Las Américas/Europa, viernes, 25 de octubre 2019.- Hoy, ocho reconocidas organizaciones internacionales, expertas en la protección y promoción de los derechos humanos y el estado de derecho, enviaron una carta a Rosa Gudiel, Directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Honduras, para exigir el cumplimiento de las debidas garantías procesales y de las órdenes judiciales que garanticen el traslado inmediato de siete defensores del medio ambiente de Guapinol y Sector San Pedro fuera de la prisión de máxima seguridad de La Tolva donde han estado retenidos ilegalmente durante casi dos meses.
El 29 de agosto de 2019, el INP tomó la decisión administrativa de trasladar a los siete defensores a La Tolva, pero el 1 de septiembre de 2019, la Juez de Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecillo ordenó que los hombres fueran enviados al Centro Penal de Olanchito. El 13 de septiembre, Juez Ejecutora Marleney Tercero, en un informe al INP, resolvió que el traslado a La Tolva "no se llevó a cabo sobre la base del principio de legalidad, no cumplió con la normativa vigente, violó el procedimiento administrativo establecido y desobedeció una orden emitida por un juez competente" y reiteró que la orden de la Jueza Vallecillo debe ser cumplida.
Bajo su dirección, Rosa Gudiel debe ejecutar inmediatamente la orden judicial y autorizar el traslado de José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahun Hernández, Arnol Javier Alemán Soriano desde La Tolva hasta el Centro Penal Olanchito.
La carta, que resalta que la decisión de trasladar a los defensores a la cárcel de La Tolva es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos recogidos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (« Reglas Nelson Mandela »), fue copiada a la Corte Suprema de Justicia, a las Secretarías e instituciones hondureñas correspondientes, así como a los organismos internacionales y a las delegaciones diplomáticas que están monitoreando el caso. Resalta, además, que los privados de libertad viven en condiciones violatorias de sus derechos humanos incluyendo un régimen restrictivo y excesivamente burocrático de visitas y comunicación con familiares que les condena a la incomunicación.
El pasado mes de septiembre los siete defensores de los ríos Guapinol y San Pedro fueron procesados penalmente y privados preventivamente de libertad por las acusaciones en su contra como represalia a la defensa del agua y el territorio del área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos, ante la imposición de un proyecto minero.
A los defensores se les acusa de “privación injusta de la libertad”, “incendio agravado” y “robo” en perjuicio de Santos Hernández Corea, gerente de la empresa de seguridad privada SEPSI; “incendio agravado” en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares y “asociación ilícita”, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso indebido del derecho penal en Honduras para estigmatizar a los defensores y deslegitimar su labor de defensa, así como la aplicación desproporcionada de la medida de prisión preventiva en su contra.
