Ginebra-París-Stuttgart-Dublín-Múnich, 11 de febrero de 2019 – Organizaciones internacionales celebran la liberación de los defensores de derechos humanos Damián Gallardo y Enrique Guerrero, pero instan a las autoridades mexicanas a incluir como tema central en la agenda de derechos humanos de este sexenio el cese de la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos.
El pasado 28 de diciembre de 2018, los Sres. Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña fueron puestos en libertad después de una resolución en este sentido por parte del Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. Ambos defensores de derechos humanos se encontraban presos de manera arbitraria desde mayo del 2013 y habían sido victimas de reiteradas violaciones a sus derechos humanos desde su detención, incluyendo actos de tortura y malos tratos en su contra y numerosas violaciones de su derecho al debido proceso.
Nuestras organizaciones celebran la liberación de los dos defensores y agradecen a todas las instituciones y a toda la ciudadanía que han intercedido por la resolución de este emblemático caso de criminalización de la defensa de derechos humanos en México. Sin embargo, condenamos enérgicamente los más de cinco años de detención arbitraria y particularmente la falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano de las opiniones del Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en los casos de detención arbitraria de los defensores Damián Gallardo Martínez (23/2014) y Enrique Guerrero Aviña (55/2015).
Además, exigimos a las autoridades mexicanas que establezcan medidas adecuadas de reparación del daño causado, que garanticen procedimientos de responsabilidad contra las autoridades responsables de las graves violaciones cometidas en su contra, así como que se tomen todas las medidas necesarias para asegurar su integridad física y bienestar psicológico, al igual que los de sus familias y los de las organizaciones que les han acompañado. Finalmente, nuestras organizaciones resaltan la obligación de las autoridades mexicanas de establecer garantías de no repetición contundentes.
En este sentido, instamos nuevamente1 a la Administración mexicana a incluir como tema central en la agenda de derechos humanos el desarrollo con la participación de la sociedad civil, de una política de Estado que ponga fin a la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en México y, particularmente, en el Estado de Oaxaca. Este patrón, que busca tratar de acallar las voces de las personas defensoras de derechos humanos, ha sido también corroborado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria que ha emitido ocho Opiniones sobre México -que permanecen incumplidas- en las que declaraba la detención de 32 personas defensoras como arbitraria y exigía su liberación inmediata. Seis de las ocho Opiniones correspondían a casos en el Estado de Oaxaca, donde las liberaciones actuales fueron antecedidas por las liberaciones de otros beneficiarios de Opiniones incluyendo Librado Baños (19/2015) así como varios integrantes de la organización Sol Rojo (17/2016).
