El proyecto de parque eólico en México no tiene en cuenta los derechos de los pueblos indígenas
Berlín/Ciudad de México/París, 13 de octubre de 2020 — El gigante energético Electricité de France (EDF) tiene previsto construir un parque eólico en las tierras de la comunidad indígena mexicana Unión Hidalgo. No se ha realizado una consulta adecuada a la comunidad indígena sobre el uso de sus tierras, lo que constituye una clara violación de sus derechos. Hoy, representantes de Unión Hidalgo, la organización mexicana de derechos humanos ProDESC y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, con sede en Berlín, presentaron una demanda civil en París en la que instan a EDF a que respete los derechos de Unión Hidalgo y suspenda el proyecto de parque eólico de Gunaa Sicarú hasta que la empresa cumpla con su obligación de vigilancia.
"Nuestra tierra ancestral nos pertenece. Nosotros, como comunidad, tenemos derecho a decidir cómo se utiliza. EDF interfirió en la toma de decisiones de nuestra comunidad al tratar de influir en las personas, lo que provocó división y un conflicto violento. Se ha amenazado, estigmatizado y criminalizado a las personas críticas con el proyecto —defensoras de los derechos humanos y de la tierra—. Exigimos a EDF que suspenda el proyecto hasta que se realice una consulta previa y libre, y estemos de acuerdo con el mismo" , dijo Guadalupe Ramírez que presentó la demanda en nombre de su comunidad Unión Hidalgo.
Las ONG CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Amigos de la Tierra Francia, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch, y la Fair, Global and Green Alliance (FGG) abogan por una legislación vinculante para las empresas en materia de protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y apoyan a quienes representan a Unión Hidalgo, ProDESC y ECCHR en este objetivo. Las abogadas radicadas en París Julie Février y Hanna Rajbenbach representan a la parte demandante Unión Hidalgo, así como a la ECCHR y a ProDESC, ante el tribunal civil de París.
Los proyectos de infraestructura de uso intensivo de la tierra en los territorios indígenas deben respetar los derechos humanos, en particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI). A menudo se discrimina a las comunidades indígenas y se las priva de sus derechos. En virtud del derecho internacional y de la legislación mexicana, tienen derecho a que se las consulte cuando se prevea realizar un proyecto en sus tierras. Es importante que quienes detentan el poder —el Estado y las empresas interesadas— velen por que los procesos de consulta sean justos y estén libres de presiones y manipulaciones indebidas. Esto incluye garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos frente a la intimidación, el acoso y las agresiones físicas.
"La ley francesa sobre el deber de vigilancia obliga a EDF a analizar si sus actividades comerciales pueden violar los derechos humanos. En caso afirmativo, debe adoptar medidas para mitigar tales riesgos. EDF sigue adelante con el proyecto Gunaa Sicarú, a pesar de que está provocando graves violaciones de los derechos humanos. La empresa debe cumplir con la ley obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos de Francia. En caso de que no pueda mitigar los riesgos, se debe abandonar el proyecto" , afirmó Cannelle Lavite, consultora jurídica de ECCHR.
Guillermo Torres, abogado sénior de ProDESC, añadió: "Es importante que la empresa deje de negociar contratos de arrendamiento de tierras y de solicitar las licencias y permisos correspondientes para su proyecto antes de obtener el consentimiento previo e informado de la comunidad. Al influir en la consulta y ofrecer incentivos a los partidarios individuales del proyecto, EDF y su filial mexicana provocaron una escalada de violencia en Unión Hidalgo, lo que ha causado un aumento de las amenazas y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y los derechos sobre la tierra. Instamos a EDF a adoptar medidas para evitar nuevos ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos de Unión Hidalgo."
"Aunque el Estado mexicano es quien tiene que aplicar los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con la ley del deber de vigilancia de Francia, las empresas como EDF están obligadas a garantizar el respeto de los derechos humanos en todas sus actividades comerciales transnacionales y en las de sus socios comerciales. La industria de la energía eólica no está exenta de estas obligaciones" , explicó Swann Bommier, responsable de Incidencia de CCFD-Terre Solidaire.
