cauca, y a investigar de manera inmediata e independiente los actos de violencia en su contra. Asimismo, el Observatorio exhorta a las autoridades competentes a poner fin a la impunidad sobre los asesinatos de personas defensoras y a implementar de manera efectiva las medidas incluidas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de 2016, con el fin de establecer garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y planes de desarrollo territorial sostenibles.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/dcl-hti-100621-pierre-esperance/ Thu, 10 Jun 2021 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=17261 Pierre Espérance, le directeur exécutif du RNDDH, membre de la FIDH en Haïti, car, a-t-il dit, il sait où le trouver. Il a par ailleurs affirmé qu’il comptait attaquer les locaux du RNDDH. L’Observatoire rappelle que ce n’est pas la première fois que Pierre Espérance et le RNDDH font l’objet d’attaques et de menaces. En avril 2021, Jimmy Chérizier alias « Barbecue », avait déjà publiquement proféré des menaces de mort à l’encontre de Pierre Espérance. De plus, le chef de gang aurait mis au point un plan pour assassiner le défenseur des droits humains et aurait organisé des filatures avec ses hommes à cet effet. Auparavant, en mai 2020, des individus non-identifiés avaient tiré avec des armes à feu sur le bureau du RNDDH à Port-au-Prince, sans faire de victime. En avril 2018, le bureau de l’organisation avait déjà été criblé de balles par des individus non-identifiés qui avaient, en outre, proféré des menaces de mort à l’encontre de Pierre Espérance. Le 23 avril 2019, une rencontre de planification de l’assassinat de M. Espérance s’était tenue au Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales en présence du Ministre lui-même et de Jimmy Chérizier, dont les hommes avaient effectué des reconnaissances au caractère intimidant aux abords du local du RNDDH. L’Observatoire note avec inquiétude que ces nouvelles menaces à l’encontre de Pierre Espérance se produisent dans un contexte d’insécurité croissante et de montée en puissance des groupes armés dans le pays, alors même que le Président Jovenel Moïse, dont le mandat est officiellement terminé depuis le 7 février 2021, refuse de quitter le pouvoir. L’Observatoire condamne fermement les menaces de mort dont est victime Pierre Espérance et appelle les autorités haïtiennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir son intégrité physique et son bien être psychologique, et pour qu’il puisse poursuivre ses activités légitimes de défense des droits humains en toute sécurité, sans entrave ni crainte de représailles. Plus largement, l’Observatoire enjoint les autorités haïtiennes à reconnaître le rôle primordial des défenseurs des droits humains dans le pays et à les protéger contre tout acte d’intimidation ou de représailles. L’Observatoire, partenariat de la FIDH et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a vocation à protéger les défenseurs des droits de l’Homme victimes de violations et à leur apporter une aide aussi concrète que possible. La FIDH et l’OMCT sont membres de ProtectDefenders.eu, le mécanisme de l’Union européenne pour les défenseurs des droits de l’Homme mis en œuvre par la société civile internationale.]]> Pierre Espérance, le directeur exécutif du RNDDH, membre de la FIDH en Haïti, car, a-t-il dit, il sait où le trouver. Il a par ailleurs affirmé qu’il comptait attaquer les locaux du RNDDH. L’Observatoire rappelle que ce n’est pas la première fois que Pierre Espérance et le RNDDH font l’objet d’attaques et de menaces. En avril 2021, Jimmy Chérizier alias « Barbecue », avait déjà publiquement proféré des menaces de mort à l’encontre de Pierre Espérance. De plus, le chef de gang aurait mis au point un plan pour assassiner le défenseur des droits humains et aurait organisé des filatures avec ses hommes à cet effet. Auparavant, en mai 2020, des individus non-identifiés avaient tiré avec des armes à feu sur le bureau du RNDDH à Port-au-Prince, sans faire de victime. En avril 2018, le bureau de l’organisation avait déjà été criblé de balles par des individus non-identifiés qui avaient, en outre, proféré des menaces de mort à l’encontre de Pierre Espérance. Le 23 avril 2019, une rencontre de planification de l’assassinat de M. Espérance s’était tenue au Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales en présence du Ministre lui-même et de Jimmy Chérizier, dont les hommes avaient effectué des reconnaissances au caractère intimidant aux abords du local du RNDDH. L’Observatoire note avec inquiétude que ces nouvelles menaces à l’encontre de Pierre Espérance se produisent dans un contexte d’insécurité croissante et de montée en puissance des groupes armés dans le pays, alors même que le Président Jovenel Moïse, dont le mandat est officiellement terminé depuis le 7 février 2021, refuse de quitter le pouvoir. L’Observatoire condamne fermement les menaces de mort dont est victime Pierre Espérance et appelle les autorités haïtiennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir son intégrité physique et son bien être psychologique, et pour qu’il puisse poursuivre ses activités légitimes de défense des droits humains en toute sécurité, sans entrave ni crainte de représailles. Plus largement, l’Observatoire enjoint les autorités haïtiennes à reconnaître le rôle primordial des défenseurs des droits humains dans le pays et à les protéger contre tout acte d’intimidation ou de représailles. L’Observatoire, partenariat de la FIDH et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a vocation à protéger les défenseurs des droits de l’Homme victimes de violations et à leur apporter une aide aussi concrète que possible. La FIDH et l’OMCT sont membres de ProtectDefenders.eu, le mécanisme de l’Union européenne pour les défenseurs des droits de l’Homme mis en œuvre par la société civile internationale.]