El Observatorio ha recibido con grave preocupación información de fuentes fidedignas sobre los continuos hechos de intimidación y amenazas recientes contra integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Justicia y Paz) [1] , reconocida organización no gubernamental de derechos humanos en Colombia.
Según la información recibida, el 4 de julio de 2019, integrantes de Justicia y Paz fueron víctimas de seguimiento por parte de paramilitares que se movilizaban en una motocicleta. Los hechos ocurrieron cuando los defensores de derechos humanos se dirigían hacia Mutatá. Las Autodefensas Gaitanistas (AGC) habían instalado un retén de control paramilitar entre Chontadural y Pavarando en el departamento de Antioquia, allí revisaron varios vehículos y profirieron amenazas contra algunos de sus conductores. Cuando los integrantes de Justicia y Paz cruzaron el retén, fueron seguidos.
Esta zona se caracteriza por una fuerte y pública presencia del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas. Dos días después de los anteriores hechos, el sábado 6 de julio, este grupo paramilitar amarró, golpeó y degolló en Mutatá al joven Nelson Domicó de 20 años de edad, familiar del defensor de derechos humanos, Sr. Ilario Domicó, líder indígena Embera y médico tradicional de Alto Guayabal en Jiguamiandó, comunidad que Justicia y Paz acompaña en la defensa de sus derechos. [2]
El 1 de julio de 2019, integrantes de Justicia y Paz que se movilizaban en el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección como parte del esquema de protección fueron seguidos e intimidados por parte de hombres que se movilizaban en una motocicleta Suzuki GSN150 en el punto conocido como Bejuquillo y Caucheras en el departamento de Antioquia. El vehículo de protección redujo la velocidad para permitir que la moticicleta avanzara, no obstante, los hombres se parquearon más adelante a la espera del paso de los defensores y continuaron los hechos de intimidación, observación y seguimiento hasta el municipio de Belen de Baijrá. Hechos similares ocurrieron el 26 de junio de 2019, cuando integrantes de Justicia y Paz también se dirigían en su vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección por la vía que conduce de Belén de Bajirá a Curvaradó.
El mismo 26 de junio en Puerto Asís (Putumayo), el defensor de derechos humanos e integrante de Justicia y Paz, Sr. Carlos Fernández recibió en su celular un mensaje de texto con amenazas de muerte en las que le decían: “Ijueputa dege de meterce en lo que no le inporta de estar prejuntando Se ba a ser matar por sus ijueputas denunsias” (sic) [3] . El defensor como integrante de Justicia y Paz acompaña a comunidades indígenas y campesinas en el departamento de Putumayo en la defensa del territorio, ante los intereses económicos de carácter extractivo de empresas transnacionales que tienen presencia en esa región y en medio de la expansión y control territorial de grupos armados como las disidencias de las FARC y paramilitares que actúan con la aquiescencia del Ejército. [4]
El 25 de junio de 2019, integrantes de Justicia y Paz y su Secretario Ejecutivo Sr. Danilo Rueda, fueron víctimas de hostigamiento e intimidación cuando se dirigían a verificar la situación humanitaria y confinamiento de las comunidades desplazadas forzadamente por la intensificación del conflicto armado en la región del litoral San Juan. Los integrantes de Justicia y Paz se transportaban por el rio y llegando al desembarcadero del Bajo Calima fueron rodeados e intimidados por hombres armados y vestidos de negro, que se movilizaban en una panga motor 200 fuera de borda.
Según la misma información, desde el mes de febrero se conoció la existencia de un plan de agresión, montajes judiciales y desprestigio contra Justicia y Paz para obstaculizar el ejercicio de defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a comunidades que se encuentran en oposición a negocios empresariales de carácter extractivo, que afectan derechos ambientales y el territorio de comunidades negras, indígenas y campesinas en diferentes partes de Colombia.
El Observatorio reitera la preocupación expresada en el Informe publicado en mayo de 2018 [5] sobre la necesidad de reconocer públicamente la persistencia de estructuras paramilitares y tomar todas las medidas necesarias para asegurar su desmantelamiento, puesto que estos grupos son la principal fuente de ataques contra personas defensoras. Igualmente, el Observatorio lamenta la falta de implementación adecuada de los acuerdos de paz, específicamente en lo relativos a brindar garantías y protección de personas defensoras de derechos humanos y la investigación y sanción a sus responsables, incluida la responsabilidad de grupos económicos y de la Fuerza Pública.
El Observatorio destaca nuevamente y con extrema preocupación la crisis del derecho a defender los derechos humanos en Colombia en un contexto en el que al menos 172 personas defensoras, incluyendo líderes sociales, fueron asesinadas en el año 2018 según los datos de la Defensoría Nacional del Pueblo.
How You Can Help
Por favor, escriban a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos de intimidación y amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia;
ii. Fortalecer las medidas de protección y adoptar las medidas más apropiadas, de manera inmediata y concertada, que brinden garantías eficaces para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos de quienes integran la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia;
iii. Poner fin a todo tipo de amenazas, atentados y actos de hostigamiento, y asegurar garantías para todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, incluido los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia;
iv. Reconocer públicamente la persistencia de estructuras paramilitares en Colombia e implementar una política decidida de lucha contra su expansión y fortalecimiento incluyendo la implementación efectiva de las medidas incluidas a tal efecto en el Acuerdo de Paz;
v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;
vi. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Addresses
· Sr. Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia. contacto@presidencia.gov.co
· Sra. Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior. Email: servicioalciudadano@mininterior.gov.co / notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
· Sr. Lorenzo Guillermo Botero Nieto, Ministro de Defensa Nacional.E-mail: usuarios@mindefensa.gov.co
· Sr. Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación. Email contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
· Sr. Carlos Alfonso Negret, Defensor Nacional del Pueblo. E-mail: secretaria_privada@hotmail.com , defensoria@defensoria.org.co
· Sr. Francisco Roberto Barbosa Delgado, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. E-mail (Secretaría): marthazorrilla@presidencia.gov.co
· Sr. Diego Fernando Mora Arango, Director de la Unidad Nacional de Protección. Email: correspondencia@unp.gov.co
· Sra. Beatriz Londoño Soto, Embajadora-Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: donu.suiza@cancilleria.gov.co
· S.E. Sr. Sergio Jaramillo Caro, Jefe de Misión ante la Unión Europea. Email: ebruselas@cancilleria.gov.co
· Sr. Alberto Brunori, Representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E-mail: oacnudh@hchr.org.co
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