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/dcl-afg-190521/ Wed, 19 May 2021 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=17213 report published by the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) in February 2021, noted that 65 media practitioners and human rights defenders have been killed since 2018. In most of these cases, no perpetrators have been held to account. These attacks are aimed at silencing peaceful dissent and those working on human rights, especially women’s rights, as well as those seeking justice and accountability for human rights violations. The timing of escalating attacks against human rights defenders, activists and journalists appears to be linked to the ongoing peace process between the Government of Afghanistan, the United States, and the Taliban. It is vital to uphold and prioritize freedom of expression during this critical time in Afghanistan and for its future. The progress made on creating safe space for human rights defenders especially women human rights defenders and journalists is at stake with the United States and NATO forces’ full withdrawal announcement from Afghanistan by 11 September 2021. The attack targeting school children in Kabul on 8 May, is a devastating reminder of escalating violence against civilians, especially against women and girls. The international community, as stakeholders of the current political processes, including the United States, United Kingdom, European Union, and NATO member States, should under international human rights, humanitarian and criminal law, protect the rights of all, especially those being targeted such as human rights defenders and civil society activists. However, with the announcement of unconditional withdrawal and no progress on the peace process, the promotion and protection of the rights of human rights defenders and journalists does not seem to be a priority. The lack of respect for International Humanitarian Law and the absence of accountability for attacks against human rights defenders and activists, have only increased the danger to defenders and emboldened perpetrators.Afghan authorities and the international community must call on all parties to stop using civilian targets for military gains and safeguard the progress in human rights made over the last two decades and ensure that they are not scaled back as a result of the ongoing negotiations. Civil society members, women human rights defenders and journalists are systematically threatened and attacked for the work they carry out. Those working outside the capital are especially exposed to serious threats due to lack of support available in Kabul and through some international networks and embassies. Many of these defenders have had to relocate within Afghanistan and, in some cases, even temporarily leave the country with their families for safety concerns. Defenders fear publicly denouncing attacks they are subjected to due to concerns over security and sustainability of their work. This demonstrates the immense pressure under which Afghan defenders, activists and journalists are forced to live and work. State mechanisms for the protection of defenders including the recently appointed Joint Commission for the Protection of Human Rights Defenders have yet to be operationalized. The government has failed to adequately respond to complaints of threats and early warning signals of attacks against human rights defenders and journalists. Defenders are faced with an impossible choice of balancing their commitment to work in their country with threats against themselves and their families. We call on the Government of Afghanistan to take greater responsibility to ensure the safety and security of defenders, activists, and journalists, and to end impunity for the attacks against them. Women human rights defenders, journalistsand minority groups in Afghanistan have been among the worst affected. Many women defenders have been compelled to relocate internally or outside the country, stop their work, or stay at home. Attacks on women defenders have included harassment of family members and colleagues. Women who have campaigned for years for equal rights, and equal participation in public spaces, including the peace process, have found themselves under attack in reprisals against them for their work. The Government of Afghanistan and international stakeholders and facilitators in the ongoing peace process, must take responsibility through their conduct and engagement in the country to stop the increase in violent attacks against human rights defenders. Rights groups and the United Nations have consistently called for the effective participation of civil society representatives, especially women human rights defenders, in the peace process given its huge impact on security on the ground. Despite this, and even though rights groups and women defenders have worked continuously to engage with the peace process, the Moscow summit in March 2021 did not see effective representation of women. A peace process, or negotiation, that fails to include women representatives adequately and effectively, and in parallel engages with the Taliban without benchmarks on human rights, undermines women’s safety and progress made on human rights over the past years. Much more must be done to ensure that the peace process takes into account the threats, harassment, intimidation and attacks occurring in the country and to ensure that it does not exacerbate people’s suffering. The crisis unfolding in the country requires a strong commitment to direct engagement and support for Afghan defenders to work and live in safety and dignity. It requires the international community to proactively support those defenders who have worked to promote and protect human rights, at great personal cost. As human rights organizations focusing on the protection of human rights defenders, we call for an effective protection mechanism for human rights defenders in Afghanistan. We therefore call on the Government of Afghanistan and relevant international actors to take the following measures:

• The newly established government-lead Joint Commission must deliver on its objectives to provide effective protection to human rights defenders at risk. We call for access to information on the measures that the Joint Commission has taken so far to provide immediate protection to defenders, investigate the threats against them and to bring suspected perpetrators to justice.
• Ensure that human rights standards and the protection of human rights defenders are articulated as key benchmarks for any sustainable peace process. The Taliban and others targetting civilians and human rights defenders must immediately halt violence and prioritize intra-Afghan peace talks as a way to ensure sustainable peace.
• Offer human rights defenders immediate practical support on the ground at all levels, including through diplomatic and political channels.
• Actively ensure justice and redress for violence and threats against defenders especially by local authorities and law enforcement to ensure prompt responses to security threats.
• Establish a national monitoring mechanism, and an impartial and independent mechanism internationally to investigate the killings of human rights defenders, journalists, clarifying the circumstances in which the defenders were killed, expeditiously bringing those responsible to justice.
• Collaborate with human rights defenders and civil society organisations for designing and implementing robust protection policies with a gender perspective and an intersectional approach.
• Ensure effective representation of human rights defenders, especially women, in any peace process that has a bearing on their security, including but not limited to the peace process. Participation must include guarantees of safety, and effective and equitable representation of views.

]]> report published by the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) in February 2021, noted that 65 media practitioners and human rights defenders have been killed since 2018. In most of these cases, no perpetrators have been held to account. These attacks are aimed at silencing peaceful dissent and those working on human rights, especially women’s rights, as well as those seeking justice and accountability for human rights violations. The timing of escalating attacks against human rights defenders, activists and journalists appears to be linked to the ongoing peace process between the Government of Afghanistan, the United States, and the Taliban. It is vital to uphold and prioritize freedom of expression during this critical time in Afghanistan and for its future. The progress made on creating safe space for human rights defenders especially women human rights defenders and journalists is at stake with the United States and NATO forces’ full withdrawal announcement from Afghanistan by 11 September 2021. The attack targeting school children in Kabul on 8 May, is a devastating reminder of escalating violence against civilians, especially against women and girls. The international community, as stakeholders of the current political processes, including the United States, United Kingdom, European Union, and NATO member States, should under international human rights, humanitarian and criminal law, protect the rights of all, especially those being targeted such as human rights defenders and civil society activists. However, with the announcement of unconditional withdrawal and no progress on the peace process, the promotion and protection of the rights of human rights defenders and journalists does not seem to be a priority. The lack of respect for International Humanitarian Law and the absence of accountability for attacks against human rights defenders and activists, have only increased the danger to defenders and emboldened perpetrators.Afghan authorities and the international community must call on all parties to stop using civilian targets for military gains and safeguard the progress in human rights made over the last two decades and ensure that they are not scaled back as a result of the ongoing negotiations. Civil society members, women human rights defenders and journalists are systematically threatened and attacked for the work they carry out. Those working outside the capital are especially exposed to serious threats due to lack of support available in Kabul and through some international networks and embassies. Many of these defenders have had to relocate within Afghanistan and, in some cases, even temporarily leave the country with their families for safety concerns. Defenders fear publicly denouncing attacks they are subjected to due to concerns over security and sustainability of their work. This demonstrates the immense pressure under which Afghan defenders, activists and journalists are forced to live and work. State mechanisms for the protection of defenders including the recently appointed Joint Commission for the Protection of Human Rights Defenders have yet to be operationalized. The government has failed to adequately respond to complaints of threats and early warning signals of attacks against human rights defenders and journalists. Defenders are faced with an impossible choice of balancing their commitment to work in their country with threats against themselves and their families. We call on the Government of Afghanistan to take greater responsibility to ensure the safety and security of defenders, activists, and journalists, and to end impunity for the attacks against them. Women human rights defenders, journalistsand minority groups in Afghanistan have been among the worst affected. Many women defenders have been compelled to relocate internally or outside the country, stop their work, or stay at home. Attacks on women defenders have included harassment of family members and colleagues. Women who have campaigned for years for equal rights, and equal participation in public spaces, including the peace process, have found themselves under attack in reprisals against them for their work. The Government of Afghanistan and international stakeholders and facilitators in the ongoing peace process, must take responsibility through their conduct and engagement in the country to stop the increase in violent attacks against human rights defenders. Rights groups and the United Nations have consistently called for the effective participation of civil society representatives, especially women human rights defenders, in the peace process given its huge impact on security on the ground. Despite this, and even though rights groups and women defenders have worked continuously to engage with the peace process, the Moscow summit in March 2021 did not see effective representation of women. A peace process, or negotiation, that fails to include women representatives adequately and effectively, and in parallel engages with the Taliban without benchmarks on human rights, undermines women’s safety and progress made on human rights over the past years. Much more must be done to ensure that the peace process takes into account the threats, harassment, intimidation and attacks occurring in the country and to ensure that it does not exacerbate people’s suffering. The crisis unfolding in the country requires a strong commitment to direct engagement and support for Afghan defenders to work and live in safety and dignity. It requires the international community to proactively support those defenders who have worked to promote and protect human rights, at great personal cost. As human rights organizations focusing on the protection of human rights defenders, we call for an effective protection mechanism for human rights defenders in Afghanistan. We therefore call on the Government of Afghanistan and relevant international actors to take the following measures:

• The newly established government-lead Joint Commission must deliver on its objectives to provide effective protection to human rights defenders at risk. We call for access to information on the measures that the Joint Commission has taken so far to provide immediate protection to defenders, investigate the threats against them and to bring suspected perpetrators to justice.
• Ensure that human rights standards and the protection of human rights defenders are articulated as key benchmarks for any sustainable peace process. The Taliban and others targetting civilians and human rights defenders must immediately halt violence and prioritize intra-Afghan peace talks as a way to ensure sustainable peace.
• Offer human rights defenders immediate practical support on the ground at all levels, including through diplomatic and political channels.
• Actively ensure justice and redress for violence and threats against defenders especially by local authorities and law enforcement to ensure prompt responses to security threats.
• Establish a national monitoring mechanism, and an impartial and independent mechanism internationally to investigate the killings of human rights defenders, journalists, clarifying the circumstances in which the defenders were killed, expeditiously bringing those responsible to justice.
• Collaborate with human rights defenders and civil society organisations for designing and implementing robust protection policies with a gender perspective and an intersectional approach.
• Ensure effective representation of human rights defenders, especially women, in any peace process that has a bearing on their security, including but not limited to the peace process. Participation must include guarantees of safety, and effective and equitable representation of views.

]]> https://observatoryfordefenders.org/es/alert/mex-007-0421-obs-045-1-lazaro-sanchez-gutierrez/ Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 +0000 https://pods.local/?post_type=alert&p=17167